Pensiones
La Seguridad Social reclama 5.000 euros a pensionistas por una “ganancia patrimonial” que nunca sucedió

Conchi vive con su marido y su madre en el barrio madrileño de Orcasitas, en el distrito de Usera. Un día, llegó a su buzón una notificación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En negro sobre blanco, la cartera, de la que es titular José Luis Escrivá, le reclamaba a su madre 5.000 euros: “Se habrán confundido”, pensó, en un primer momento, pero no era un error.

La madre de Conchi, de 97 años, ingresa 783 euros al mes. Su pensión era de 336 euros, pero el Gobierno le proporciona un complemento. Ahora, le dicen que tiene que devolverlo. “No me entraba en la cabeza”, afirma Conchi. “¿De dónde vamos a sacar ese dinero?”, se cuestiona indignada su madre.

“Ganancia patrimonial”

El punto de partida se sitúa en 2015. Varios antepechos de una serie de edificios residenciales de Orcasitas no se encontraban en buen estado. Se desprendían, con un peso de alrededor 1.215 kilos. Asimismo, los inmuebles registraban niveles de amianto, un mineral que se encuentra en las tejas de los edificios, entre otros lugares, y un desencadenante del cáncer de pulmón, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Los edificios necesitaban una reforma y el vecindario pidió subvenciones, que fueron otorgadas por parte de la Unión Europea y del Ayuntamiento de Madrid. El Boletín Oficial del Consistorio recoge la concesión de las subvenciones, que asciende a cientos de miles de euros.

Este dinero nunca fue a parar a las cuentas corrientes de ningún vecino o vecina del barrio, sino a las de las comunidades que necesitaban la rehabilitación, con 107 vecindarios afectados. Sin embargo, la Seguridad Social (SS) considera que hubo una “ganancia patrimonial” de los vecinos, por lo que les reclama la devolución de estos complementos que recibían las pensionistas.

“Es una aberración. No tiene sentido”, indica en una conversación con El Salto Manuela Navarro, presidenta de la Asociación de Vecinos Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas. Navarro señala que la mayoría de las personas afectadas son mujeres viudas, pero también hay damnificadas que no lo son. La problemática salpica también a otros barrios, como el del Aeropuerto (Barajas), según refleja un comunicado de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

"A las personas más vulnerables las están triturando. Son obras que hay que hacer porque pueden matar a alguien”

Mentir para no preocupar

Navarro, quien también es responsable de rehabilitación en la FRAVM, destaca que a dos mujeres, curiosamente, se les han eximido de la reclamación: “¿Cuál es el criterio?”, se pregunta. “A otras mujeres les quitan una media de 100 euros todos los meses. A las personas más vulnerables las están triturando. Son obras que hay que hacer porque pueden matar a alguien”, asegura.

“El Estado les da ese complemento y ahora les deja en la indigencia”, añade Navarro. A su vez, comenta algún caso con el que se ha encontrado: “Los hijos les están engañando para no preocuparles”. Navarro explica que muchas mujeres, al recibir las reclamaciones, preguntan a sus hijos “si les piden dinero”, a lo que ellos, con tal de no inquietar a sus familias, les contestan que pedían 200 euros. “En realidad, eran 4.200, y con 200 ya casi le da un infarto a la mujer…”, sostiene.

A Pilar, por su parte, la SS le pide 4.728,50 euros exactamente. Durante 44 meses tiene que pagar 96,62 euros. El documento, al que ha tenido acceso este diario, refleja que tiene que devolver “las prestaciones indebidamente percibidas”. Tiene 70 años y vive con su marido, a pesar de que ambos reciben la pensión mínima.

Anteriormente, ya pagó 4.200 euros por un “incremento patrimonial”: “Si yo hubiera recibido el dinero, bueno, pero no es así. Somos personas mayores vulnerables”, mantiene Pilar al otro lado del teléfono.

El caso ya tiene recorrido: el Defensor del pueblo incluyó dos recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones “para que estudie cambios legales que posibiliten que las subvenciones y ayudas destinadas a rehabilitación de vivienda, que reciben particulares o comunidades de propietarios, queden excluidas y no computen a efectos del límite de ingresos que se exige para la percepción del complemento a mínimos en pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad), así como la percepción de las pensiones no contributivas”.

“No nos contestan”

Navarro, en su lucha incesante contra la SS, está intentando que le den una cita con la cartera de Escrivá, pero no le contestan. La presidenta esboza la situación que viven sus vecinos y vecinas: “Si cobran 500 euros, de ahí, tienen que pagar, de la derrama, la parte de la obra no subvencionada. Réstale 70 euros. Con 400, quita gastos fijos … ¿se quedan con 200? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a pedir otro complemento? Con 200 euros no se vive”, destaca.

Hacienda ha contabilizado las mencionadas subvenciones como renta y que, al haber superado un determinado importe, esto hace que dejen de percibir la ayuda que les da el Gobierno a estas pensionistas

La Seguridad Social, preguntada por este medio, traslada que Hacienda ha contabilizado las mencionadas subvenciones como renta y que, al haber superado un determinado importe, esto hace que dejen de percibir la ayuda que les da el Gobierno a estas pensionistas “porque ha aumentado su renta”, según explican. La SS asegura, igualmente, que se ha puesto en contacto con la asociación de Orcasitas y que les han indicado que deben pedir una rectificación de la declaración de la renta del ejercicio de 2021 y acudir a la institución para revisar el caso, aunque insisten, “es un tema tributario”.

Al mismo respecto, Navarro dice que hay afectadas que ya han pagado porque “les da miedo la administración”, y estima que, en total, les reclaman 80.000 euros. ¿Qué son 80.000 euros para el Estado? Nada”, resalta. “Llegaré hasta donde tenga que llegar. Es una injusticia tremenda”, sentencia.