Personas sin hogar
Anuncian una ILP para abordar el sinhogarismo en España
En España, 37.000 personas se encuentran actualmente en situación de sinhogarismo y el 74% de la población considera que el fenómeno ha crecido en la última década. Además, más del 40% de quienes parecen este contexto (unas 11.471 personas) llevan durmiendo en la calle más de 3 años, por lo que su vulnerabilidad se ha visto cronificada. Son algunos de los datos que se despliegan de un informe publicado por Hogar sí, una asociación sin ánimo de lucro que promueve los derechos de quienes no disponen de un techo donde cobijarse.
Durante años los poderes públicos han apartado la mirada sobre una cuestión estructural que ido agravándose de manera significativa como resultado de la crisis residencial. En el Estado español, a penas se han puesto en práctica esfuerzos legislativos para atajar un fenómeno que tiene que ver con el precio de la vivienda pero no sólo con este: también tiene mucho que ver con el acceso real al empleo, la precariedad laboral, la salud, las rupturas familiares o las dificultades administrativas, entre otros muchos factores socioeconómicos en juego.
Esta semana, la Asociación de Personas Sin Hogar ha anunciado la elaboración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende poner fin a décadas de parálisis política en esta materia. Esta organización, surgida en el entorno de la Acampada 26S por la vivienda, ha hecho pública durante un acto con representantes políticos y colectivos sociales esta propuesta tendente a garantizar el derecho universal a una vivienda digna. “Estamos trabajando en una propuesta legislativa para que sea una iniciativa que pueda defenderse ante el Congreso de los Diputados y tenga posibilidades reales de producir cambio”, han celebrado en la sede de Cosital.
Una de las novedades que introduce en un primer término la propuesta es que su contenido está siendo elaborado directamente por primera vez por víctimas directas del sinhogarismo. “Durante demasiado tiempo se ha hablado de las personas sin hogar sin contar suficientemente con ellas. Esta iniciativa debe construirse escuchando la voz de quienes conocen el problema desde dentro”, ha asegurado Marina, miembro del equipo legal de la asociación.
“La persistencia del sinhogarismo demuestra que el incremento de recursos asistenciales no puede constituir por sí solo la finalidad última de la intervención pública. La respuesta debe orientarse progresivamente hacia soluciones residenciales estables, normalizadas y acompañadas”, señalan en el borrador de la ILP. El propósito de la ley es, pues, ahondar en el reconocimiento del sinhogarismo como situación de especial vulnerabilidad, así como asegurar que ninguna persona tiene que permanecer en la calle “por falta de una alternativa habitacional real, segura y adecuada”.
Soluciones habitacionales estables y seguras a largo plazo
Hasta la fecha los recursos para afrontar esta realidad han sido, fundamentalmente, asistenciales y temporales. Un ejemplo de ello son los albergues municipales y servicios de emergencia para personas vulnerables en Madrid, que llevan años infrapresupuestadas. Esto es algo que se puede observar en el día a día de centros como Las Caracolas, un recurso temporal ubicado en el distrito de Vallecas. Este lugar se ha convertido en el epítome del abandono sistémico que viven a día de hoy este tipo de espacios en la Comunidad de Madrid. Además de resultar insuficientes a la hora de dar respuesta a cuestiones sistémicas, los albergues están cada vez más restringidos y muchos de ellos carecen de suficiente personal sanitario especializado.
“Sabemos que una plaza para pasar una noche no equivale a tener un hogar. Una cama de emergencia puede ser imprescindible en un momento determinado, sin embargo no puede convertirse en la única respuesta que una persona reciba durante meses o años. Por eso, una idea central es que la salida del sinhogarismo debe orientarse hacia soluciones habitacionales estables”, subrayaban.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifraba en su última encuesta sobre sinhogarismo en 7.276 las personas en situación de calle, junto a 11.498 alojadas en albergues y centros y 9.778 en pisos y pensiones destinados a personas sin hogar. Por ello, aseguran desde la asociación, “cuando están en juego las situaciones más severas de exclusión residencial, resulta necesario consolidar mediante norma con rango de ley un núcleo de garantías”.
Además, en este sentido han recordado que la atención de emergencia no puede confundirse con la satisfacción estable de la necesidad residencial ni convertirse en una forma indefinida de institucionalización. Por ello la propuesta de ley diferencia expresamente la protección inmediata de la vivienda estable y prevé la ausencia de barreras de acceso vinculadas al domicilio.
Por otro lado, la ILP, que incorpora una garantía frente a la denominada “penalización de la pobreza residencial”, pretende poner coto a los múltiples obstáculos administrativos que a menudo dificultan el acceso a sistemas de protección. Algo que se da de forma acusada en el caso de las personas migrantes con barreras idiomáticas cuando tratan de solicitar prestaciones sociales que les corresponden. En la asociación remarcan en esta línea que inexistencia de un domicilio estable por parte de personas con una vulnerabilidad extrema o la falta de una determinada antigüedad de empadronamiento han supuesto, hasta el momento, una traba de cara a recibir información u obtener una primera respuesta por parte de las administraciones públicas.
Otra de las medidas que pretende incorporar la ley mejorar el conocimiento público sobre la dimensión y evolución del sinhogarismo. Es decir, establecer un mapeo riguroso de esta realidad, a menudo infradocumentada. “La actual información estadística disponible proporciona datos indispensables, pero su propia metodología no permite identificar exhaustivamente todas las formas de sinhogarismo existentes”, explican. Por ello, la ILP contempla el fortalecimiento de un sistema estatal de información y evaluación que permita conocer la evolución de las entradas y salidas del sinhogarismo y los resultados de las políticas orientadas a la vivienda. La entidad impulsora de la ILP planea que las administraciones estatal y autonómicas se coordinen para dirigir los recursos financieros a programas de prevención ad hoc.
Durante el acto, miembros de organizaciones y colectivos sociales han resaltado la importancia de fortalecer las redes barriales para potenciar el empoderamiento y el conocimiento mutuo de quienes se hallan en exclusión social. Así lo ha apuntado Rufina Parra, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en su intervención. “Es muy importante tejer redes, hacer confluencias de luchas, nosotras en el Sindicato lo vemos todos los lunes en las asambleas territoriales, vemos la situación de mucha gente que si no ha llegado a una situación de sin hogar está al límite por toda la barbarie de los fondos buitres y del rentismo en general”, ha señalado.
Por esta razón, Parra ha puesto en valor que la Asociación fuera creada a partir de la acampada, fruto de la convivencia de diferentes organizaciones y asambleas de vivienda aunadas en Sol. Actualmente el SDI reivindica un precio social para la vivienda pública que puede ir desde la gratuidad hasta un máximo del 20% de la renta familiar disponible. Se trata de una de las aportaciones que la organización ha propuesto en los últimos meses en su dosier Casas para vivir, y que hoy la Asociación de personas sin hogar busca estudiar antes de cerrar la ILP.
Ampliar el parque de vivienda social para reducir el sinhogarismo
Una de las carencias del modelo de vivienda español frente a países europeos del entorno como Alemania o Austria -en particular su capital, Viena- es el escaso parque público de vivienda social. España, donde el número de personas sin hogar ha crecido en un 24,5% en los últimos 10 años, destina tan solo el 3,3% del parque de vivienda a vivienda social (Madrid el 1,1%), en contraste con el 8% de la media europea, según datos de Eurostat. Y de las 1,5 millones de viviendas actualmente que tiene el parque público estatal, solamente poco más de 147.000 cuentan con una protección permanente. Por ese motivo, la ILP establece medidas relativas al parque de vivienda de titularidad estatal a través de una reserva específica del 15% en las nuevas adjudicaciones para personas en situación de sinhogarismo.
En términos generales, Carlos Sánchez Mato (Frente Amplio), economista y exconcejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, ha subrayado durante la presentación de la iniciativa la necesidad de “dedicar recursos invirtiendo a menos un 1% del PIB adicional, 17.000 millones de euros, en políticas de vivienda”. Sánchez Mato, para quien persiste una falta de voluntad política a la hora de abordar la situación del sinhogarismo, ha apelado igualmente a ejecutar políticas públicas de expropiación de vivienda a grandes tenedores.
Una intervención en el mercado residencial que persigue frenar el proceso de acumulación previo a la actual desigualdad habitacional. En esta línea se ha pronunciado igualmente Aylen Gómez, candidata en las primarias municipales de Madrid por Unidas Podemos, quien ha abogado por ampliar el parque público a perpetuidad “con la prohibición de la venta y subasta de la vivienda pública”.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!