Perú
El Caso Perseo pone a prueba los últimos rescoldos de la democracia en Perú

Durante las últimas semanas, en Perú se ha llevado a cabo el juicio sobre el caso denominado “Perseo”. La vista oral, que se encuentra en su última etapa, la defensa material o autodefensa de los propios procesados, concluirá este lunes 14 de octubre. Han pasado diez años desde que se inició el procedimiento en el que los encausados enfrentan cargos por “afiliación a organización terrorista”, delito que se encuentra registrado en la Ley peruana 25475, norma criticada por organismos internacionales por ser abusiva e imprecisa. Los acusados advierten que “el único motivo por el que se les criminaliza es por el hecho de ejercer su derecho a la participación política”.

La acusación fiscal se basa en ocho supuestos indicios, entre los cuales figura que “la creación del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) obedece a la ejecución de políticas fundamentales emitidas por el comité central del Partido Comunista Sendero Luminoso desde 1993”. Sin embargo, la Fiscalía no ha podido probar que el Comité Central del PCP-SL siga activo ni que haya elaborado sus ‘políticas fundamentales’; tampoco ha podido demostrar que el Movadef haya surgido producto de ello. Más aún, los que fueron miembros del CC-PCP se encontraban recluidos en aislamiento absoluto y no podían haber ejercido esa función.

Otro de los pilares de la acusación es que “los integrantes del Movadef asumen y defienden expresamente las mismas consignas de Sendero Luminoso, en especial su línea ideológica”. Es decir, se opta por perseguir, segregar y excluir totalmente a aquellos que se guían por el marxismo, leninismo, maoísmo o el “pensamiento Gonzalo”. La defensa resalta este hecho, en tanto el Ministerio Público persigue por razón de ideas, el sistema policial examina el fuero interno de las personas y el poder judicial los juzga. 

Pero la cuestión general en Perú no es nueva. La práctica conocida como “terruqueo” parece implantarse como algo habitual en el plano ideológico del país. El terruqueo, concepto que se ha vuelto sinónimo de criminalización de la protesta social y de cualquier expresión de disidencia, es una práctica profundamente dañina para la democracia y el tejido social peruano. Utilizar la etiqueta de “terrorismo” para deslegitimar a quienes cuestionan o disienten en el marco ideológico establecido, a quienes luchan por sus derechos o quienes simplemente demandan justicia, es un ataque directo a la libertad de expresión y a las libertades individuales.

Indira Rodríguez, una de las abogadas del caso Perseo y directora de la Coordinadora contra el Terruqueo, recuerda que “el terruqueo ya fue definido de manera conceptual en el Informe Final de las Naciones Unidas del año 2023“. El propio relator de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, encuadraba el término “terruqueo” como ”la práctica de calificar a los opositores o disidentes políticos de personas vinculadas a organizaciones terroristas, lo que acarrea su estigmatización y aislamiento social“.

“Para entender el fenómeno del terruqueo en el Perú, debemos remitirnos a la historia reciente en la que el país vivió un conflicto armado interno. En la actualidad, existen secuelas postconflicto en nuestra nación”, apunta Indira Rodríguez. Así, para esta abogada, "el juicio Perseo es una manifestación de estas secuelas, ya que existe un estigma, prejuicio y deshumanización hacia quienes intentan ejercer sus derechos políticos planteando posturas disidentes y disruptivas a lo hegemónicamente establecido”, señala.

El “Caso Perseo” se ha constituido de este modo como un ejemplo perfecto del uso que los gobiernos hacen del terruqueo como mecanismo de control social. Este enfoque no solo es antidemocrático, sino que también está siendo contraproducente. Las consecuencias de esta política son devastadoras para un país que, recordemos, además se encuentra estos días ante un paro nacional multisectorial.

Papel de la Dirección Contra el Terrorismo en la represión

La Fiscalía expone además que “la participación política del Movadef busca principalmente realizar una de las formas de lucha de Sendero Luminoso, ‘agitación y propaganda’, mientras captan miembros a los que adoctrinan en el pensamiento Gonzalo”. Es aquí donde toma protagonismo la Dirección Contra el Terrorismo, una institución policial peruana encargada de las detenciones a todas las personas en el Juicio Perseo. Alex Puente, uno de los abogados del juicio Perseo, señala que “la Fiscalía está creando nuevos delitos, pues con informes fraguados y parcializados de la Dircote se criminalizan derechos políticos; criminaliza cualquier discrepancia; y, así, puede encarcelar, sin ley de por medio, a los procesados por sus ideas políticas que no convocan a subvertir el orden constitucional”.

A su vez, la Fiscalía ha intentado demostrar la imputación con testigos protegidos que están plagados de contradicciones y no han sido corroborados por otros medios de prueba. La Fiscalía argumenta que “el Movadef ha permitido reagrupar a exmiembros de Sendero Luminoso condenados por delito de terrorismo”.

Doller Huamán, uno de los abogados del caso Perseo, declara a El Salto que “la misma Fiscalía no ha presentado antecedentes penales; hemos demostrado que de los 5.486 adherentes del Movimiento por la Amnistía, solo tres tienen antecedentes penales, lo que constituye menos del 0,05%“.

”No obstante“, prosigue Huamán, ”el simple hecho de criminalizar la participación política de exprisioneros socava los principios de rehabilitación, reeducación y resocialización, aplicando el llamado 'derecho penal del enemigo' que considera a ciertos individuos no como ciudadanos con derechos, sino como 'enemigos' que amenazan el orden social”, apunta.

Esta doctrina clasificaría a las personas por su peligrosidad al orden socialmente establecido, tratándolos de manera diferente en el ámbito penal, lo que lleva, en todos los países donde se ha aplicado, a la violación de derechos humanos, al menoscabo del debido proceso y a la creación de un estado de excepción permanente, donde la supuesta “seguridad” se prioriza sobre las libertades individuales, resume este abogado.

Estela Guillermo, docente y miembro del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, declara que esta organización "surgió como un espacio político para resolver los problemas derivados de la guerra interna, democratizar la sociedad peruana y participar en elecciones a nivel nacional. Logramos conseguir más de medio millón de firmas para nuestra inscripción y más de 70 comités provinciales”. Por su parte, durante el juicio Ruth Paredes Coz, administradora en el proceso de inscripción de Movadef, declaró que “en el año 2011, todos los requisitos solicitados a por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fueron cumplidos, cuyas capacitaciones eran constantes. Incluso, se presentaron más firmas de las requeridas y no hubo ninguna tacha técnica con respecto al proceso de inscripción”.

Perú se enfrenta estos días a un momento decisivo. Una eventual condena de los procesados en el Caso Perseo podría consolidar a la Dircote como una institución de persecución ideológica, intensificando aún más la polarización del país. Este escenario coincide con graves denuncias contra Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), el principal responsable del operativo Perseo, por vínculos con casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

A esta coyuntura se suman actos de censura a expresiones artísticas, como el caso del cantautor peruano Walter Humala, acusado en el caso Perseo, quien declaró: “Este juicio ha vulnerado mi trabajo como artista popular. A todos nos dictaron restricciones como el impedimento de salida del país. No he podido viajar al extranjero ni brindar conciertos fuera. Siguen atentando contra el arte y la cultura”.

Una sentencia condenatoria en el Caso Perseo podría suponer una carta blanca para que el gobierno de Dina Boluarte, ya señalado por la muerte de más de 60 personas durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, siga vulnerando los derechos fundamentales de la población, sin posibilidad de retroceso.

“Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú”

Pablo Zama

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Pedro Castillo “Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú”

Pablo Zama

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En prisión desde el 7 de diciembre, Pedro Castillo sigue considerándose presidente legal de Perú. El Salto ha podido trasladarle una serie de preguntas que el político de Chota ha respondido desde el presidio en el que se encuentra. Castillo exige un proceso constituyente para su país y denuncia la represión llevada a cabo por Dina Boluarte.

El juicio del Caso Perseo marcará el rumbo de la libertad de pensamiento en el Perú. Es un proceso impulsado por las altas esferas del poder en un contexto de posconflicto armado, y es fruto de una persecución evidente a la ideología marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo, con el fin de proscribir al Movadef.

Una condena a los acusados significaría un duro golpe, en cuanto sería un paso más en la respuesta persecutoria, una solución policíaca-militarista que socavaría el Estado de derecho y criminalizaría las ideas y derechos constitucionales reconocidos a nivel global. Diversas organizaciones populares, democráticas y de izquierda rechazan este juicio político y exigen la absolución de todos los procesados, así como el cese de la persecución política en el Perú.