Análisis
Perú y los resultados inciertos del giro a la derecha en América Latina

Perú celebró elecciones presidenciales el 12 de abril, pero en lugar de marcar un punto de inflexión, el proceso ha prolongado una crisis política que comenzó hace más de tres años. La caída de Pedro Castillo, un outsider de izquierda cuya elección en 2021 pareció por un momento reactivar la anterior ola progresista de la región, en diciembre de 2022, y las protestas mortales que siguieron bajo su sucesora, Dina Boluarte, expusieron la fragilidad de las instituciones del país.

Aunque los disturbios finalmente disminuyeron, la crisis nunca se resolvió. Perú permanece en un interregno prolongado: una autoridad transitoria débil dirige un país que aún espera un reinicio político decisivo. La rápida sucesión de líderes, parte de un ciclo que ha producido nueve presidentes en una década, refleja la inestabilidad que sigue definiendo la política peruana.

La rápida sucesión de líderes, parte de un ciclo que ha producido nueve presidentes en una década, refleja la inestabilidad que sigue definiendo la política peruana

Las elecciones en sí mismas no han restablecido la claridad. Los retrasos en el conteo de votos, las disputas sobre actas impugnadas y una diferencia mínima entre el segundo y el tercer lugar han prolongado la incertidumbre sobre quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta [hasta el 15 de mayo no se espera el anuncio de los candidatos que pasan a la segunda vuelta del 7 de junio]. Más relevante aún, las denuncias infundadas de fraude electoral, amplificadas por Rafael López Aliaga, un outsider de línea dura en la extrema derecha, han desencadenado una crisis institucional más amplia. Fujimori, en cambio, representa una tradición conservadora más establecida, aunque profundamente polarizante, anclada en el legado del gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Que la contienda pueda reducirse a estas dos vertientes de la derecha, una insurgente y otra tradicional, subraya hasta qué punto Perú se ha alejado del momento progresista encarnado por Castillo hace apenas cinco años.

Sin embargo, la trayectoria peruana también revela los límites de este giro. Si América Latina está virando hacia la derecha, Perú muestra cuán frágil e indeterminado puede ser ese proceso cuando las instituciones son débiles. La renuncia del jefe del organismo electoral bajo presión política, pese a la ausencia de pruebas de fraude, ha debilitado a una de las pocas entidades que aún conservaban confianza pública. Observadores internacionales no han encontrado irregularidades suficientes para alterar el resultado, pero el daño se sitúa en otro plano: en la creciente percepción de que ni siquiera las elecciones pueden ya resolver de manera definitiva el conflicto político.

Los observadores no han hallado irregularidades, pero el daño se sitúa en otro plano: en la creciente percepción de que ni siquiera las elecciones pueden ya resolver de manera definitiva el conflicto político

Esta incertidumbre se desarrolla en el marco de una transformación regional más amplia. América Latina ha funcionado durante mucho tiempo como un laboratorio político, anticipando grandes corrientes ideológicas, desde el socialismo revolucionario y el autoritarismo militar hasta las reformas neoliberales. A inicios del siglo XXI, la llamada Marea Rosa pareció ofrecer una nueva síntesis, combinando democracia electoral con redistribución y desarrollo impulsado por el Estado. Hoy, la región vuelve a experimentar, esta vez con un conjunto diverso de proyectos de derecha que priorizan el orden, la reforma de mercado y la ruptura con élites políticas desacreditadas.

Los contornos de este giro son visibles en toda la región. El ascenso de Javier Milei en Argentina y de Nayib Bukele en El Salvador ha ido acompañado por la consolidación de liderazgos conservadores más tradicionales en otros países. Aunque difieren en estilo e ideología, estas figuras convergen en un conjunto de prioridades moldeadas por presiones compartidas: el aumento de la inseguridad, el estancamiento económico y la desconfianza generalizada en las instituciones.

Más allá de la seguridad y la reforma económica, el giro a la derecha en América Latina también está reconfigurando los alineamientos geopolíticos y sociales de la región. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha coincidido con el ascenso de gobiernos conservadores en el hemisferio y, en algunos casos, ha favorecido una mayor coordinación en control migratorio, comercio y seguridad. Washington ha acompañado este alineamiento con una postura mucho más firme frente a los regímenes de izquierda.

En Venezuela, la acción estadounidense a inicios de 2026 contribuyó a la salida de Nicolás Maduro del poder, mientras que en Cuba una renovada estrategia de “máxima presión” ha endurecido las sanciones, restringido los flujos de petróleo y reabierto la posibilidad de cambios políticos en la isla. Lejos de generar un rechazo uniforme, este enfoque ha sido asumido con pragmatismo por varios gobiernos de derecha, que ven en la cooperación con Estados Unidos una fuente de apoyo para enfrentar el crimen y la inestabilidad económica.

Estos cambios políticos se sostienen, además, en transformaciones sociales más profundas. El rápido crecimiento del cristianismo evangélico en países como Brasil, Guatemala y Perú ha dado lugar a nuevas coaliciones electorales, movilizando votantes en torno a temas de familia, identidad y valores culturales. Esto se ha combinado con el debilitamiento de los partidos tradicionales, acelerando la personalización de la política. Al mismo tiempo, el futuro de la representación indígena sigue siendo incierto. Movimientos que en su momento impulsaron al poder a figuras como Castillo enfrentan hoy fragmentación y desencanto, lo que plantea interrogantes sobre cómo se articulará la representación de sectores históricamente excluidos en un contexto político cada vez más polarizado.

Estos procesos reflejan el agotamiento de las condiciones que sostuvieron la Marea Rosa. El auge de las materias primas que financió las políticas redistributivas se ha desvanecido, dejando al descubierto debilidades estructurales antes ocultas por el crecimiento. Economías más lentas, escándalos de corrupción y fragmentación interna han erosionado la confianza en los gobiernos de izquierda. El giro hacia la derecha responde muchas veces menos a una conversión ideológica que a una reacción frente a la frustración acumulada.

Al mismo tiempo, han surgido nuevas formas de experimentación política. Las políticas de seguridad de Bukele, que han reducido drásticamente los homicidios en El Salvador, suelen presentarse como prueba de que los enfoques de mano dura pueden ofrecer resultados, incluso a costa de normas institucionales. En Argentina, las reformas de mercado radicales de Milei representan otro tipo de ruptura, al cuestionar el papel del Estado en la estabilización de una economía marcada por la inflación y la crisis. En conjunto, estos casos ilustran el renovado papel de la región como campo de pruebas para modelos de gobernanza en competencia.

Perú encaja plenamente en este patrón, pero sin producir un desenlace claro. Las mismas fuerzas que impulsan el cambio político en otros países están presentes: inseguridad, frustración económica y profunda desconfianza en las instituciones. Sin embargo, en lugar de generar un proyecto de gobierno estable, han producido fragmentación y parálisis. Más de treinta candidatos presidenciales compitieron en la elección, y los probables contendientes de la segunda vuelta representan solo a una fracción reducida del electorado. La prominencia de candidatos de derecha indica un cambio en el ánimo político, pero no la aparición de una alternativa coherente o duradera.

El propio proceso electoral refleja esta tensión. Fallas logísticas el día de la votación, especialmente en Lima, interrumpieron el sufragio y abrieron espacio para la disputa política. Aunque limitadas en alcance, estas irregularidades han sido amplificadas en denuncias más amplias de fraude. La importancia de estas acusaciones no reside en su credibilidad, ampliamente descartada por observadores, sino en su utilidad política. Las narrativas de fraude se han convertido en un instrumento central de competencia, debilitando la confianza en las instituciones electorales y poniendo en duda la legitimidad de cualquier resultado.

El poder político en Perú sigue concentrado en Lima y la costa, mientras que gran parte del descontento desde 2022 ha surgido en la sierra andina, donde comunidades indígenas y mestizas han sido históricamente excluidas

Las raíces de esta inestabilidad son más profundas. El poder político en Perú sigue concentrado en Lima y la costa, mientras que gran parte del descontento desde 2022 ha surgido en la sierra andina, donde comunidades indígenas y mestizas han sido históricamente excluidas de la toma de decisiones. La elección de Castillo pareció alterar este equilibrio, pero su destitución reforzó la percepción de que las instituciones siguen dominadas por una élite distante.

Esta fractura ha sido reflejada desde hace tiempo en la literatura peruana. En La guerra del fin del mundo, Mario Vargas Llosa retrata una rebelión nacida de la desconexión entre un Estado distante y comunidades marginadas, una dinámica que resuena en el Perú contemporáneo. El legado de los años noventa añade otra capa de complejidad. El gobierno de Alberto Fujimori combinó reformas económicas con una concentración autoritaria del poder, dejando tras de sí instituciones débiles y una demanda persistente de liderazgo fuerte. El resultado es una paradoja duradera: los votantes buscan orden y decisión, pero desconfían profundamente de quienes prometen proporcionarlos.

El giro a la derecha en América Latina es, por tanto, real, pero no uniforme ni garantizado. En algunos países ha producido modelos de gobierno fuertes, aunque controvertidos. En otros, como Perú, ha expuesto la dificultad de traducir demandas políticas en estabilidad institucional. La región sigue siendo lo que a menudo ha sido: un espacio de experimentación, donde nuevas formas políticas emergen antes de que sus consecuencias se comprendan plenamente.

Se esperaba que las elecciones en Perú marcaran un nuevo comienzo. En cambio, han profundizado la sensación de deriva. El país podría aún producir un gobierno inclinado hacia la derecha, en línea con las tendencias regionales. Pero si ese resultado restaurará la estabilidad o agravará la fragilidad institucional sigue siendo incierto. Como escribió César Vallejo, “Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!”. En el Perú, esos golpes continúan llegando, revelando fracturas que ni la izquierda ni la derecha han logrado resolver.