Perú
Una semana de caos e incertidumbre tras el autogolpe fallido de Castillo en Perú

La frágil política peruana ha dado la vuelta al mundo en todos los medios de comunicación en estos últimos días tras los acontecimientos del miércoles 7 de diciembre en el que el país se paralizó por completo al escuchar las palabras de un derrotado y nervioso Castillo. El ahora ex presidente de Perú intentó dar un golpe de Estado que recuerda mucho al de Fujimori en 1992. Anunció el cierre del Congreso, una reestructuración del sistema de justicia, toque de queda para la población, una requisa de armas a civiles en 72 horas y finalmente terminó por declarar un “gobierno de emergencia excepcional”. Además de las medidas, Castillo aprovechó la ocasión para calificar la labor del Congreso como obstruccionista y racista, cuyos integrantes, según sus propias palabras, “representan los intereses de los monopolios y oligopolios” y que en ningún momento le han permitido gobernar, y por lo tanto, desobedecen los intereses del pueblo.

Para poder entender esta decisión desesperada a la que Castillo recurrió, conviene tener en cuenta que el ex presidente lleva más de un año rodeado de acusaciones por corrupción  y de una inestabilidad política que se vio reflejada, entre otras cosas, en los casi 80 cambios ministeriales en poco más de un año. Pero a pesar de la intención de Castillo de reunir fuerzas y apoyo para que se pudiera efectuar el cierre del Congreso, no dejó de ser un autogolpe fallido. 

El ex presidente lleva más de un año rodeado de acusaciones por corrupción  y de una inestabilidad política que se vio reflejada, entre otras cosas, en los casi 80 cambios ministeriales durante su breve mandato

En cuestión de minutos, tras el mensaje a la nación que dio Pedro Castillo, las Fuerzas Armadas de Perú junto con la Policía Nacional, emitieron un comunicado manifestando que cualquier acto contrario al orden constitucional es una infracción a la Constitución y por tanto, no acatarían dichas órdenes. Castillo acabaría como empezó, sin ningún tipo de apoyo. 

Tras el mensaje, se produjo su salida del Palacio de Gobierno acompañado de su familia y con una clara intención: llegar a la Embajada de México donde pediría asilo político para él y sus allegados.  Por otra parte, el Congreso adelantó la sesión plenaria que tenía pendiente y aprobó la moción de censura contra Pedro Castillo con un total de 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Al final de esta sesión se inició el proceso por el cual Dina Boluarte Zegarra, hasta entonces vicepresidenta, según su Constitución, juramentó como nueva presidenta de la República del Perú. 

En este preciso instante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso de siete días de detención preliminar contra el ex presidente, por el delito de rebelión. Periodo que podría ser alargado hasta 18 meses por la solicitud de prisión preventiva que pide la Fiscalía. A Castillo no le dio tiempo de llegar a la Embajada, dado que su propia escolta lo detuvo en el momento en el que se dio la orden de su captura. 

Perú sumido en la violencia

Las protestas comenzaron en la capital y en algunas provincias del sur del País como en Arequipa, segunda ciudad más grande de Perú, Cuzco, Ica, entre otras, pidiendo la liberación de Castillo y en especial el cierre del Congreso. Muchos congresistas y personajes públicos han catalogado las manifestaciones como “actos terroristas” aumentando la ira de los manifestantes y de algunos políticos, como Sigrid Bazan, congresista por Juntos por el Perú (Partido de Verónika Mendoza) que mantiene que no se puede catalogar de “terroristas” a gente que simplemente está harta y luchando con todo su derecho constitucional de hacerlo, y que se debe proteger a los manifestantes de la fuerte represión policial. 

Dina Boluarte convocó elecciones para el 2024 aunque se estudia la posibilidad de llevarlas a cabo antes. Según la presidenta, la intención es que en todo este tiempo se realice una reforma del sistema político que pudiera garantizar un nuevo sufragio y por eso es necesario ese tiempo de espera. Sin embargo, la gente en las calles reclama que sea lo más rápido posible, considera insuficientes las medidas que Boluarte está tomando y reclaman su dimisión. 

El conflicto entre los manifestantes y fuerzas del estado empeora día a día, y en este contexto es posible que Dina Boluarte no pueda continuar en el poder. Aldo Llanos, periodista peruano freelance, opina que Boluarte sí se mantendrá en el poder y debería hacerlo, “pese a las actuales protestas sociales a nivel nacional que exigen su renuncia, así como el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones, considero que su dimisión no sería la solución a esta crisis. De ocurrir ello, el cargo de Presidente de la República recaería sobre el actual presidente del Congreso, José Williams Zapata, quien, siguiendo con lo establecido con la Constitución Política del Perú, deberá convocar elecciones de inmediato, omitiéndose así la ejecución de reformas políticas necesarias para no continuar en el mismo círculo vicioso; ese que ha llevado al país a tener seis presidentes en cinco años”.

La presidenta Boluarte ha declarado el estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales como la reunión entre familiares y amigos y habilita detenciones sin orden judicial en todo el país

Durante estos días, los manifestantes de distintas zonas geográficas de Perú han cortado carreteras, ocupado fábricas, incendiado ayuntamientos y tomado el control de aeropuertos. La fuerte represión policial se ha cobrado la vida de hasta el momento, ocho personas, en su mayoría jóvenes entre ellos dos menores de edad y centenares de heridos. 

Ante esta situación, la presidenta Boluarte ha declarado el estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales como la reunión entre familiares y amigos y habilita detenciones sin orden judicial en todo el país con una duración de 30 días, además de permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en los principales focos de conflicto. Esta situación podría seguir aumentando el número de víctimas en las protestas. 

La mayoría de la población en las calles, a diferencia de lo que vende parte de la prensa peruana, no busca la liberación de Castillo, busca que cambie el sistema. No quieren bajo ningún concepto que los miembros actuales del Congreso sigan gobernando. La gente pide un cambio de Constitución y una Asamblea Constituyente. 

Nueva Constitución: ¿Más cerca que nunca? 

Desde las manifestaciones contra Manuel Merino en noviembre de 2020, el pueblo peruano lleva reclamando un cambio del sistema político, y el reclamo de una Nueva Constitución ha ido creciendo. Castillo recogió dichas promesas en su campaña, pero no lo hizo. Y ahora el debate se vuelve a abrir. ¿Está el país preparado para este proceso? 

Según Guillermo Zuñiga, politólogo peruano, no sería la mejor opción en este momento tan convulso porque “no hay políticos profesionales en los que depositar el encargo de un momento constituyente, ¿en quién podríamos confiar? ¿Quién representa a la gente de las protestas? Los congresistas ni siquiera pueden volver a sus regiones, donde son declarados como personas no gratas. Este vacío de representación es la consecuencia necesaria de décadas de una democracia sin partidos políticos”. 

Perú después de Castillo

Paulo Drinot

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Sidecar

Perú después de Castillo

Paulo Drinot

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La abrupta salida de Pedro Castillo del poder en Perú deja un momento de punto muerto entre el fujimorismo y el antifujimorismo que puede ser aprovechado por otros sectores reaccionarios.

El 88% de los peruanos no confían en sus políticos debido a la corrupción de los mismos, según informaba el Barómetro de las Américas. En este contexto, Guillermo opina que “no es sana la relación de las élites con el pueblo, por tanto el pueblo siempre se sentirá incomprendido y nada representado en las instituciones, necesitamos una relación saludable entre representante y representado”.

Aldo Llanos tampoco considera que es momento para una Nueva Constitución, pero tiene clara cuál podría ser una salida inmediata a este conflicto, “es urgente priorizar la ejecución de las reformas del sistema político, como introducir el juicio político por delitos comunes contra el Presidente de la República, modificar el capítulo de Organización Política; sobre todo en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, regresar a la bicameralidad, o, el más importante, aprobar el proyecto de ley que recorta el mandato presidencial y congresal hasta 2024”.

Por otro lado, Zuñiga señala que las reformas políticas inmediatas no son viables con un congreso tan comprometido con intereses que se benefician de esta situación de crisis. “Los reclamos ciudadanos por un adelanto de elecciones inmediato, podrían jugar a favor del establishment político. Es necesario que la indignación no nos haga perder la oportunidad de salir de esta crisis”