Perú
La “tercera toma de Lima” debilita a una Boluarte en niveles récord de desaprobación popular

Perú volvió a movilizarse este 19 de julio por primera vez desde las protestas que se desplegaron entre diciembre y febrero pasados en todo el País, después de la destitución del presidente Pedro Castillo. Las multitudinarias marchas en Lima y en 59 provincias del País volvieron a plantear unos claros reclamos comunes: la renuncia de Dina Boluarte y el pedido de justicia y reparación por las víctimas de las masacres que todavía quedan impunes.

La “tercera toma de Lima” se venía preparando hace meses con delegaciones organizadas para viajar hacia la capital, principalmente desde las regiones andinas, pero finalmente las movilizaciones se realizaron también en muchas ciudades como Cuzco, Apurímac, Puno, Ayacucho, Arequipa, Huancayo y Huancavelica donde la policía empezó temprano a dispersar los manifestantes con gases lacrimógenos.

En esta tercera toma de Lima participaron numerosas organizaciones sindicales, grupos limeños como redes feministas y LGBTIQ, trabajadores de la cultura, estudiantes y representantes de partidos políticos progresistas

En Lima las delegaciones se concentraron en la plaza 2 de Mayo en la tarde, llegando de las periferias norte, sur y este de la ciudad para marchar hacia el palacio de Justicia. El bloqueo del recorrido con vallas no permitió avanzar y la gente se abrió paso en avenida Abancay hacia el Congreso, donde la policía reprimió a los manifestantes dividiendo en dos la marcha, que iba a concentrarse al final del día nuevamente en la plaza San Martín.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional hubo ocho heridos, dos policías y seis manifestantes, entre los cuales dos periodistas. Números que hacen pensar a un accionar de las fuerzas de seguridad distinto con respecto a lo sucedido en el ciclo de protestas anterior, donde la represión fue brutal, 49 personas murieron por armas de fuego, hubo más de mil heridos, detenidos que todavía no tienen un proceso y se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos.

Por todas estas víctimas que aún esperan justicia, la consigna principal que se escuchaba durante la movilización dice: “la sangre derramada jamás será olvidada” junto con el canto “Dina, asesina, el pueblo te repudia”, pero también la protesta lleva consigo una cantidad de otros reclamos que responden a la variada composición social de quienes se unieron a la marcha. Hay grupos que piden la liberación de Pedro Castillo y otros con la consigna “que se vayan todos”, muchos piden el cierre del Congreso y nuevas elecciones, o en otros casos una asamblea para escribir una nueva Constitución. Entre los pancartas en las calles destacaba también el reclamo por mejores salarios y se exigía la salida de las tropas militares de los Estados Unidos que entrenan las Fuerzas Armadas de Perú.

“Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú”

Pablo Zama

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Pedro Castillo “Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú”

Pablo Zama

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En prisión desde el 7 de diciembre, Pedro Castillo sigue considerándose presidente legal de Perú. El Salto ha podido trasladarle una serie de preguntas que el político de Chota ha respondido desde el presidio en el que se encuentra. Castillo exige un proceso constituyente para su país y denuncia la represión llevada a cabo por Dina Boluarte.

Además de las coordinadoras territoriales de las provincias y las asociaciones de familiares de las víctimas, en esta tercera toma de Lima participaron numerosas organizaciones sindicales, grupos limeños como redes feministas y LGBTIQ, trabajadores de la cultura, estudiantes y hasta algunos representantes de partidos políticos progresistas como Perú Libre y Nuevo Perú. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos —que en enero fue invadida por un contingente policial con tanquetas por acoger manifestantes en el campus— en esta ocasión suspendió sus actividades presenciales pero amaneció el viernes pasado con pintadas que apoyan las protestas y en contra del gobierno. También en Cajamarca y Huancavelica los estudiantes se tomaron la universidad adhiriendo a la convocatoria.

El 80% de la población desaprueba la gestión de Boluarte, se trata del peor dato estadístico desde que se instaló en la presidencia

La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc) ya a principio de julio había previsto la llegada de 30.000 personas a Lima, y las expectativas se cumplieron: el ministerio del Interior reportó 21.000 participante y la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha del Perú (CNULP) habla de cien mil personas, las manifestaciones se desplegaron de forma pacífica, a pesar de la campaña de miedo instalada por las instituciones y los medios de comunicación hacia posibles actos vandálicos y de violencia. Empezó la misma presidenta Dina Boluarte, después del encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso en junio, cuando lanzó la polémica pregunta “¿cuántas muertes más quieren?” preanunciando así más represión como única respuesta al legítimo derecho a la protesta social.

Esperando el 19 de julio, la policía nacional implementó medidas de seguridad desproporcionadas en la capital, como el despliegue de 24 mil agentes o como los puestos de control policial en los principales accesos a Lima, con identificación de los peruanos en ingreso desde las regiones, como si fueran extranjeros en su propio país. Además, el viernes pasado las fuerzas policiales se formaron en batallones por las avenidas de la capital a modo de ensayo de la parada cívico militar que desfilará durante las Festas Patrias, los próximos 28 y 29 de julio.

Además, sigue el “terruqueo” por parte de las distintas instituciones y medios de comunicación, práctica que consiste en el tildar de terrorista a cualquier expresión de protesta social utilizando el fantasma de Sendero Luminoso, a pesar de que esa organización fue derrotada en los años Noventa. Por ejemplo, el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) José Zavala aseguró que Sendero Luminoso está presente en todo el País y que el cambio de Constitución es un pedido que sale de ellos.

Por otro lado, el pasado 11 de julio el gobierno tuvo que despedir el viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui, luego de que se reuniera con el grupo extremista de derecha La Resistencia, vinculado con el fujimorismo y ya protagonista de acciones violentas en contra de periodistas, ONG y grupos de izquierda.

Mientras tanto, las últimas encuestas IEP de junio muestran un gobierno y un Congreso sin legitimidad: el 80% de la población desaprueba la gestión de Boluarte, se trata del peor dato estadístico desde que se instaló en la presidencia, mientras que la desaprobación al Poder Legislativo alcanza el 91% y la aprobación se queda en el 6%.

Si bien la movilización del 19 de julio no ha tenido ni las características ni las dimensiones para poder incidir en las decisiones de un ejecutivo que se ha mostrado sordo a sus reclamos, el Defensor del Pueblo Josué Gutierrez Condor se refirió a la jornada de marchas saludando “la actitud pacífica de todos los ciudadanos que se han movilizado ayer de manera cívica y alturada en su gran mayoría, y han expresado sus demandas” agregando que ahora corresponde al Ejecutivo y Legislativo atenderlas y buscar un acercamiento.

“Esto va de menos a más” explicó a El Salto Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, que promueve los derechos de comunidades y poblaciones afectadas por actividades mineras en las regiones andinas del Perú. “Si la convocatoria del 19 es amplia significa que pueden darse otras movilizaciones y que el reclamo se va a extender.”

Efectivamente, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, integrada por sindicados y organizaciones sociales, ya anunció una nueva marcha para el sábado 22 de julio y otras jornadas de movilización están previstas para los feriados de las fiestas patrias, del 27 al 29 de julio. Ahora Lima y las principales provincias quedan en alerta para amplificar los reclamos que ya llevan seis meses sin algún tipo de respuesta.