Presupuestos Generales del Estado
Encallados en el techo de gasto

“Complicadísimo pero posible” o, si se prefiere, “posible pero complicadísimo”. Es difícil vaticinar el resultado de las negociaciones emprendidas por el Gobierno y Unidos Podemos para pactar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, unas conversaciones en las que, de momento, ha quedado aparcado el llamado techo de gasto, tras el desacuerdo visibilizado en el Congreso en la votación del pasado 27 de julio, pero cuya cuantificación, obligatoriamente, sobrevuela cada reunión entre ambas partes.

Tarde o temprano, Hacienda tendrá que hacer números y comprobar a cuánto asciende la inversión de los acuerdos alcanzados en esta negociaciones sectoriales —encaminados en gran medida a revertir el deterioro del Estado del Bienestar durante los Gobiernos del PP—: si el gasto que Unidos Podemos considera necesario a los socialistas les resulta desmesurado, vendrá la ruptura; si el partido de Pedro Sánchez logra convencer al de Pablo Iglesias y Alberto Garzón de que un esfuerzo moderado puede ser, de momento, suficiente, podrán seguir adelante, aunque tocará entonces atraer al resto de partidos que hicieron posible la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Aquel día, cuando los diputados y diputadas de Unidos Podemos decidieron abstenerse en la votación del techo de gasto presentado por el Gobierno del PSOE, impidiendo así su aprobación, no fueron pocas las voces que llegaron a vaticinar incluso un adelanto electoral ante lo que interpretaron un distanciamiento casi definitivo y quizás irresoluble entre ambas formaciones.

Desde IU se fijó en 15.000 millones de euros el aumento de gasto necesario para comenzar a revertir los recortes del PP –frente a los algo más de 5.200 propuestos por el Gobierno– aunque admiten que la cantidad no es inamovible

El Gobierno llevaba al Congreso un techo de gasto de 125.064 millones de euros, frente a los 119.834 del ejercicio de 2018, es decir una subida del 4,18% encaminada, dijo entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a lograr que la recuperación económica llegue a toda la ciudadanía. Para Unidos Podemos, sin embargo, que el Gobierno resultante de una moción de censura contra las políticas de austeridad del PP solo estuviera dispuesto a invertir una cantidad inferior incluso a las aprobadas en varios de los ejercicios de la etapa Rajoy era inaceptable. Tras 10 años sufriendo, dicen desde esta formación, la sociedad necesita ya, sin más demora, una política económica con resultados visibles para las clases medias y trabajadoras.

Ante lo que por momentos parecía una situación sin salida, PSOE y Unidos Podemos decidieron optar por una camino intermedio y, probablemente, más práctico: olvidemos por el momento el techo de gasto —del que, además, existen dudas sobre si el Gobierno tiene la obligación de someterlo o no a votación en el Parlamento— y comencemos a negociar los Presupuestos. De los compromisos que adquiramos en ellos resultará, a la postre, el gasto que estamos dispuestos a acometer.

Y en esas están. El escepticismo que reflejan las palabras con que abrimos esta crónica se desprende del análisis de las negociaciones realizado para El Salto por uno de los participantes en las negociaciones, el responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato. Desde su formación, se ha llegado a fijar en 15.000 millones de euros el aumento de gasto necesario para comenzar a revertir los recortes del PP —frente a los algo más de 5.200 propuestos por el Gobierno—.

Y aunque Sánchez Mato afirma que esa cifra sigue siendo una referencia para su formación reconoce que, en aras del acuerdo, no es inamovible. “Nos interesan más las medidas que se adopten”, dice, pero no oculta que su partido no variará su posición si el PSOE no asume una “sensible” modificación del techo de gasto.

Si fuera así, si ese aumento del techo llegara, Sánchez Mato ve probabilidades de sacar adelante los Presupuestos. En primer lugar, dice, obviando el trámite, al que al fin y al cabo, en su opinión, no está obligado el Gobierno, de volver a presentar ante el Parlamento un techo de gasto; en segundo lugar, centrándose después en convencer al resto de partidos que sacaron adelante la moción de censura, nacionalistas vascos y catalanes especialmente, de que apoyen los presupuestos.

“Quizás PNV y PDeCAT no acepten una profunda reforma fiscal que obligue a tocar leyes específicas, pero quizás sí accedan a pequeñas modificaciones incluidas en ese marco más global que son los Presupuestos”, dice el dirigente de IU. En su opinión, de esta forma no sería siquiera necesaria modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permite al PP, por su mayoría en el Senado, vetar el techo de gasto.

Desde el Gobierno, fuentes del Ministerio de Hacienda reconocen que las negociaciones sobre el techo de gasto están “aparcadas” y, aunque admiten que esa cifra de 15.000 millones es inasumible, confían en llegar a un acuerdo tanto en el techo, como en los Presupuestos y en la senda de déficit. Aunque admiten también que si esa senda no llega a ser pactada y el Gobierno tiene que asumir como propia la del PP, algo más restrictiva, su influencia en el techo de gasto sería “relativamente baja” y podría ser “compensada por la vía de los ingresos”.

Tanto Unidos Podemos como PSOE niegan que las negociaciones sean un paripé. Tampoco un hipotético fracaso de estas negociaciones abocaría necesariamente al país a un adelanto electoral

Porque ese, el déficit, es el tercer eslabón de la cadena: al igual que unos determinados Presupuestos implican un determinado gasto público, esta inversión define, a su vez, la posibilidad de cumplir o no los objetivos de déficit. Esa senda, que fue rechazada en el Congreso junto al techo de gasto, suaviza los objetivos anteriores del PP para situarlos en 1,8 del PIB para 2019; 1,1 para 2020 y 0,4 para 2021. Pero, como recuerda a El Salto el diputado Txema Guijarro, de Unidos Podemos, al igual que los Gobiernos del PP se “saltaron sus propios objetivos a la torera”, ahora le toca al PSOE “tirar adelante con valentía” sabiendo que las instituciones europeas no cuentan con elementos coercitivos ante su incumplimiento.

Aun así, desde Unidos Podemos destacan que, si el Gobierno insiste en controlar el déficit, los nuevos ingresos —a través de la reforma del Impuesto de Sociedades, por ejemplo, o del aumento del IRPF para las rentas más altas o la tasa sobre operaciones financieras— que debieran, a su juicio, incluir los Presupuestos ahora en negociación servirían para compensar los gastos. “Los que apoyamos la moción de censura —añade Guijarro sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo que incluya al resto de grupos necesarios— estamos en sintonía en que hacen falta reformas fiscales para financiar políticas públicas. Creo que es posible llegar a un acuerdo”, insiste.

Ambas partes, tanto Gobierno como Unidos Podemos, niegan que el final esté escrito y las conversaciones en marcha no sean más que un “paripé” para evitar un eventual castigo del electorado por no haberlo intentado al menos. Nada está decidido. Y, de hecho, tampoco un hipotético fracaso de estas negociaciones abocaría necesariamente al país a un adelanto electoral. Cabría la posibilidad de que el Gobierno, que ya asumió en la moción de censura los presupuestos para 2018 del PP, decidiera, ante la falta de acuerdo, prorrogarlos para 2019 y así, si no agotar la legislatura hasta julio de 2020, acercarse a su final. “Sin acuerdo en los Presupuestos —explica Txema Guijarro— la gobernabilidad quedaría resentida”. Pero que eso implicara nuevas elecciones es otra cosa.

Sin embargo, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba a entender este lunes en la Cadena SER que la prórroga de los Presupuestos no era su opción. “Estos —en referencia a los de 2018, heredados del PP— no son mis presupuestos”, por lo que su intención es presentar los nuevos a finales de noviembre o principios de diciembre. De su aprobación depende la viabilidad del Gobierno, admitió Sánchez, quien eludió en cualquier caso hablar de adelanto electoral.