Texto pronunciado el pasado 18 de marzo por la autora en el Congreso de los Diputados con motivo del Día del Agua, organizado por la Red Pública del Agua y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España

El derecho al agua potable y al saneamiento son derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas desde julio de 2010, y forman parte del derecho internacional, por lo que son legalmente vinculantes para los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como es el caso de Israel.

“la negación del agua se utiliza para provocar desplazamientos, especialmente porque las comunidades [palestinas], en su mayoría agricultores y pastores, dependen del agua para su sustento” (Naciones Unidas)

Consecuentemente, en su actuación en los Territorios Palestinos Ocupados, Israel debe cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los tratados de derechos humanos que ha ratificado, y específicamente con el derecho al agua. Sin embargo, la población palestina sufre una sistemática vulneración del derecho humano al agua debido a actos de acción y omisión por parte del Estado ocupante Israel, en clara contradicción con sus obligaciones de respetarlo, protegerlo y cumplir con el derecho. También vulnera el principio de no discriminación, al otorgar un trato preferente a la población israelí y, en particular, a los colonos de los asentamientos ilegales frente a la población palestina; de hecho, se ha consolidado un sistema de acceso a los recursos hídricos en el territorio absolutamente desigual, inequitativo e injusto que es el resultado de una asimetría de poder derivada de la fuerza militar de Israel.

A pesar de las múltiples sequías que han afectado a la región Mashrek, en Palestina existe una cierta abundancia potencial de agua, gracias a los acuíferos del valle del Jordán, el acuífero de la montaña y el acuífero de la costa. Desde la ocupación en 1967 de Cisjordania, Gaza y Jerusalén este, las autoridades israelíes han negado a los palestinos el acceso al agua del río Jordán (la única cuenca de agua superficial en Cisjordania), a la vez que han impuesto estrictas políticas de control sobre el acuífero de la montaña.

En noviembre de 1967, las autoridades israelíes promulgaron la orden militar 158, que establecía que la población palestina en Cisjordania no podía construir ninguna nueva instalación para el abastecimiento de agua sin obtener previamente el permiso de las fuerzas armadas israelíes; esta orden prohíbe también a los palestinos recolectar el agua de la lluvia sin autorización militar israelí. En la práctica, las autoridades israelíes no otorgan ninguna licencia y, paralelamente, destruyen de forma sistemática cualquier infraestructura palestina para la gestión de los recursos hídricos, además de confiscar territorios con abundancia de aguas. Como resultado de esta situación, los palestinos extraen incluso menos agua que la especificada en los acuerdos de Oslo, como ocurrió, por ejemplo, en 2014 y 2021, cuando el 87 % de las aguas del acuífero de la montaña fue aprovechado por israelíes y solo el 13 % por palestinos, a pesar de que en los acuerdos se establece que esta distribución debe ajustarse a una proporción del 80% para usos israelíes y un 20% para los palestinos.

La distribución del agua es extremadamente desigual. De hecho, las restricciones de acceso al agua y a la tierra mediante asentamientos, carreteras de apartheid y zonas militares cerradas, conforman una de las claves de la ocupación israelí. La población palestina se encuentra en una situación en la que sus derechos son violados sistemáticamente, mientras que sus vecinos israelíes disfrutan del acceso a todos los recursos con abundancia; el legado de décadas de ocupación israelí en los territorios palestinos ha sido la suma de violaciones sistemáticas de derechos humanos a gran escala.

Una de las consecuencias más devastadoras es el impacto de las políticas discriminatorias de Israel en el acceso de la población Palestina a suministros adecuados de agua limpia y segura. La destrucción de infraestructuras de agua e higiene y la confiscación de tierras ha sido una práctica común por parte de las autoridades israelíes; así, en 2011 se registraron 89 estructuras de agua e higiene destruidas y 45 confiscaciones de tierra vinculadas a los recursos hídricos mientras que en 2016, se produjo el mayor número de demoliciones de infraestructuras hídricas desde 2009, y se identificaron cerca de 180 comunidades palestinas en zona rurales de la Cisjordania ocupada que no disponían de acceso al agua como consecuencia de estas acciones.

La Autoridad palestina paga por el metro cúbico de agua 3 veces más que lo que cuesta en Jerusalén y nueve veces y media más que en Tel Aviv y en los asentamientos

En las primeras seis semanas de 2023 el ejército israelí demolió docenas de tanques de agua y confiscó equipos de agua en al menos seis aldeas palestinas en los territorios ocupados. Estas medidas constituyen un mecanismo de desplazamiento forzado. Desde 1982 el control de los recursos hídricos fue transferido, mediante una orden militar, a la empresa israelí Mekorot, que dispone de una extensa red de infraestructuras y seguridad. Actualmente está controlada, principalmente, por el gobierno israelí y se ha convertido en un instrumento relevante en la estrategia de ocupación, confiscación y expolio de los recursos naturales de Palestina. Israel extrae el 80% del agua de Cisjordania para el consumo de sus asentamientos, legales e ilegales. Al menos la mitad del agua que consumen los palestinos es suministrada por esta empresa, pero con precios superiores a los que ofrece a los israelíes y colonos en los asentamientos. La Autoridad palestina paga por el metro cúbico de agua 3 veces más que lo que cuesta en Jerusalén y nueve veces y media más que en Tel Aviv y en los asentamientos. El consumo medio diario de agua de cada israelí es de 200 litros, mientras que el de los palestinos de Cisjordania es de 85,6 litros. Medio millón de colonos israelíes disfrutan de seis veces más agua que 2,6 millones de palestinos en el mismo territorio en Cisjordania. En este marco, los cortes de agua para la población palestina son frecuentes especialmente durante el verano.

Gaza

Los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza enfrentaban una multitud de desafíos relacionados con la degradación de los recursos naturales incluso antes del 7 de octubre; la mayoría de habitantes dependía del acuífero costero, altamente contaminado y salinizado, por lo que alrededor del 97 por ciento del agua había que desalinizarla y potabilizarla para evitar riesgos de cólera y de otras enfermedades transmitidas por el agua. La seguridad hídrica de Gaza estaba condicionada en gran medida por la importación de combustible, principalmente de Israel y Egipto, para la captación, potabilización, distribución y depuración del agua. Gaza también recibía directamente de Israel hasta un máximo del 9% de su consumo a través de tres tuberías independientes de las redes de distribución municipales, gestionadas por la empresa Mekorot.

El mantenimiento de las infraestructuras hídricas ha sido históricamente muy deficiente en Gaza debido a las trabas sistemáticas de Israel a la importación de los equipos necesarios; estas restricciones, unidas a los frecuentes conflictos armados e incursiones del ejército israelí que ocasionaban reiterados daños en las infraestructuras, supuso una disponibilidad muy reducida de agua en la zona, del entorno de los 82 litros diarios por persona. El impacto devastador en la seguridad hídrica para los residentes de Gaza ha sido un aspecto crítico del conflicto actual, y los daños a la infraestructura hídrica, incluidas las instalaciones de agua, saneamiento e higiene, ya están planteando riesgos agudos y crónicos para la salud pública. Según estimaciones recientes, la mayoría de los habitantes de Gaza viven con entre uno y tres litros de agua por día, por lo que se han dado casos de personas que han llegado a consumir agua no tratada por desesperación.

Los intensos bombardeos ejecutados por el ejército israelí han dañado gran parte de la infraestructura hídrica de Gaza, de tal forma que se estima que el 55% de la misma requiere reparación o rehabilitación. En consecuencia, la población desplazada en Gaza se enfrenta a una escasez aún más grave de alimentos y agua, lo que aumenta el riesgo de hambruna. Como resultado, muchas mujeres se ven obligadas a priorizar la alimentación de sus hijos a expensas de sus propias necesidades nutricionales, lo que afecta negativamente a su salud y su capacidad para amamantar. La escasez de agua potable ha dejado a muchas mujeres y niñas incapaces de mantener una higiene femenina básica y su capacidad para cuidar de sus familias disminuye.

La UNRWA ha advertido que la falta de agua eleva los riesgos de infecciones prevenibles

Gaza está experimentando una grave emergencia por escasez de agua. La disponibilidad diaria de agua per cápita se ha reducido a sólo tres litros para tareas esenciales. La UNRWA ha advertido que la falta de agua eleva los riesgos de infecciones prevenibles, incluidas infecciones del tracto reproductivo y urinario entre las mujeres, así como otras enfermedades infecciosas. A mediados de marzo Israel ya ha asesinado a más de 31.000 personas palestinos, incluyendo a más de 13.000 niños y niñas [N.R. Desgraciadamente, esta cantidad ha aumentado en varios miles a día de hoy]. Desde el comienzo del Ramadán, el jefe de la UNRWA alertó de que el “hambre extrema” se estaba extendiendo rápidamente en Gaza, elevando el total de muertes por desnutrición y deshidratación a 27personas, 23 de ellas niños.

En conclusión, las políticas, prácticas e infraestructuras para explotación de los recursos hídricos tienen un carácter colonial con una base de apartheid basado en tres pilares:

1) identificación de grupos raciales;

2) demarcación de los dos grupos raciales para segregar a la población en diferentes áreas geográficas donde los judíos-israelíes disfrutan de amplios privilegios y derechos, mientras que a los palestinos se les bloquea el acceso a agua potable;

y 3) el uso del pretexto de la seguridad para cometer tratos inhumanos y degradantes a la población pales.

Y en este sistema, conocido como “el apartheid del agua”, juega un rol fundamental Mekorot, cuyo papel contribuye a las políticas de segregación y ocupación del Gobierno israelí. Esta situación evidencia la necesidad de una normativa internacional eficaz que regule el uso de las aguas compartidas y frene el expansionismo de Israel, ya que según un informe del 2013 de Naciones Unidas, “la negación del agua se utiliza para provocar desplazamientos, particularmente en áreas previstas para la expansión de los asentamientos, especialmente porque las comunidades [palestinas] son en su mayoría agricultores y pastores que dependen del agua para su sustento”.

Es hora de que las autoridades israelíes pongan fin a las políticas y prácticas que discriminan a la población Palestina en los territorios palestinos, ocupados y aborden su acuciante necesidad de seguridad hídrica. Las autoridades israelíes deben levantar las restricciones actualmente en vigor que niegan a millones de palestinos el acceso al agua suficiente para satisfacer sus necesidades personales y domésticas y para disfrutar de su derecho al agua, a la alimentación, a la salud y un nivel de vida adecuado.