¿Qué debería incorporar una “paz migrante”?

Se propone el concepto de “paz migrante” como una categoría dinámica, una propuesta para pensar qué lugar ocupa la movilidad humana, y especialmente las violencias que la atraviesan, en nuestras agendas de paz
Frontera del Tarajal (2014)
Frontera del Tarajal (2014). Fot. Sergio Torres y Mª. Isolda Perelló
Investigadora Doctora Sénior (Proyecto MIGRAGUA - PAS Investigación UV)
6 sep 2026 11:00 | Actualizado: 7 sep 2026 09:32

Propongo hablar de una “paz migrante” como una forma de ampliar y desplazar la mirada sobre la construcción de paz. No trato de presentar el término como una categoría cerrada, sino de utilizarlo como una propuesta para pensar qué lugar ocupa la movilidad humana, y especialmente las violencias que la atraviesan, en nuestras agendas de paz

Una “paz migrante” no debería limitarse a proteger a las personas durante el  desplazamiento. Debería transformar las relaciones de poder y las condiciones estructurales que determinan quién puede permanecer, quién puede desplazarse, quién puede regresar y quién queda atrapado sin alternativas en sus territorios.

1. Repensar la paz desde la movilidad humana

Una paz transformativa no debería limitarse a la ausencia de conflictos armados. También debería preguntarse por las formas de violencia que atraviesan la movilidad humana y por las condiciones que producen vulnerabilidad, desplazamiento o inmovilidad.

Esto supone incorporar la seguridad humana y los derechos humanos como punto de partida, frente a una concepción de la migración construida principalmente desde la seguridad de los Estados. De igual modo, se debería considerar qué cuerpos son construidos como amenaza. Las relaciones históricas de poder, el racismo estructural y las herencias coloniales determinan qué movilidades se consideran legítimas, qué cuerpos son percibidos como amenaza y qué vidas reciben mayor protección.

La cuestión no es solamente qué medios se emplean para proteger las fronteras, sino qué sucede con las personas cuando las políticas de control fronterizo y migratorio producen situaciones de riesgo, vulnerabilidad o desprotección.

La movilidad humana no debería considerarse, por tanto, un asunto periférico de las agendas de paz, sino una dimensión central para comprender cómo se produce el binomio seguridad/inseguridad.

2. Las fronteras como dispositivos de seguridad y de poder

Las fronteras como dispositivos de control se extienden tanto hacia el interior de los Estados como hacia terceros países. La securitización de las migraciones transforma a determinadas personas en potenciales amenazas y legitima el uso de dispositivos tecnológicos, burocráticos y normativos cada vez más sofisticados para hacerles frente.

Una “paz migrante” debería cuestionar esta lógica y preguntarse qué ocurre cuando la movilidad de determinadas personas es construida políticamente como una amenaza, pero no se trata solo de analizar la militarización de las fronteras y sus infraestructuras, sino también las prácticas cotidianas de vigilancia, control, identificación, selección y exclusión. Es decir, la frontera es también digital y algorítmica, basada en el uso de sistemas biométricos, bases de datos, inteligencia artificial y herramientas de análisis predictivo que facilitan y agilizan la identificación, clasificación y selección de las personas en tránsito.

Las relaciones históricas de poder, el racismo estructural y las herencias coloniales determinan qué movilidades se consideran legítimas

Estas tecnologías no son neutrales, pues reproducen sesgos y desigualdades preexistentes, haciendo menos visibles determinadas formas de discriminación precisamente porque las decisiones aparecen como resultados técnicos u objetivos.

Por ello, una “paz migrante” debería preguntarse igualmente quién diseña estas tecnologías, con qué datos se entrenan, qué criterios utilizan y quién responde cuando sus decisiones producen exclusión o vulnerabilidad.

3. El riesgo: quién lo produce y quién lo asume

Sobrevivir al riesgo no debería convertirse en una condición para ejercer el derecho a desplazarse. Una “paz migrante” debería incorporar las experiencias de quienes afrontan esos riesgos y las estrategias que desarrollan para sobrevivir y resistir en ese contexto.

Una cuestión central para una agenda de paz es analizar cómo se produce y distribuye socialmente el riesgo. Las políticas de control fronterizo pueden desplazar y exacerbar los riesgos asociados a la movilidad, obligando a muchas personas a recurrir a rutas más largas, clandestinas o peligrosas. Esto permite formular varias preguntas: ¿quién define qué es un riesgo?, ¿quién decide cómo se gestiona?, ¿quién tiene capacidad para evitarlo y quién termina asumiéndolo?

La necropolítica permite analizar cómo los Estados monopolizan determinados relatos sobre la seguridad y pueden construir la movilidad como amenaza, mientras permanecen invisibilizados otros riesgos: la muerte, la violencia, la explotación o la desprotección. Los mecanismos de externalización y securitización convierten a los propios Estados en coproductores de determinadas situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando se restringen las vías legales y seguras de movilidad, y las personas en tránsito terminan soportando buena parte del coste físico, psicológico y vital de unas políticas sobre las que apenas tienen capacidad de decisión.

4. Una paz que cuestione la instrumentalización geopolítica de las migraciones

Se deben considerar las fronteras como espacios geopolíticos, atravesados por relaciones diplomáticas, intereses estratégicos y negociaciones entre Estados. Por otro lado, las políticas migratorias forman parte de relaciones de poder más amplias y las personas migrantes acaban siendo utilizadas como instrumentos de presión política o diplomática.

Una “paz migrante” debería cuestionar esta instrumentalización y evitar que la movilidad humana sea utilizada como moneda de cambio en las relaciones internacionales. La cuestión no afecta únicamente a la gestión de las fronteras, sino también a la capacidad de los Estados para condicionar la vida y la movilidad de personas que carecen de una capacidad equivalente para intervenir en esas decisiones.

La pregunta sería: ¿cómo puede hablarse de paz si las personas que menos capacidad tienen para intervenir en las decisiones geopolíticas son quienes soportan sus consecuencias?

Ceuta Tarajal 26 - 5

5. Paz, cambio climático y seguridad climática

La complejidad de las relaciones entre cambio climático y movilidad exige superar las explicaciones simplistas y atender a los múltiples factores que condicionan las decisiones de permanecer, desplazarse o regresar.

El cambio climático está incorporándose progresivamente a las agendas internacionales de seguridad y paz, pero es necesario preguntarse críticamente qué entendemos por seguridad climática y de quién estamos hablando cuando hablamos de seguridad. Determinadas aproximaciones a la seguridad climática reproducen lógicas securitarias, presentando los desplazamientos asociados a las transformaciones ambientales fundamentalmente como una amenaza.

La relación entre cambio climático y movilidad no puede reducirse a una relación causal directa. Los procesos de movilidad son multicausales y están atravesados por factores económicos, sociales, políticos, territoriales y familiares. Por ello, lo idóneo sería analizar cómo las transformaciones ambientales interactúan con las vulnerabilidades preexistentes y las capacidades desiguales de adaptación y movilidad, pero también debe contemplarse la inmovilidad involuntaria, esto es, quienes no pueden desplazarse porque carecen de recursos, redes o alternativas para hacerlo.

Sobrevivir al riesgo no debería convertirse en una condición para ejercer el derecho a desplazarse

La pregunta debería desplazarse de “¿cuántas personas migrarán por el cambio climático?” a “¿quiénes son más vulnerables, ¿quién puede adaptarse?,¿quién puede desplazarse y quién queda atrapado?”. Desde esta perspectiva, una paz climática debería poner en el centro la reducción de vulnerabilidades y la justicia climática, y no únicamente la prevención o gestión de futuros desplazamientos.

6. Extractivismo, desigualdad y movilidad

La explotación intensiva de recursos naturales puede transformar los territorios, deteriorar los medios de vida, generar conflictos socioambientales y exacerbar las desigualdades que afectan a las posibilidades de permanecer o desplazarse. Aquí aparece una cuestión fundamental para una agenda de paz: ¿qué ocurre cuando los territorios de unas poblaciones son utilizados para sostener modelos de desarrollo cuyos beneficios y costes se distribuyen de manera profundamente desigual?

La relación entre extractivismo, cambio climático y movilidad obliga a cuestionar determinadas concepciones del desarrollo y las relaciones económicas asimétricas entre territorios. Estas dinámicas tampoco pueden desvincularse del colonialismo, que ha condicionado la apropiación de recursos, la organización territorial y la distribución desigual de los beneficios y costes del desarrollo.

Una paz transformativa debería abordar no solo las consecuencias de la degradación ambiental, sino también las estructuras económicas y políticas que contribuyen a producirla.

7. Paz, cooperación y coherencia de políticas

Las políticas migratorias, climáticas, de cooperación al desarrollo, comerciales, energéticas y de seguridad no pueden analizarse de forma aislada, porque la coherencia de políticas para el desarrollo debería formar parte de una agenda de paz.

No resulta coherente promover la adaptación climática o el desarrollo mientras determinadas actividades económicas y modelos extractivos contribuyen a generar nuevas vulnerabilidades, ni presentar las migraciones como un problema de seguridad cuando existen políticas económicas, ambientales o comerciales que pueden contribuir a producir las condiciones que favorecen determinados procesos de movilidad.

La cooperación debería orientarse a reducir vulnerabilidades, ampliar capacidades y fortalecer las posibilidades de decisión de las poblaciones, y no convertirse exclusivamente en una herramienta de contención migratoria. La paz exige, en este sentido, revisar la coherencia entre las distintas políticas que inciden sobre los territorios y sobre las posibilidades de permanecer o desplazarse.

8. Una paz feminista debe mirar quién soporta los riesgos

Las desigualdades no se distribuyen de la misma manera entre mujeres y hombres. Las políticas migratorias, los impactos climáticos, el extractivismo y la pérdida de medios de vida pueden generar vulnerabilidades diferenciadas por género.

Una perspectiva feminista no ha de limitarse a identificar a las mujeres como grupo especialmente vulnerable, sino reconocer también su capacidad de agencia, decisión y participación. Esto implica preguntarse quién decide, quién tiene acceso a los recursos y quién participa en las políticas de movilidad, adaptación y desarrollo.

Una paz feminista debería incorporar las experiencias y conocimientos de las mujeres migrantes y de las comunidades afectadas por transformaciones ambientales y económicas, prestando especial atención a las relaciones de poder que atraviesan los cuidados, la reproducción social y el acceso desigual a los recursos y a la toma de decisiones.

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Migrantes andando por la costa de Ceuta tras pasar la frontera.

9. De las personas migrantes como objeto a las personas migrantes como sujetos

No se trata únicamente de reconocer a las personas migrantes como destinatarias de políticas de protección, sino de reconocerlas como sujetos con capacidad de decisión y participación política. Es decir, no construir la paz únicamente para las personas migrantes, sino también con ellas. Esta participación no se produce únicamente a través de las instituciones.

Las redes comunitarias, organizaciones sociales, colectivos migrantes y redes de acogida generan también espacios de protección, solidaridad y acompañamiento que pueden funcionar como verdaderas zonas de paz frente a contextos de exclusión y violencia. Estas experiencias muestran que la construcción de paz no es exclusivamente una tarea institucional, dado que también puede surgir de prácticas cotidianas de cuidado, acogida, organización y apoyo mutuo.

Reconocer estas iniciativas implica desplazar nuevamente la mirada desde las personas migrantes como receptoras de asistencia hacia su capacidad para organizarse, generar redes y construir alternativas. Esto implica también una cuestión de justicia epistémica. Habría que preguntarse quién tiene legitimidad para producir conocimiento sobre las migraciones, quién es escuchado y qué conocimientos son considerados válidos.

Las personas migrantes y las comunidades afectadas no deberían aparecer únicamente como fuentes de información, testimonios o destinatarias de políticas, sino también como productoras de conocimiento sobre sus propias experiencias y territorios.

Una perspectiva feminista no ha de limitarse a identificar a las mujeres como grupo especialmente vulnerable, sino reconocer también su capacidad de agencia

La construcción de una “paz migrante” requiere revisar los lenguajes y categorías con los que se representa la movilidad, evitando el empleo de expresiones que contribuyen a deshumanizarla y a naturalizar determinadas respuestas de control. Transformar las narrativas forma parte también de transformar las relaciones de poder. En otras palabras, no basta con cambiar las políticas si se mantienen las categorías desde las que determinadas personas son construidas como problema.

10. De gestionar la movilidad a transformar sus condiciones

El desplazamiento del enfoque securitario hacia una perspectiva de paz migrante implica pasar de “gestionar” la movilidad como un problema a transformar las condiciones que producen desplazamiento, inmovilidad y vulnerabilidad. Ello supone intervenir sobre factores estructurales como la desigualdad sistémica, el extractivismo, la degradación ambiental, la pérdida de medios de vida y las relaciones económicas asimétricas entre territorios del Norte y del Sur global.

Pero transformar las condiciones estructurales no significa asumir que toda movilidad es forzada ni que permanecer constituye siempre la mejor opción. El objetivo sería, por tanto, garantizar el derecho a quedarse, desplazarse o regresar con dignidad, evitando que cualquiera de estas opciones se convierta en una imposición derivada de la falta de alternativas. Esto implica también reconocer la inmovilidad involuntaria como una dimensión de la desigualdad.

Una “paz migrante” debería preguntarse, en definitiva, cómo construir sociedades en las que las personas dispongan de capacidades y condiciones materiales suficientes para decidir sobre su propia movilidad.

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