Pobreza
El Ayuntamiento hace un espectáculo del derribo de El Gallinero, según voluntarios del poblado

El Grupo de Voluntarios de la Parroquia San Carlos Borromeo en el poblado El Gallinero ha denunciado, a través de una carta enviada a los medios de comunicación, la “exposición mediática” a la que el Ayuntamiento de Madrid sometió ayer a los vecinos de esta zona y la “rentabilidad política” que habría pretendido sacar con este acto.

El martes 25 de septiembre tuvo lugar el desmantelamiento de El Gallinero, un poblado chabolista en el que han llegado a vivir más de 500 personas. Durante la pasada jornada, decenas de cámaras de televisión acompañaron a la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento, Marta Higueras, y la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad, Rosalía Gonzalo, para ser testigos de los últimos derribos.

“Las familias que viven en El Gallinero tienen derecho a que su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen sean respetados en todo momento, y entendemos que el Ayuntamiento de Madrid ha sido el principal promotor de una exposición pública que ha provocado la vulneración y menoscabo de estos derechos”, denuncia el grupo de voluntarios de la Parroquia San Carlos Borromeo. 

Estos voluntarios denuncian que, a consecuencia de la “extensa convocatoria”, tanto niños como adultos han salido en los medios en contra de su voluntad —en el caso de los niños, a cara descubierta y sin pixelar— abandonando sus viviendas. “Las familias no han podido contar con la privacidad necesaria para recoger sus cosas y despedirse del lugar que ha sido su casa durante tantos años”. 

Los voluntarios destacan la organización de un “inexplicable acto de presentación del derribo” para el que la demolición de una de las viviendas, que se podría haber realizado a las 11h, se ha atrasado para “ajustarlo a las agendas políticas”. “Este retraso ha provocado que los derribos hayan coincidido justo con la hora de regreso de los niños del colegio. Al llegar las rutas escolares, los menores se han  encontrado con los derribos a medias, con el consiguiente riesgo para su integridad física y psicológica”, continúan.

También denuncian que las cifras dadas sobre las familias realojadas son erróneas: ni 36 familias, como han afirmado algunos medios, ni 25, como se ha publicado en otros. En total, los voluntarios de El Gallinero han  contado en 17 las unidades de convivencia —unidades formadas por personas que van a vivir en la misma vivienda— y en 23 las unidades familiares realojadas.

Por otra parte, afirman que el proceso no se ha realizado conforme a las normas internacionales sobre acceso a vivienda en procesos de desalojos forzosos. “No es cierto que se haya procedido al realojo de  todas los vecinos del poblado: hay una parte importante de las mismas que accede a un recurso temporal tutelado que no implica seguridad en la tenencia —uno de los requisitos mínimos exigidos a nivel internacional para las alternativas que se ofrecen a las familias en caso de desalojo—, y que resulta más cercano a la institucionalización que al realojo”, explican desde el Grupo de Voluntarios de la Parroquia San Carlos Borromeo. 

Añaden que, además, el planteamiento del realojo ha olvidado del derecho a la educación de niños del poblado: “Debido al modo en que se ha planificado, los niños han tenido que empezar el curso escolar en los centros a los que acudían mientras han vivido en el Gallinero, para ser trasladados de vivienda apenas tres semanas después. Esto es especialmente grave porque el traslado de vivienda no va a implicar el traslado simultáneo a un centro escolar de la zona en la que está ubicada su nueva casa, de modo que, hasta que se gestionen esas plazas, tendrán que desplazarse todos los días hasta sus colegios 'antiguos'”.

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