Política
Estos son los deberes de Igualdad: sacar dos leyes clave y la misión imposible del aborto en la Constitución

El Ministerio de Igualdad empieza el curso con la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026. Antes, los días 17 y 18 de septiembre, tiene una cita en Toledo, donde se celebra el Foro Iberoamericano de Género, el apartado específico de políticas de igualdad asociado a esta cumbre que reúne representación de 22 países iberoamericanos, junto a representantes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, organismos internacionales y actores estratégicos de la cooperación regional.

En el curso que empieza con quinielas sobre cuál será la fecha de las elecciones generales, el ministerio de Ana Redondo tiene varios retos que abordar: los principales son la ley de violencia vicaria y la ley de trata.

Desde que comenzó la legislatura en agosto de 2023, el Ministerio de Igualdad sacó adelante algunas de sus propuestas más importantes: la ley de representación paritaria o la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Desde que comenzó la legislatura en agosto de 2023, el Ministerio de Igualdad sacó adelante algunas de sus propuestas más importantes: la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, en vigor desde el 22 de agosto de 2024, o la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En lo que respecta al desarrollo de leyes ya vigentes, la aprobación de decreto que regula las ayudas económicas a víctimas de violencia sexual recogidas en la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual ha sido otro de los hitos de la legislatura, mientras el desarrollo de centros de crisis de atención 24 horas a la violencia sexual ha seguido su desarrollo entre algunas críticas. A finales de 2025, Amnistía Internacional señalaba que muchos de estos centros no cumplían con las condiciones de estar abiertos 24 horas al día.

Ley de violencia vicaria

A mediados de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, pasando así el texto al Congreso. Tras superarse las diferencias con el Ministerio de Juventud e Infancia, que se desmarcó temporalmente del texto y luego volvió a las negociaciones, la ley debería superar su tramitación parlamentaria antes de la convocatoria de elecciones dado que el texto se desprende de las obligaciones de Pacto de Estado que, en febrero de 2025, fue renovado con una amplia mayoría en el Congreso y que el asunto ha logrado ser cada vez más visible socialmente, en buena parte gracias a la lucha de los colectivos de madres protectoras.

La ley es una propuesta de los ministerios de Igualdad, de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y de Juventud e Infancia y tiene como objetivo visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria. Es una ley “compleja”, dijo Redondo, porque modifican hasta diez normas: la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (LOVG); el Código Penal; el Código Civil; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor; la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley del Registro Civil; el Estatuto de la víctima de delito; y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La ley de violencia vicaria debería superar su tramitación parlamentaria antes de la convocatoria de elecciones dado que el texto se desprende de las obligaciones de Pacto de Estado de Estado que en febrero de 2025 fue renovado con una amplia mayoría en el Congreso

En el texto en tramitación, la violencia vicaria queda definida como una circunstancia agravante por razón de género en el artículo 22.4 del Código Penal. Otro núcleo de la ley es el que tiene que ver con medidas sobre la patria potestad, de guarda y custodia y el régimen de visitas. Así, se establece la obligación de escuchar en todo caso a los hijos e hijas menores de edad adaptando la audiencia a su edad, madurez y circunstancias personales, con el auxilio de especialistas cuando sea necesario. La única excepción se dará en el caso de que ello no sea posible o no convenga al interés superior del menor, siempre y cuando se motive adecuadamente esta circunstancia. En estos casos, se conocerá su opinión a través de representantes legales, o personas que, por su profesión o relación de especial confianza, puedan transmitirla objetivamente.

Ley de trata

Menos posibilidades de salir adelante tiene el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. La trayectoria de esta ley se remonta a la legislatura anterior. El 18 de marzo de 2021 el Ministerio de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero, anunció que empezaba a trabajar en una ley integral contra la trata, en el marco de la lucha contra la violencia de género. Con la convocatoria de elecciones, este anteproyecto decayó, pero volvió a ser aprobado tras la formación del siguiente gobierno y ya con Ana Redondo al frente del ministerio: fue el 8 de marzo de 2024 y se llamó Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.

Se trataba de abordar, explicó la ministra entonces, todas las formas de trata, como la laboral, la sexual, los matrimonios concertados o el tráfico de órganos. Además, prevé que las víctimas en situación irregular en España dispongan de un permiso de residencia y de trabajo provisional hasta que se certifique su condición definitiva de víctima de trata. 

Este anteproyecto entronca con las posiciones del PSOE en torno a la prostitución —prostitución y trata comparten línea en el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones— y un vistazo a las iniciativas abolicionistas del PSOE basta para constatar la dificultad para llegar a consensos con otros grupos, incluido Sumar, socio de gobierno. 

El aborto, a la Constitución

El 7 de abril de 2026, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales el proyecto de reforma de la Constitución Española para reconocer y blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La propuesta consiste en una modificación del cuarto apartado del artículo 43 con la siguiente redacción: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”. La iniciativa surgió inicialmente del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el contexto de varios intentos por parte de fuerzas conservadoras de limitar el derecho al aborto.

La propuesta de incluir el aborto en la Constitución pasa por reformar un apartado del los principios rectores de las políticas públicas, que requiere una mayoría en el Congreso imposible de conseguir 

La propuesta iría en el título 1, dentro del capítulo 3, sobre principios rectores de las políticas, porque es una prestación que el Estado debe de garantizar dentro del sistema sanitario público, es decir, fuera del capítulo para los derechos fundamentales.

No se trata de una elección técnica, sino pragmática, ya que sería la alternativa más factible: amparándose en el artículo 167 se llevará a cabo una reforma ordinaria que necesita las tres quintas partes del Congreso y las tres quintas partes del Senado para salir adelante. Si el aborto se quisiera introducir entre los derechos fundamentales se necesitaría la aprobación por dos tercios de las cámaras, la disolución de las Cortes y un posterior referéndum. Con todo, la suma es imposible: con la relación de fuerzas actual, cualquier intento de reforma requeriría del acuerdo del PP.

Regulación de las agentes de igualdad

La profesión de agente de igualdad carece de regulación autónoma. Falta de concreción de las funciones y competencias inherentes a esta figura, la inexistencia de una formación homogénea y que asegure su calidad, así como la disparidad de perfiles que se exigen a quienes desarrollan esta profesión, son los asuntos que debe abordar esta propuesta.

La ley tiene como objetivo que solamente puedan ejercer la profesión las personas que cuenten con el título habilitante o que acrediten la experiencia o formación previa requerida. Todo ello, con el objetivo de lograr una mayor eficacia de las políticas de igualdad implementadas en las entidades del ámbito público y privado.

La profesión de agente de igualdad existe desde los años 80 y ha sido clave en el desarrollo de políticas públicas de igualdad: el ministerio se comprometió a regular esta profesión

La profesión de agente de igualdad existe desde los años 80 y ha sido clave en el desarrollo de políticas públicas de igualdad. La falta de perspectiva de género, de especialización o el aterrizaje de empresas no especializadas en este sector ha sido denunciada por entidades como la Asociación Profesional de Consultoría de Género (APCG) o la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes y Promotoras de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO).