Portugal
Desahucios exprés y barra libre a los caseros: Portugal muestra el modelo de vivienda de la derecha

Mientras que estos días en España han estallado movilizaciones para exigir medidas contra la crisis habitacional, Portugal acaba de dar el primer paso para afianzar por ley el modelo de vivienda basado en la especulación y el libre mercado sin excepciones ni límites que persigue la derecha en toda Europa.

Este miércoles, el parlamento portugués ha dado luz verde a una autorización legislativa que permite al gobierno conservador de Luís Montenegro modificar por decreto el régimen de alquileres del país. El Ejecutivo presentó la propuesta en agosto alegando que muchos propietarios no sacan al mercado sus viviendas por temor a impagos. Así que, esgrimiendo esta tesis, Montenegro pretende aumentar la oferta endureciendo la normativa que, entre otras cosas, contempla que se agilicen los desahucios y que se relajen los límites en la subida del precio del alquiler.

Plenos poderes para los caseros

La batería de medidas del gobierno portugués le da un poder sin precedentes a los propietarios, que tendrán mucho más margen para fijar las condiciones de los alquileres. Uno de esos nuevos privilegios es que podrán exigir el pago de hasta tres meses de fianza a los inquilinos, y que la cuantía pueda superar a la del propio alquiler, y podrán decidir sobre la duración y extinción de los contratos.

También se eliminarán limitaciones sobre los precios de los nuevos alquileres, y el Gobierno quiere eliminar el periodo mínimo de tres años vigente en determinadas renovaciones automáticas, haciendo que la revisión del contrato pueda ser anual.

Además, se reducirá de tres a dos meses el periodo de impago que permite iniciar procedimientos de desahucio. En concreto, la propuesta de Montenegro elimina la fase procesal preliminar que hasta ahora se activaba después de una decisión favorable al desahucio. Hasta ahora esa decisión favorable abría otro procedimiento para hacer efectivo el desalojo, pero con la reforma bastará la decisión inicial de un juez para llevar a cabo la ejecución.

Según el Instituto Nacional de Estadística portugués, en los dos primeros trimestres de 2026 el precio de la vivienda ha aumentado casi un 35%

En cuanto a los precios, la nueva propuesta busca eliminar una limitación introducida por el anterior Gobierno socialista que restringe el incremento del precio del alquiler en determinados nuevos contratos en relación con el contrato anterior. Este cambio permitiría a los propietarios poder fijar el precio que les convenga cuando una vivienda vuelve al mercado bajo determinadas circunstancias.

Ya en mayo, el Ejecutivo portugués aprobó un decreto que incluye incentivos fiscales para la construcción, rehabilitación y arrendamiento de viviendas, y eleva el límite del precio del alquiler al 80% del salario medio en cada municipio donde haya viviendas acogidas a ese decreto.

Escasa protección para los inquilinos

La reforma llega en plena crisis social por el acceso a la vivienda. Según el Instituto Nacional de Estadística portugués, en los dos primeros trimestres de 2026 el precio de la vivienda ha aumentado casi un 35%, uno de los ritmos de encarecimiento más altos de toda Europa, y en ciudades como Lisboa el metro cuadrado roza ya los 20 euros.

El Gobierno de Montenegro confía en que la liberalización aumente la oferta y modere los precios. Según la lógica expuesta por el Ejecutivo, si los propietarios asumen menos riesgos para alquilar sus inmuebles y se les da carta blanca para que decidan sobre el precio y fijen las condiciones, estarán más dispuestos a sacar las viviendas al mercado.

No obstante, varias organizaciones y sindicatos de inquilinos cargan contra la reforma, y advierten de que aumentará la inseguridad de quienes ya tienen dificultades para pagarse un techo y afectará a la estabilidad de quienes únicamente pueden tener una vivienda habitual mediante alquiler.

Como está sucediendo ahora en España, en Portugal llevan meses organizando protestas y manifestaciones en ciudades de todo el país para reclamar políticas que solventen el problema de la vivienda. Una de las principales plataformas sociales es Casa Para Viver, que desde marzo ha conseguido movilizar a casi 100 colectivos y decenas de miles de personas bajo el lema “Já não dá” (Ya no se puede más).

De manera idéntica a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas español, Casa Para Viver exige la intervención del mercado inmobiliario, la regulación del precio de los alquileres, el fin de los desahucios, que los contratos sean más estables y que se invierta en vivienda pública. Rita Silva, una de las activistas del colectivo afirma que la reforma de Montenegro es “un ataque a los inquilinos, que va a hacer explotar la precariedad habitacional”, y acusó al Ejecutivo de querer “acabar con las pocas protecciones que todavía les quedaban a los inquilinos”.

En la misma línea se expresan desde el movimiento Porta a Porta – Casa para Todos. Su portavoz, André Escoval, habla de “una ofensiva sin precedentes contra los derechos de quienes necesitan un techo para vivir”, y le pide a su gobierno que escuche a las organizaciones de vivienda, y que el parlamento vote en contra de las nuevas medidas.

Escoval manifiesta que “no tiene ningún sentido expulsar a una persona de su casa porque se haya retrasado dos meses consecutivos en el pago del alquiler. Hay casos en los que ni siquiera es culpa de esa persona, quizá en su trabajo también se han retrasado en pagarle el salario”, comenta.

Desde Casa Para Viver culpan a Montenegro de estar “favoreciendo la especulación inmobiliaria, y urgen al Ejecutivo a que reconsidere su posición: “en lugar de bajar los precios y aumentar la oferta, cada vez que [el Gobierno] anuncia medidas lo que hace es aumentar todavía más los precios y la inversión especulativa”.

El colectivo pone el foco en la precarización de los inquilinos, y denuncia que “los alquileres han aumentado más de un 100% en los nuevos contratos durante los últimos diez años, el precio de las casas ha aumentado más de un 180% en los últimos diez años y este Gobierno no toma ni una sola medida para contener los precios, sino que liberaliza el mercado”.

Para calmar el malestar de la calle, el Gobierno de Montenegro ha prometido un Fondo de Emergencia Habitacional destinado a apoyar a aquellas personas y familias vulnerables y a quienes puedan perder su casa por no poder pagarla. Sin embargo, el Partido Socialista asegura que la reforma no es más que una herramienta para expulsar a inquilinos. La votación del pasado miércoles ha sido el primer paso hacia una reforma que todavía tendrá que desarrollarse normativamente para convertirse en ley, y que luego deberá ser aprobada por el Parlamento.