Privatizaciones
Global PPP of the Year Awards, o cómo se premia la vulneración de derechos a través de las privatizaciones

Con el nombre de Global PPP of the Year Awards, este martes 4 de junio se otorgan en una Conferencia en Madrid los premios a los “mejores proyectos de colaboraciones público-privadas del año”. Organizado por Partnerships Bulletin y P3Bulletin, y con la participación como ponentes de representantes de la Administración Pública y empresariado del ámbito de las infraestructuras de diversos países y continentes, según la información en la web del evento. Los PPPs, también conocidos como colaboraciones o asociaciones público-privadas (APPs), son contratos a medio o largo plazo, en las cuales el sector privado construye o gestiona grandes proyectos de infraestructura o servicios tradicionalmente proporcionados por el Estado, como hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, agua, saneamiento y energía. Tienen garantías gubernamentales, y el actor privado recibe pagos de las personas usuarias (por ejemplo, a través de peajes) o de la Administración Pública directamente.

En el ámbito del Estado español se han llevado a cabo diversos proyectos bajo esta fórmula. Son “premios” que reciben algunas empresas como ACS, Ferrovial, OHL, Acciona, Sacyr, entre otras, a través de grandes beneficios y a costa del bolsillo de la ciudadanía, con pagos muchas veces sobredimensionados. Esto se concreta con la connivencia de una parte de la clase política —relacionada, en algunos casos, con el fenómeno de las puertas giratorias—. 

¿Cuáles son los auténticos premios en APPs en el Estado? En primer lugar, el premio por sobrecostes e insostenibilidad de las finanzas públicas: el fallido Proyecto Castor, premio de 3.280 millones de euros (frente a los 500 inicialmente presupuestados). En un primer momento pagado a través de nuestras facturas del gas, actualmente recibe la presión de ser cobrado por los bancos que “avanzaron” la indemnización, como denuncia Caso Castor —grupo promotor de la querella criminal ciudadana presentada para dirimir responsabilidades por este fiasco—.

El premio por sobrecostes e insostenibilidad de las finanzas públicas se lo lleva el fallido Proyecto Castor, aunque compite de cerca con las nueve autopistas radiales del Estado

Este premio está bastante disputado por el rescate a las nueve autopistas en el Estado —las cuatro radiales de Madrid, el Eje Aeropuerto que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la autopista Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante—. Rescate cifrado entre 1.800 y 3.600 millones de euros.

En segundo lugar se podrían situar los premios a la falta de democracia: la contratación pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, concentrada en manos de un grupo de conglomerados monopolísticos. Esto lo facilita el hecho que los contratos menores realizados representen un 57 % del total (datos de 2017), proporcionando a los gestores públicos aún mayor arbitrariedad en las asignaciones, según indica Audita Sanidad.

Por último, cabe una mención especial por la vulneración de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: el Canal Segarra-Garrigues, proyecto que además de sobrecostes ha generado graves impactos ambientales en la región donde se ha construido, como denuncian Ecologistas en Acción.

Estos premios se reparten, con impactos similares, en proyectos APPs de todo el mundo, como denuncian numerosas ONG a nivel internacional en sus informes.

Las colaboraciones público-privadas están reguladas por leyes específicas en determinados países europeos y de otros continentes, no siendo así en el caso del Estado español. Forman parte de una estrategia apoyada por organizaciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como por instituciones europeas, responsables de su fomento en su defensa de una política neoliberal. Y esto se reproduce a pesar de los importantes riesgos de los cuáles han alertado en informes y manifiestos instituciones como el Tribunal de Cuentas Europeo o la sociedad civil organizada. Riesgos que se refieren a procesos que vulneran nuestros derechos a unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, a la democracia y a la justicia económica, social, cultural y ambiental.

Las APPs son un componente de la política de privatizaciones, y una forma de equilibrar los presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento. Las prácticas actuales de contabilidad de las APPs permiten a los gobiernos mantener el proyecto fuera de sus cuentas, ya que es el sector privado y no el gobierno el titular del préstamo para financiar el proyecto. Se llama contabilidad creativa: el coste real de un proyecto está escondido. Estas prácticas exponen las finanzas públicas a excesivos riesgos, como hemos visto con el Castor, que inicialmente fue cargado directamente a nuestros bolsillos en las facturas del gas.

El mecanismo de las APPs genera una falsa idea de ‘dinero gratis’ porque el sector privado “avanza” la financiación; pero suelen resultar más costosas a medio y largo plazo

El mecanismo de las APPs genera una falsa idea de ‘dinero gratis’ por ser financiadas en un primer momento por el dinero que “avanza” al sector privado, pero en realidad suelen resultar más costosas a medio y largo plazo. Tampoco hay evidencia de que sean más eficientes que cuando son gestionadas por el sector público. Los proyectos bajo esta modalidad se realizan a partir de largas negociaciones poco transparentes, lo que implica una falta de responsabilidad democrática y, a veces, corrupción. Paralelamente, al estar centradas en el beneficio económico, las iniciativas gestionadas por el sector privado no reparan en los impactos sociales, de género y ambientales que generan. Un ejemplo es la falta de acceso de las poblaciones con menores recursos a estos bienes y servicios, a causa de sus elevados precios —superiores muchas veces a los de la gestión pública—.

Es por esto que celebrar un acto donde se den “premios a las mejores APPs del año” es un escándalo. En el caso del evento en Madrid, se presentan diversos proyectos como posibles ganadores, y al menos uno de los finalistas está salpicado por un escándalo de corrupción. Se trata del hospital Bendigo, en Australia. Pero esto no se va a mencionar cuando se otorguen hoy los “Global PPP of the Year Awards”.