Proyecto Castor
Se aprueba el decreto para endeudar al Estado por el proyecto Castor, pero abierto a enmiendas

Una tosco debate en la que ha salido a relucir la “chapuza” del fallido proyecto Castor, ha acabado en una votación que ha validado de urgencia el Real Decreto-Ley que autoriza a que el Estado se endeude para poder hacer frente a la deuda que tiene contraída con el Banco Santander, Bakia y Caixabank de 1.350 millones de euros. Deuda resultante de la indemnización que se pagó de urgencia a la empresa de Florentino Pérez responsable del fallido almacén de gas. En 2017, el Tribunal Constitucional declaró nula dicha indemnización. Pero el Tribunal Supremo obligó al Estado a responder de esa deuda ante los bancos en una sentencia de octubre de 2020.

El Real Decreto del Ingreso Mínimo Vital pretende colar el pago al Proyecto Castor

Redacción El Salto

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Entre las medidas sociales que se pretenden aprobar en el Congreso, se esconde una que autoriza al Estado a endeudarse para pagar a Caixabank, Santander y Bankia la deuda contraída por el Castor.

El Real Decreto-ley incluye también una concesión de ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda por importe de 638 millones euros, con carácter ampliable, para hacer frente a la ejecución de la sentencia del Supremo por el Proyecto Castor. Para obtener la financiación necesaria para atender al pago, se recurrirá en parte a deuda pública, “al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo”.

Se ha votado la tramitación como proyecto de Ley, lo que permite que se puedan presentar enmiendas a artículos para su tramitación

Con una sobrada mayoría, la votación ha sido aprobada. Pero a petición de agrupaciones, se ha votado la tramitación como proyecto de Ley, lo que permite que se puedan presentar enmiendas a artículos para su tramitación.

Para el grupo ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG, Xnet y IDHC) esto último es una buena noticia. Tal y como declaraba ayer a El Salto Emma Avilés, sus intenciones eran que se tramitara como proyecto de Ley con carácter de urgencia, “porque el IMV sí que es de urgencia”. Pero esta tramitación les abre la puerta a presentar “enmiendas que nos permitan desactivar los artículos referentes a endeudamiento las arcas del Estado para hacer frente a la deuda generada por el proyecto y reclamada por la banca”, según explican en un comunicado emitido tras la votación.

Desde esta plataforma, ya presentaron el 11 de noviembre una Proposición de Ley que se ha registrado en el Senado por parte de Compromís en la que da una solución para que la deuda de ACS no las pague el Estado, sino ACS. Según explican en un comunicado, usarán “este mismo texto para modificar el decreto” y afirman que su “objetivo es esclarecer el entramado de pagos entre los diferentes actores implicados en la indemnización del proyecto Castor”.

¡Lo hemos conseguido!
El #DecretazoCastor se tramitará como LEY para ser enmendado y no pagar 2 veces por el proyecto #Castor.

Ya presentamos la solución para que la deuda #Castor no la pague el Estado/nosotrxs sino #ACS.
Ahora lo volveremos a hacer:https://t.co/fIa4exslnD pic.twitter.com/OB9tnFwMzV

— #CasoCastor (@CasoCastor) January 28, 2021

El texto presentado en el Senado, que usarán para las enmiendas, y de acuerdo con la Ley 9/2017 de contratos en el sector público, exige que se restituyan los pagos realizados, debiendo EscalUGS (conformada por ACS y Dundee Energy) retornar a Enagás la indemnización percibida junto con los intereses y daños y perjuicios pertinentes, para que, a través de esta entidad, el Estado pueda así honrar su deuda con las entidades financieras acreedoras. “En la proposición de Ley hemos demostrado la viabilidad económica de ACS para cubrir las deudas contraídas con el fracaso del Castor y más habiendo repartido dividendos durante la pandemia”, concluyen desde el grupo ciudadano.

El Supremo obliga al Estado a pagar a tres bancos por el Castor

Yago Álvarez Barba

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CaixaBank, Bankia y el Banco Santander adelantaron la indemnización a una empresa de Florentino Pérez que gestionaba la plataforma que ocasionó más de 1.000 temblores de tierra. En 2017, el Tribunal Constitucional declaró nula dicha indemnización.