Proyecto Castor
El Real Decreto del Ingreso Mínimo Vital pretende colar el pago al Proyecto Castor

Bucear en el Real Decreto-ley que pretende aprobar la cobertura social a la ciudadanía como el Ingreso Mínimo Vital y otras medidas sociales y encontrarte con que, entre las medidas, está una que permite que el Estado se endeude para devolver el dinero aportado por tres bancos para indemnizar a la a la ex-concesionaria EscalUGS-ACS por la paralización del fallido almacén de gas Castor. Eso es lo que le ha ocurrido al Grupo Ciudadano Caso Castor, impulsado por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y Xnet, al analizar el RDL 39/2020, de 29 de diciembre, “de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias”.

Este jueves día 28 se tiene que convalidar el RD en el  pleno extraordinario en el Congreso y desde la plataforma ciudadana denuncian la “deplorable operación política del Real Decreto-ley que pone en el mismo saco el Salario Mínimo Vital y otras medidas para las personas con el rescate de las injustificables deudas contraídas para librar de sus deudas a ACS de Florentino Pérez por su inversión fallida del Castor”.

Desde el Grupo Ciudadano Caso Castor exigen que sea ACS quien lo pague, teniendo en cuenta que ha dado beneficios y repartido dividendos en plena pandemia

El Grupo Ciudadano Caso Castor ya presentó el pasado 11 de noviembre una Proposición de Ley que se ha registrado en el Senado por parte de Compromís en la que da una solución para que las deudas de ACS no las pague el Estado —o sea, una vez más, la ciudadanía— sino ACS. “Viendo las cuentas de ACS y viendo que se han repartido dividendos en plena pandemia creemos que EscalUGS-ACS debe ser quien devuelva este dinero y no sea el Estado quien lo pague”, explica a El Salto Emma Avilés, integrante del ODG, organización que exige a los partidos que no se convalide y votar a favor de tramitarlo como proyecto de ley con carácter de urgencia para poder presentar una enmienda elaborada desde la sociedad civil que propone que este importe sea restituido por la ex-concesionaria. “La idea sería no convalidar este decretazo, pedir que se tramite como proyecto de ley con carácter de urgencia, porque el IMV sí que es de urgencia”, matiza Avilés.

En la Proposición de Ley presentada, de acuerdo con la Ley 9/2017 de contratos en el sector público, “deben restituirse las cosas recibidas, debiendo EscalUGS -conformada por ACS y Dundee Energy-, retornar a ENAGAS la indemnización percibida junto con los intereses y daños y perjuicios pertinentes, para que, a través de esta entidad, el Estado pueda así honrar su deuda con las entidades financieras acreedoras”.

La indemnización a ACS en concepto de lucro cesante, de 1.350 millones, fue pagada de urgencia a la empresa de Florentino Pérez mediante un préstamo sindicado entre Caixabank, Santander y Bankia, que adelantaron la indemnización a la empresa de Florentino Pérez que gestionaba la plataforma que ocasionó más de 1.000 temblores de tierra. En 2017, el Tribunal Constitucional declaró nula dicha indemnización. Pero el Tribunal Supremo obligó al Estado a responder de esa deuda ante los bancos en una sentencia de octubre de 2020.

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CaixaBank, Bankia y el Banco Santander adelantaron la indemnización a una empresa de Florentino Pérez que gestionaba la plataforma que ocasionó más de 1.000 temblores de tierra. En 2017, el Tribunal Constitucional declaró nula dicha indemnización.