Pueblos recuperados
La demolición de Fraguas depende del Seprona de la Guardia Civil

Un nuevo soplo de aire fresco ha sorprendido al pueblo recuperado de Fraguas, en la sierra norte de Guadalajara. Nueve años han pasado desde que algunos activistas se asentaran y empezaran a reconstruir este municipio alcarreño destruido durante el franquismo y dinamitado después por diversas prácticas del ejército español. Hace dos años, la Audiencia Provincial condenó a seis de ellos a una pena que podría superar los dos años de cárcel, y aunque este nuevo movimiento no se relaciona directamente con la condena, sí que da un impulso a los habitantes actuales: el Juzgado ha pedido al Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), entidad que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y al Seprona de la Guardia Civil que elaboren un informe sobre el patrimonio histórico y etnográfico que puede haber en la zona. El derribo, si se produce, se alargará todavía un tiempo.

Esta última actualización del proceso judicial cuya condena aún no se ha ejecutado no se queda en el asunto de la demolición. “La Fiscalía también había solicitado el desalojo de los ocupantes que ahora mismo están en Fraguas, y el Juzgado les ha respondido que,  para eso, tienen que empezar un nuevo proceso por el supuesto delito de usurpación con los nuevos identificados para que se inicie el proceso correspondiente”, agrega Erlantz Ibarrondo, el letrado de la defensa. Él mismo completa: “Aunque el escrito de la jueza no dice expresamente que se paraliza el derribo, sí que dice que el Seprona de la Guardia Civil debe elaborar un informe técnico en el que analicen la protección del patrimonio histórico citada por el Incipit”.

Lalo Aracil, uno de los condenados por el proceso judicial, ha recibido bien esta noticia: “Aunque todo está por ver, abre la posibilidad de que la sentencia se pueda declarar como no ejecutable porque los bienes que hay en Fraguas están mejor conservados con nuestras estructuras, así que nos da un pequeño margen de esperanza a nivel legal”. En cuanto al asunto del patrimonio de la zona, el activista no se olvida de que “ya era hora de que alguien de que con algo de poder, por así decirlo, obrara en consecuencia y reconociera que Fraguas era un pueblo: primero para evitar la demolición, que sería un paso muy grande, y después para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha volviera a darle la titularidad de pueblo, con lo que se terminaría el conflicto”.

Las seis personas condenadas están obligadas a pagar la demolición como responsabilidad civil, tasada erróneamente hasta en dos ocasiones por la Junta al incluir edificaciones no enjuiciadas. Si consiguen evitar la demolición no entrarían en la cárcel ya que es el impago de esta cuantía que ronda los 34.000 euros lo que aumenta sus penas hasta superar los dos años de prisión. “Llevamos años que parecen un partido de tenis. La Junta hace algo nuevo, nosotros respondemos, y así. Todo esto nos carga bastante, es mucho tiempo de proceso judicial y dos años para ejecutar la sentencia. Nos quita tiempo para lo que queremos hacer, que es desarrollar una vida en armonía con el campo”, comenta Lalo.

La Administración evita la repoblación

Es curioso, en realidad, pues estos activistas únicamente están repoblando un pueblo deshabitado, lo que desde la política institucional se viene reivindicando desde hace un tiempo: “La Administración siempre está diciendo que luchan contra la despoblación y ponen millones de euros encima de la mesa para ello, pero cuando lo hacemos los movimientos sociales con un gasto de 0 euros para las arcas públicas, que somos los que están repoblando la España vaciada, cargamos con penas hasta de cárcel”, en los términos de Aracil, quien cita al PSOE, “quienes tienen la bandera de luchar por la memoria histórica pero ahora aprietan al máximo para echar abajo un pueblo por segunda vez, cuando la primera que se destruyó fue el franquismo”.

“La jueza les ha tenido que poner los puntos sobre las íes porque llevan nueve años con un proceso en el que la Junta ni siquiera sabía que había patrimonio a conservar. Es paradójico que quieran preservar estos bienes demoliéndolos y, en el caso de que haya algo de valor, lo museifiquen. Cualquier persona con un poco de criterio sabe que para conservar unas ruinas como estas es mejor que tengan un tejado paro que no sigan deteriorándose, y que eso no lo quieran ver desde la Junta es muy duro para nosotros”, se explaya Aracil.

El activista incide en que los actuales vecinos de Fraguas no solo están protegiendo el patrimonio histórico de la zona, algo que debería hacer la Junta, sino también recuperando el patrimonio cultural: “Nuestra forma de vida se basa en lo tradicional, como la huerta. Es la metodología que llevaban a cabo los antiguos habitantes que estuvieron en el pueblo antes de que les expulsaran, así que son nuestra guía, lo único diferente es que ahora queremos hacerlo con todas las facilidades que nos da la tecnología y con la luz de las placas solares, por ejemplo”.

Intereses para el derribo

Fer es uno de los vecinos actuales de Fraguas, y aunque ve algo complicado evitar la demolición, afirma que “se ha notado mucho la ayuda de gente independiente como arqueólogos, medios de comunicación afines y toda la gente que se acerca a echar una mano”. Desde su perspectiva, el movimiento por parte de la jueza es algo positivo, pero eso no evita sentir algo diferente al miedo, algo que a veces paraliza más que el temor: “Más que otra cosa es impotencia; una impotencia muy grande al ver que todo el esfuerzo que hemos puesto aquí, que no ha sido fácil en algunos momentos, puedan tirarlo abajo”.

El vecino del pueblo recuperado también recuerda que la ejecutoria de la sentencia sigue en vigor, aunque haya sido en este periodo de idas y venidas entre la Administración, los activistas involucrados y el Juzgado cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha haya querido introducir a nuevas personas en el proceso. “Al final les han dicho que para eso tienen que identificar a los nuevos pobladores, así que querrán saber quiénes somos para poder juzgarnos”, atestigua Fer antes de señalar que “la Junta ha hecho dejación de funciones en la zona y ha intentado demoler estructuras que no estaban sentenciadas, así que su protocolo de actuación ha sido bastante deficiente”.

¿Por qué quieren expulsar de un pueblo deshabitado a los jóvenes que lo reconstruyen? ¿No debería ser esa una prioridad desde las instituciones? Lalo responde: “Temen un efecto llamada, pero en realidad es lo que están consiguiendo ellos solos con todos los impedimentos que nos ponen y de los que nos tenemos que defender. Tienen sus intereses, desde luego, pero también podrían desalojarnos y no tirarlo todo abajo, aunque eso tampoco tendría sentido dada la labor de conservación que hacemos allí de forma gratuita. A nadie se le ocurriría tirar unas casas, es aberrante, y ahora están intentando hacer lo mismo que ya hicieron con Fraguas durante la dictadura”.

Fer también tiene palabras para la Administración. Desde su perspectiva, “viven en una hipocresía al abanderar que se habiten zonas de la España vaciada cuando realmente no dejan la posibilidad para construir nuevas formas de vida, ya que las capan y coartan al instante”. Lalo muestra su incertidumbre respecto al proceso, pero recalca que “si hay un poco de serenidad por parte de la Junta y la jueza tiene todo en cuenta, es posible que se paralice la demolición”. De hecho, es la Junta quien tiene muchas cosas que decir en cuanto al derribo “y aunque hubo un momento en que sí se dio cierta perspectiva de diálogo, a día de hoy parece que no”, agrega el activista condenado. “Tenemos esperanza y seguimos con ganas de luchar por el proyecto. Lo vamos a defender, y también contamos con un apoyo social muy grande, así que nos sentimos respaldados”, concluye el propio Lalo.