Reino Unido
El efecto por el golpe de Johnson alcanza a la reina y acerca el abismo de un Brexit sin acuerdo

El Gobierno conservador de Boris Johnson ha forzado la suspensión del Parlamento Británico por un periodo de cinco semanas. La justificación oficial es permitir presentar su programa de Gobierno al nuevo ejecutivo (sucesor de Theresa May). Sin embargo, las risitas que se le escapaban a Boris Johnson en una entrevista no dejaban lugar a dudas: suspende el parlamento para impedir que éste ejerza su control de gobierno como hizo con el gabinete de May. Entre los objetivos nada velados del nuevo ejecutivo se incluyen evitar que el Parlamento le obligue a extender el periodo de negociación del Brexit, definir sus términos y parar un Brexit sin acuerdo.  

¿En qué consiste la suspensión del Parlamento?

El consenso sobre el motivo real de la suspensión es tal que en la tarde del miércoles (cuando se produjo el anuncio) tuvieron lugar varias concentraciones de protesta espontáneas. En ciudades como Londres, Manchester, Bristol o Cardiff miles de personas gritaban “stop the Coup” (paremos el Golpe de Estado). En las redes sociales británicas, donde los temas políticos rara vez alcanzan los trending topics, términos como #DictatorBoris, #GeneralStrike (huelga general) o #StopTheCoup estuvieron entre los cinco hashtags más utilizados durante la tarde del miércoles.

Entrada la noche, el hashtag más utilizado en Twitter fue #AbolishTheMonarchy (abolamos la monarquía), responsabilizando a la Reina Isabel II de sancionar el golpe. Este dato ejemplifica la profundidad de la crisis política en un país donde la Reina Isabel II alcanzaba cuotas de popularidad del 90%.

Si bien la fórmula no es exactamente inconstitucional, hay dudas sobre la legalidad de su duración y el uso de la suspensión del Parlamento que hace el Gobierno. La suspensión es una fórmula utilizada para ‘resetear’ la legislatura sin pasar necesariamente por las urnas, y suele tener lugar tras una reestructuración profunda del gobierno. Tras un corto periodo que suele ser de poco más de una semana, la Reina lee el programa de gobierno que le pasa el ejecutivo en la Cámara de los Comunes y la sesión legislativa retoma su andadura. Lo que ha despertado la indignación del Parlamento y el pueblo es el momento elegido de la suspensión y su duración, inéditos en la historia reciente del Reino Unido, y diseñados para perturbar al máximo la actuación parlamentaria de control al Gobierno.

Las injustificadas cinco semanas de suspensión se han situado en la agenda para dejar menos de una semana antes de la suspensión y dos semanas entre la suspensión y el Brexit. Todo proyecto de ley que no haya sido aprobado antes de la suspensión queda eliminado de la agenda cuando el parlamento vuelva a reunirse. Como consecuencia, los diputados que quieren retrasar la salida para retomar la negociación con la Unión Europea cuentan con seis días para presentar el proyecto de ley, debatirlo y votarlo tanto en los Comunes como en los Lores.

El 70% de los tomates, el 99% de las espinacas y más de la mitad de la fruta es de producción europea. Todos estos productos estarían sometidos a aranceles con un coste medio del 22%

El objetivo del Gobierno es dejar al Parlamento apenas dos semanas entre el inicio de la nueva sesión el 14 de octubre, y la salida del Reino Unido de la UE el 31. De ese modo, Johnson gana tiempo para forzar a los parlamentarios a elegir entre su futuro acuerdo o el caos. Todo ello suponiendo que en cinco semanas pueda alcanzar un nuevo acuerdo con la UE, un trabajo técnico y político que le llevó a May dos años conseguir.

El conflicto detrás del golpe: la paz en Irlanda del Norte

Es importante recordar por qué se niega la UE a renegociar el acuerdo alcanzado con May el noviembre pasador. El acuerdo negociado por May establece un periodo (cada vez más corto, debido al retraso de la salida) para que el Reino Unido negocie una relación estable con la UE. Ese acuerdo incluye el llamado “Irish Backstop”, una salvaguarda que garantiza que permanezca la libre circulación de personas y mercancías en la frontera entre Irlanda del Norte (de soberanía británica) y la República de Irlanda (en la UE) mientras se negocia un acuerdo de libre circulación entre el Reino Unido y el resto de la UE. Mientras dicho acuerdo no se alcance, el Backstop continúa manteniendo de facto al Reino Unido dentro de la unión. Los euroescépticos, con Boris Johnson a la cabeza, no están dispuestos a firmar un acuerdo que incluya el Backstop.

Sin embargo, la alternativa es una frontera estándar, lo cual violaría el Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin al conflicto de Irlanda del Norte en 1998. El acuerdo garantizaba que no habría controles fronterizos regulares en la frontera entre los dos países, algo imposible de mantener con controles arancelarios. En los últimos meses ha habido varios atentados de baja intensidad en Irlanda del Norte, lo que podría incrementarse si vuelven los controles fronterizos. Mantener la paz en Irlanda del Norte es primordial para Irlanda y la UE ha respaldado a su socio sin fisuras.

Un Brexit sin acuerdo: hambre y desabastecimiento

Si bien el conflicto de Irlanda del Norte es importante, un Brexit sin acuerdo tiene consecuencias más inmediatas e inevitables para la población. La eliminación de aranceles supuso que la producción de gran parte de los alimentos consumidos por los británicos fue desplazada a países de la UE, especialmente España y Países Bajos donde los precios eran más bajos y la calidad y diversidad superior. Los alimentos más importados de la UE son fruta y verdura, fundamentales para una alimentación equilibrada. El 70% de los tomates, el 99% de las espinacas y más de la mitad de la fruta es de producción europea. Todos estos productos estarían sometidos a aranceles con un coste medio del 22%, lo que supondría un aumento prohibitivo para las capas más humildes de la población, especialmente los niños.

La asociación de transportistas Royal Haulage Association estima que los conductores tendrán que esperar entre 24 y 48 horas para pasar la frontera

Además desataría un aumento de precios en otros productos alimenticios al disminuir la oferta asequible de una gran parte de la cesta de la compra. El impacto será especialmente notable para las capas más vulnerables económicamente. Casi tres millones de niños británicos reciben una comida gratis en el colegio porque sus padres no pueden permitirse pagar por ella. Una subida de precios les pondría en dificultades para mantener una alimentación equilibrada.

Una frontera arancelaria también impone serios problemas logísticos. Actualmente los camiones con productos europeos circulan de manera ininterrumpida a través de la frontera. Los controles arancelarios supondrán colas kilométricas de camiones en la frontera, bien en Calais o en Dover.

La asociación de transportistas Royal Haulage Association estima que los conductores tendrán que esperar entre 24 y 48 horas para pasar la frontera, sin que se hayan establecido infraestructuras para adaptarse a tal situación. Además, gran parte de los alimentos importados de la UE son frescos y los supermercados dependen de un transporte ininterrumpido para su venta. El cuello de botella de una frontera arancelaria es un problema sobre el que ya dieron la alarma en marzo las mayores cadenas de supermercados, sin que el Gobierno haya trazado ningún plan para atacarlo.

Otro producto cuyo desabastecimiento puede costar vidas son los medicamentos. Una agrupación de organizaciones y sindicatos sanitarios advertía que “muchos medicamentos, incluyendo algunos para la terapia y el diagnóstico del cáncer, no pueden ser almacenados. Este tipo de desabastecimiento sería fatal. Un gobierno responsable no debería tomar estos riesgos”.

Parar el Golpe

Varios grupos están trabajando por separado para parar la suspensión. Por un lado, un grupo de parlamentarios liderados por el Partido Nacional Escocés, y en paralelo la activista anti-Brexit de la City Gina Miller, han iniciado acciones legales. Su objetivo es probar que el consejo del Primer Ministro a la Reina para suspender el parlamento (no la suspensión en sí) es ilegal. Por otro lado, hay varias iniciativas parlamentarias preparadas para los pocos días antes de la suspensión.

El laborista Jeremy Corbyn ha amagado con impulsar una moción de censura (para el que necesita el apoyo de otros grupos, incluyendo a diputados tories) que le convierta en Primer Ministro por unas semanas, con el único objetivo de retrasar la salida y convocar nuevas elecciones. En este momento no parece que le den los números. Otras iniciativas en discusión incluyen forzar unas elecciones generales o aprobar una iniciativa vinculante que fuerce al gobierno a solicitar a la UE el retraso de la salida. Su éxito o fracaso es algo que se verá en la próxima semana.

A pesar de manifestaciones y el impacto en redes sociales, no parece que las iniciativas populares vayan a doblegar al gobierno. Las voces llamando a una huelga general no parecen tener eco, algo comprensible dada la legislación anti-sindicatos que prohíbe las huelgas generales y fuerza a las organizaciones sindicales a un largo proceso interno de meses para convocar huelgas sectoriales. La campaña por un segundo referéndum People’s Vote convocó a cerca de un millón de personas en Londres el pasado marzo, pero no tuvo ningún impacto en la acción de gobierno.