Renta básica
“Un tercio de las personas que cobran la Renta de Garantía de Ingresos tienen trabajo”

El PNV logra ocultar tras el barullo mediático su dejación de funciones, en la segunda legislatura que menos leyes ha sacado adelante en la historia del Parlamento Vasco. Con los presupuestos prorrogados, agotada la vía del cambio de cromos con el PP, la tentativa de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) parece ser la enésima iniciativa condenada al fracaso, a pesar de que siguen insistiendo en la línea de recortes de las prestaciones que ha caracterizado los últimos años. Tinixara Guanche, parlamentaria de Elkarrekin Podemos y responsable de Protección social y Acogida de Podemos, sigue muy de cerca todo el proceso.

Los sindicatos, la Carta Social y una amplia parte del Tercer Sector pide la retirada de la reforma de la RGI ¿Qué consideras que debería de ser el siguiente paso? ¿Hay alguna posibilidad de que esta ley vaya adelante?
La verdad es que desde Elkarrekin Podemos lo que vemos claro es que el PNV y el PSE deberían de rectificar. Lo reclama también un amplísimo sector social que, además, agrupa a personas perceptoras y a muchos profesionales que están valorando el impacto terrible que esta ley podría tener sobre las personas que la necesitan.

Desde unos días antes del 17 de octubre, día internacional contra la pobreza hemos escuchado a distintos sindicatos, colectivos y representantes de entidades como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Euskadi pidiendo otro marco para avanzar y no retroceder en un derecho tan básico. Nosotras lo tenemos claro y coincidimos plenamente en que estas formas y este año no son un buen terreno para tejer los consensos indispensables que tiene que haber en torno a los sistemas de protección social. Tras escuchar buena parte de las comparecencias en el Parlamento, tenemos claro que esta ley no va a dar respuesta a los retos actuales y ha dejado fuera cosas que claman al cielo como la violencia machista.

Es indispensable que PNV y PSE rectifiquen y nosotras apoyaríamos esa rectificación. Sería una muestra de que lo que les importa es la gente que necesita ayuda en Euskadi y no ganar un proceso que, a día de hoy, ha perdido toda legitimidad.

Bajan el número de perceptoras de prestaciones públicas por la expulsión intencionada de personas del sistema mediante mecanismos de control que olvidan el fin último del derecho

La reforma de la RGI en trámite parlamentario supone un recorte tanto de cuantías como de personas con derecho a percibirla. ¿El descenso del número de perceptores es por la vuelta al empleo o por la gestión realizada desde Lanbide (servicio vasco de empleo)?
Dice la Consejera Artolazabal que la mejor política social es el empleo, pero la recientemente publicada Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) confirma que en Euskadi en efecto baja el número de personas en desempleo y también el número de personas perceptoras de prestaciones públicas. Esto último es, fundamentalmente, más que por la vuelta al empleo por la expulsión intencionada de personas del sistema mediante mecanismos de control que olvidan el fin último de la prestación y el derecho.

En todo caso, un tercio de las personas que ejercen este derecho son empleadas en situación de precariedad. Además, solo entre enero de 2018 y junio de 2019, se le ha quitado la RGI a 44.670 personas. Nada más que 513 la han perdido por superar ingresos y solo 71 por un uso indebido de la prestación. El descenso en la RGI tiene que ver directamente con la mala gestión de Lanbide y además aquellas personas que acceden al empleo no lo hacen en condiciones de calidad, puesto que los datos de pobreza en personas empleadas son cada vez mayores.

Pero el Gobierno dice que las cuantías aumentarían para algunos tipos de familias.
Esta reforma supone una mejora en las cuantías para las familias de más de 3 miembros y las pensionistas, pero son pocos euros y pocos casos. Si aplicásemos la ley actual sin recortes, todos los grupos sociales saldrían más que beneficiados y la gran mayoría superaría los umbrales de pobreza.

Con esta reforma no hay ningún colectivo que se vea verdaderamente beneficiado en un planteamiento global, ya que precariza las condiciones de acceso y de mantenimiento de las prestaciones y aumenta el control y las sanciones con medidas absolutamente desproporcionadas.
En ese sentido, pensamos que nos encontramos ante una criminalización en toda regla. Se genera una situación de inseguridad jurídica que aumenta la indefensión de las personas que cobran la prestación. Y eso es un peligro.

¿Cuáles son los colectivos a quienes más están afectando los recortes de los últimos años?
En realidad esos recortes afectan gravemente a todas y cada una de las personas perceptoras de RGI y, sobre todo, afecta a quienes peor lo pasan en esta sociedad. Lo vimos en el año 2012, cuando se aplicó un recorte del 7% en lo que cobraban las personas perceptoras, y en el año 2016 se negó la subida al SMI. Eso supuso un castigo a quienes peor lo estaban pasando.

El espíritu de esta reforma está lejos de ser el de cubrir a la gente que ahora mismo queda fuera. Supone un retroceso general del derecho al acceso de las prestaciones de todos los colectivos

En su día se incrementó en mucho el precio de las habitaciones en alquiler y aumentaron las situaciones fraudulentas en el sistema de alquiler y de empadronamiento por pura supervivencia. Además, se realizaron miles de suspensiones y de prórrogas que generaron injustos cortes de la prestación y millones de euros en pagos indebidamente realizados por Lanbide. También aumentó el tiempo para estabilizarse en la percepción de la prestación, especialmente lesivo para las personas sin hogar. Estas cuestiones, siguen siendo sufridas por muchas personas a día de hoy y la solución que el PNV y el PSE ponen sobre la mesa es reducir a una la prestación por vivienda.

Esto constata que el espíritu de esta reforma está lejos de ser el de cubrir a la gente que ahora mismo queda fuera. En definitiva, supone un retroceso general del derecho al acceso de las prestaciones de todos los colectivos.

¿En que cambiará el sistema en relación al complemento de jubilaciones y viudedades?
Los complementos de pensiones han sido una operación de marketing que se ha utilizado como uno de los justificantes de esta reforma. Pero la verdad es que son un gran titular vacío. Si las pensionistas cobrasen hoy lo que les corresponde por ley sin recortes cobrarían más y de una forma más segura que lo que plantea esta proposición. Además a las pensionistas más o menos las cuantías no les varían mucho respecto de lo que hoy cobran [50€ arriba o abajo según la configuración de la unidad de convivencia], pero se introducen dos elementos que no tienen ningún sentido aplicar a este colectivo, los coeficientes de implicación y participación, que pueden dejar en una cuantía muchísimo menor lo que cobran, y las obligaciones. Por ejemplo, las pensionistas no podrán salir más de 15 días al año de Euskadi sin pedir permiso y en ningún caso, más de 90 días en 2 años, en cuyo caso perderían el apoyo.

Esto de facto supone que para ir al pueblo o para ir a viajes del IMSERSO, quienes han currado toda la vida y ahora están jubiladas con una pensión precaria, por tener un apoyo, van a tener que contar los días, pedir permiso y vivir su jubilación como Lanbide estime conveniente. Desde Elkarrekin Podemos nos parece un elemento perverso que va a afectar muy negativamente a las personas pensionistas que complementan sus prestaciones con la RGI.

¿Se van a buscar formas de colaboración para combinar oposición en el Parlamento y la colaboración con organizaciones sociales y sindicales?
Nosotras siempre hemos estado del lado de los colectivos sociales y sindicales que impulsan movilizaciones contra los recortes sociales. Y seguiremos estándolo. Queremos ser un altavoz para quien pelea a pie de calle, porque entendemos que es la misión más importante que tenemos en el Parlamento. Tenemos claras sus preocupaciones y entendemos que debemos apoyarlas para que se tomen en consideración en los espacios de decisión política y en las instituciones.

¿No pretenden el PNV y la Patronal endurecer el acceso a los programas sociales como forma de empujar a la gente más necesitada a aceptar empleos cada vez más explotados?
En el marco de la RGI hay ya a día de hoy un tercio de las personas que la cobran que son trabajadoras precarias. En las comparecencias que hubo a lo largo del año 2018 para hablar sobre el modelo que presentaba la consejera para la modificación de la RGI, ya los sindicatos introdujeron el debate, la duda o la reflexión sobre si la herramienta actual de “estímulos al empleo”, que aparece como complemento en la RGI, no se está convirtiendo en una herramienta para profundizar en la precariedad o parchearla.

Nosotras llevamos tiempo también reflexionando y diciendo que el empleo no puede ser en torno a lo que gire la posibilidad de tener o no otros derechos porque esto supone ser miope o negar la realidad. El empleo, en torno al cual se ha ido estructurando el acceso a derechos, recursos y servicios públicos, ya no es un marco de garantía de derechos y cada día son más las personas pobres que están en el mercado laboral.

Ni un paso atrás respecto de los derechos conquistados. Toca mejorar los derechos para las más de 60.000 personas que, teniendo la necesidad, hoy están fuera de los sistemas de protección social en Euskadi

¿Cuáles serían las claves de una reforma de la RGI para mejorar su cobertura y evitar la cronificación o trampa de la pobreza?
Para nosotras la clave es clara: ni un paso atrás respecto de los derechos conquistados. Toca construir sobre eso para ensanchar y mejorar los derechos para las más de 60.000 personas que, teniendo la necesidad, hoy están fuera de los sistemas de protección social en Euskadi.

Y partiendo de esa base, hay que bajar la edad de acceso a los 18 años, ligar el cálculo de la prestación a un índice que supere los umbrales de la pobreza e individualizar la prestación yendo más allá de la unidad de convivencia. Además hay que poner en el centro de la reforma la perspectiva feminista, el principio de protección de la infancia y la adolescencia, el principio de accesibilidad, el principio de transparencia, el principio de proporcionalidad y la seguridad jurídica. Por último, hay que poner encima de la mesa elementos orientados a la inclusión social como algo que vaya más allá del empleo.