Represión
Caso Altsasu, un año de la pelea que acabó en la Audiencia Nacional

Las fábricas de la opinión pública han logrado llevarnos al punto, podríamos decir, distópico en que se acepta socialmente una petición de 375 años de prisión para los jóvenes implicados en la presunta agresión que acabaría con el tobillo de un agente de la Guardia Civil lesionado.

Asusta cómo se ha podido llegar a distorsionar tanto la realidad, o bien atomizarnos tanto socialmente (o una mezcla de ambas), como para que no comprendamos que todo el proceso ha sido completamente desproporcionado y que lo que afecta a los jóvenes de Altsasu nos afecta a todos. Porque lo que está en juego son las medidas de represión que podrían aplicarse a cada uno de nosotros.

Todo comienza el 15 de octubre de 2016. La versión oficial inicial nos presenta una emboscada tendida a dos agentes de la Guardia Civil de paisano. Serían agredidos por hasta 50 abertzales extremistas cuando estaban tranquilamente alrededor de las cinco de la mañana tomando unas copas en un bar, debemos suponer que sobrios. Sus parejas intentaron mediar y también resultaron heridas de levedad. Hasta ahí, la versión oficial en líneas generales.

Los vecinos presentaron una versión un tanto distinta: “Ni emboscada, ni paliza, ni kale borroka. Estamos siendo víctimas de un montaje policial”. El colectivo Ospa Mugimendua negó tanto el número de personas implicadas como que se tratase de una emboscada. Según ellos, los agentes utilizaron frases como “te voy a matar” o “te voy a meter un tiro entre ceja y ceja”.

El País abría un artículo por entonces dando voz a los vecinos que insistían en que se trataba de una “pelea de bar” y tenían claro que había nacido como tantas otras a altas horas de la madrugada. El País da voz también en él a un guardia civil de Altsasu con el que ha logrado contactar, y que coincidía en esta versión, aunque apuntaba que el hecho de ser guardias civiles pudo desencadenar el ensañamiento.

En definitiva, en las noticias en que se daba voz a los vecinos, parece que éstos no estaban muy de acuerdo con la línea sostenida mayoritariamente por la prensa, ni con la versión presentada por los agentes de la Guardia Civil heridos, que se negaron a declarar ante la Policía Foral y llegaron a un acuerdo para hacerlo ante su propio cuerpo. ¿Algo que ocultar?

El caso en la Audiencia Nacional

El 19 de octubre COVITE lleva el caso a la Audiencia Nacional presentando una denuncia por delito de terrorismo contra los jóvenes implicados y miembros de Ospa Mugimendua, lo que podría suponer penas elevadas de prisión. El 22 de octubre más de 2.000 personas saldrían a la calle en Altsasu en apoyo a los jóvenes.

Al final de la manifestación todos los manifestantes se concentrarían en una plaza en disposición de circunferencia. Varios miembros de COVITE provocarían un momento de tensión al presentarse con carteles con lemas como “sin pistolas no sois nada” ante todas esas personas. Acudieron pocas personas, menos de 20, para no contar como convocatoria no comunicada de forma que la Policía debería expulsarlos con arreglo a la ley.

Ni el informe de la Policía Foral ni el de la Guardia Civil coinciden con la versión de los agentes, ni con la de COVITE: no atribuían carácter terrorista a los delitos de lesiones, atentado a la autoridad y de odio

Para el 25 tanto la Policía Foral como la Guardia Civil ya habían publicado sus respectivos informes, y ni uno ni otro coincidían con la versión de los agentes, ni con la de COVITE: no atribuían carácter terrorista a los delitos de lesiones, atentado a la autoridad y de odio. El informe realizado por la propia Guardia Civil negó un linchamiento organizado y la implicación de 50 personas en el mismo. Ni la Policía Foral ni la Guardia Civil consideran que exista delito de terrorismo en la trifulca. 

Ese mismo día se publicaba el auto de competencia de la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia interpuesta por COVITE en el que se ordenaba la persecución de todo aquel que pusiese en duda la versión oficial, cuando no había hecho más que comenzar el proceso judicial y ni mucho menos existía (ni existe) ninguna sentencia al respecto: Líbrese oficio a la Guardia Civil a fin de que [...] identifiquen a quienes realizaron las declaraciones y aparecen en las fotografías publicadas para desmentir colectivamente “la versión oficial” de las agresiones, así como a los titulares y responsables de la cuenta denunciada AltsasukoGaztetxea (@AltsasukoGA).

Sanciones económicas

Y vaya si se hizo. Para marzo de 2017 unos veinte jóvenes ya habían recibido sanciones económicas de la Guardia Civil por solidarizarse con los procesados por “terrorismo”. El 9 de julio la Policía española pararía a una persona que portaba una camiseta con el lema “Etxera #AltsasukoakAske Muntai poliziak ez STOP montajes policiales” para pedirle documentación y amenazarle con una denuncia, alegando que era ilegal. Otros cinco jóvenes y recibirían improperios de los agentes como “Sois terroristas” tras identificar a dos de ellos. Dos días después, otros once jóvenes altsasuarras habrían sido identificados en Iruñea.

Pero sigamos con la historia... Al día siguiente de la publicación del auto de la Audiencia Nacional, seis de los ocho jóvenes identificados en el informe de la Guardia Civil acudirían al Juzgado de Iruñea a declarar voluntariamente sin poder llevarlo a cabo debido a que la jueza Mari Paz Benito no se encontraba de guardia.
Pese a su disposición a declarar, el 14 de noviembre la Guardia Civil realiza una operación de madrugada para detener a los jóvenes como si del desmantelamiento de una organización terrorista se tratara y los traslada a las dependencias de la Audiencia Nacional.

Lamela dicta prisión preventiva para seis de los jóvenes por “riesgo de fuga”, al considerar que existía tentación por la gravedad de los hechos, que favorecería el apoyo familiar, así como para evitar la destrucción de pruebas y la reiteración delictiva, alegando que los investigados venían realizando una serie de actos de carácter violento e intimidatorio contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dentro del marco de la campaña “que se vayan” (algo por lo que la AVT ya había llevado a Ospa Mugimendua a la Audiencia Nacional, que archivó la denuncia). 

A los encarcelados se les imputa por el artículo 573 del Código Penal reformado tras el Pacto Antiyihadista firmado por el PP y el PSOE y cuestionado por cinco relatores de la ONU 

A los encarcelados se les imputa por el artículo 573 del Código Penal reformado tras el Pacto Antiyihadista firmado por el PP y el PSOE que cinco relatores de la ONU habrían cuestionado en 2015 al considerar que “podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo”, además de la definición “excesivamente amplia e imprecisa” que realiza del terrorismo.

El 21 de noviembre se publica el auto que ordenaría el ingreso a prisión de los jóvenes de Altsasu. En él destacan los motivos que se esgrimen contra Iñaki Abad: fue reconocido en foto y en rueda por Mª José como una de las personas que en el interior del bar formaba parte del grupo que les dirigió miradas despectivas y directas; y por el Sargento como una de las personas que le golpeó a él y le alejó del Teniente agarrándole por la espalda y empujándole hasta la mitad de la calzada donde el Sargento cayó al suelo mientras era golpeado con puñetazos y patadas especialmente en la espalda. También fue reconocido por Pilar Pérez como una de las personas que participó en la agresión aunque no recordaba lo que hizo en concreto. El hecho de que se recoja la dirección de miradas despectivas contra agentes de la Guardia Civil como motivo para llevar a alguien a prisión, debería hacer temblar a cualquiera.

La lucha de las familias

Días después del ingreso a prisión, el 26 de noviembre unas 20.000 personas se manifestaron en Altsasu, un pueblo de 7.600 habitantes, por la libertad de los jóvenes en una demostración enorme de fuerza y solidaridad por parte del pueblo de Euskal Herria. Para el 3 de diciembre unas 140 personas del lugar se organizaron para ir en autobús desde Altsasu hasta Soto del Real para dar apoyo moral a los jóvenes presos. Llegan a Madrid y la Guardia Civil les impide concentrarse.

El 20 de diciembre se celebra la vista para analizar los recursos presentados por las defensas de los jóvenes, a los que se les tomó declaración. Carmen Lamela impediría a los abogados de los jóvenes de Altsasu presentar sus pruebas. Para el 21 de diciembre quedarían en libertad cuatro de los siete jóvenes encarcelados (entre ellos Iñaki Abad), y permanecerían encerrados Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, que a día de hoy, más de 300 días después, continúan en prisión preventiva, a espera de juicio, a cientos de kilómetros de sus familias.

Desde Altsasu continúan organizándose para apoyar a los detenidos en Madrid convocando una nueva concentración para el 28 de enero ante la prisión del Soto del Real, lidiando con el asedio de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) que solicitó a la Audiencia Nacional que se prohibiese dicho acto.

Para el 3 de junio los vecinos de Altsasu y allegados a los jóvenes volverían a concentrarse en Madrid ante la celda en que seguía encerrado Adur en Soto del Real. Sus manos aparecieron entre las rejas, desde donde gritó “Eskerrik asko” [muchas gracias] a los que le brindaban apoyo desde fuera.

Como represalia por agradecer las muestras de solidaridad, Lamela ordenaría el 6 de junio que Adur fuese cambiado de régimen carcelario y se le aplicase el régimen FIES (módulo de aislamiento), el más severo de los regímenes carcelarios que existen. Adur fue trasladado de prisión a Aranjuez, separándolo de Jokin y de Oihan, a quien llevaron a la prisión de Navalcarnero manteniendo a sus familiares desinformados por más de 24 horas.

Todo esto ocurría poco después de que se resolviese la disputa por la competencia que había iniciado el 24 de marzo la Audiencia Provincial de Navarra al rechazar, en un ejercicio de cordura, que la agresión de Altsasu fuese terrorismo, de forma que no le correspondería a la Audiencia Nacional juzgar el caso, que debería volver a Iruñea.

La Audiencia Nacional reiteró que le correspondía a ella el caso. De este modo, la cuestión de la competencia recaería en el Tribunal Supremo, que para el 1 de junio resolvería que sí hay indicios de terrorismo declarando así a la Audiencia Nacional competente para investigar la presunta agresión de Altsasu, dando continuidad al disparate iniciado 7 meses antes.

375 años de prisión

Entonces ocurrió la salvajada que ya conocemos. Para el 4 de julio la Fiscalía de la Audiencia Nacional publicaría el escrito de acusación que pedía 12 años y medio de prisión para una detenida, Ainara (por amenazas terroristas), 50 para otros seis (por cuatro delitos de lesiones terroristas) y 62 y medio para el último, Oihan (por la suma de ambos delitos), lo que suma un total de 375 años de prisión por el delito. A una novena detenida se le levantó el procesamiento. Además piden una indemnización de 41.100 € para los guardias civiles dañados y sus parejas.

Algunos titulares para poner esto en contexto. Por asesinar a su padre de 70 años en Gilet, la Fiscalía ha pedido 12 años para un hombre de 36 años. Para otro acusado por asesinato tras asestar 13 puñaladas a un hombre en Parla la Fiscalía pidió 19 años de cárcel hace escasas semanas. Por asesinar a dos personas, Laura y Marina, la Fiscalía pidió 48 años para el asesino de Morate, también hace escasos meses. Podrían buscarse más ejemplos, pero claro, estos asesinatos no acarrean cargos por terrorismo.

¿Y cuáles son las repercusiones de enfrentarse con un guardia civil en otro contexto, cuando no eres ni de Euskal Herria ni de izquierdas? Pues algunos de los casos recientes más mediáticos son el del “pim, pam, toma Lacasitos”, que se lió a puñetazos con agentes de la Guardia Civil durante un control de alcoholemia lesionando a tres de ellos y su condena fue una multa de 1.620 €, o la condena a Rafa Mora a una multa de 300 € y una indemnización de 90.000 € por dar una paliza en Benicàssim a un guardia civil que necesitaría una cirugía facial tras la agresión. Más recientes todavía son los altercados en Majadahonda, por los que los 27 jóvenes detenidos que provocarían 15 guardias civiles heridos se enfrentan a multas de entre 600 y 30.000 €.

ETA, protagonista de la acusación

El fiscal José Perals ha convertido a ETA en la protagonista de todo el escrito de acusación. “A lo largo de los años se ha imbuido en Navarra un sentimiento de odio hacia la Guardia Civil que fue liderado por el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, impulsado desde sus comienzos por la organización terrorista ETA y que ha continuado hasta nuestros días”, comienza.

Entonces, aplica la teoría de Baltasar Garzón que vincula el lema que se vayan a ETA, haciendo un repaso a lo largo de la historia de Euskadi que poco tiene de real, y concluyendo que aunque ETA ha desactivado la violencia terrorista [...] no ha sucedido lo mismo con la actividad permanente de “Alde Hemendik” (“fuera de aquí” o “que se vayan” en euskera).

Recuerdo que estamos hablando de una reyerta en un bar con agentes de la Guardia Civil en la que no está implicada ninguna persona que tenga ningún tipo de vínculo con ETA.

El escrito recoge que la campaña “Alde Hemendik” también se desarrolla bajo la denominación de Ospa Mugimendua, que organiza los actos que llevan por nombre “Ospa Eguna” o “Día de la Huída”, evento cuya celebración se ha llevado a cabo los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Sin embargo este evento ya había sido llevado a la Audiencia Nacional por la AVT, lo que terminó con el archivo de la denuncia, por lo que la propia AN ya determinó que no existe comisión de delito.

Por otra parte, la descripción que realiza de los hechos entiende que los altercados fueron casuales, por lo que no hay indicios de que se trate de un acto organizado, lo que constituye una contradicción con la adjudicación de delitos del terrorismo.

No se trata del primer procedimiento en que el fiscal José Perals aplica el “todo es ETA”

Por último, hay que destacar que el escrito de acusación pone trampas a la defensa. En él se reitera en varias ocasiones que alrededor de las personas implicadas en la pelea había una gran cantidad de gente que no se opuso a la agresión ni trató de ayudar a los guardias civiles e incluso alguno se sumó y propinó algún golpe a las víctimas por la espalda. De este modo se dificulta la aportación de testigos de la escena.

No se trata del primer procedimiento en que el fiscal José Perals aplica el “todo es ETA”. Participó en los procedimientos contra Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca, así como contra los acusados de pertenecer a la dirección de Ekin, y contra el “frente jurídico de ETA”, como la abogada Arantza Zulueta, por su papel en el Colectivo de Presos Políticos Vascos a favor del proceso de paz. Así mismo fue duro contra los jóvenes que en 2015 fueron juzgados por pegar carteles contra la dispersión de presos en las “cárceles de exterminio españolas”, expresión que al parecer del fiscal justificaba el terrorismo (finalmente fueron absueltos) y es el fiscal que quería ver preso al abogado Arkaitz Terrón por sus tuits, que también resultaría absuelto.

Rechazo de 200 juristas

La Audiencia de Navarra, el Parlamento Foral, más de ochenta diputados del Congreso de Madrid, casi un centenar de alcaldes, unos 200 juristas y personalidades destacadas como Baltasar Garzón han rechazado las acusaciones de terrorismo para estos jóvenes en lo que Garzón, el creador de la asimilación del lema que se vayan a ETA, calificaría de “inconsistencia jurídica de gran envergadura” en un artículo para El País.

Para poner la guinda al pastel, COVITE, que ejerce la acusación popular, aún superaría el 29 de julio la petición de prisión del fiscal, sumándole 32 años (4 por acusado): 407 años de prisión por la trifulca de Altsasu. En el escrito también solicita la disolución del colectivo Ospa Mugimendua.

Los investigados por la reyerta con los guardias civiles, de la cual se cumplen 365 días, siguen a la espera del juicio, y cada día que pasa es un día más arrebatado para tres de ellos que continúan cumpliendo días en prisión.

Pero esto no va (solo) de ellos, va de nosotros: cada día que pasan entre rejas es un nuevo retroceso para los derechos de todos.