Represión
La ciudadanía alicantina se moviliza contra la ordenanza que multará la mendicidad y la prostitución

El próximo martes 15 de febrero se prevé la aprobación de una ordenanza que lleva tiempo anunciándose y que ha despertado las críticas de numerosos sectores de la sociedad, al considerar que criminaliza a las personas sin hogar y a las trabajadoras sexuales imponiéndoles multas sin ofrecer alternativas reales.
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La Avenida Doctor Jiménez Díaz es uno de los lugares que frecuentan las voluntarias en sus rutas Miguel Ángel Valero
14 feb 2022 12:00

De facto se venía aplicando, aunque se prevé que sea aprobada mañana. Al menos así lo denunciaron hace un año las personas sin hogar de Alicante, que narraban sus experiencias con policías que les amenazaban con multas amparándose en “una nueva orden del Ayuntamiento de Alicante”. La denominada 'ordenanza de la vergüenza', oficialmente Ordenanza de Convivencia Cívica, impulsada por el alcalde Luis Barcala (PP) y que contará con el apoyo de Vox y Ciudadanos para su aprobación, contempla sanciones para “la prostitución y la mendicidad coactiva” presentándolo como un instrumento para “luchar contra las mafias” y asegurando que es un texto “demandado por la ciudadanía”. Los colectivos sociales de la ciudad se muestran frontalmente en contra de la norma, y por ello han convocado una concentración esta tarde a las 19h en la Plaza de la Muntanyeta, que se suma a una serie de movilizaciones que vienen realizando hasta la fecha. 

La concentración en repulsa de la ordenanza ha sido impulsada por la Plataforma contra la Pobreza y Exclusión Social de Alicante, junto a más de 40 entidades sociales de la ciudad, ante la inminente aprobación de la norma, de cuya existencia ya se sabía a finales de 2020. Desde la Plataforma llevan tiempo lamentando que el bipartito no haya contestado ni considerado ninguna de las alegaciones que han presentado las diferentes entidades, y matizan igualmente que las enmiendas de Ciudadanos, que sí fueron aceptadas, “no concretan ni especifican las medidas de protección social”. Por su parte, la oposición acusó al alcalde de aprobar la normativa en un pleno extraordinario telemático, “obstruyendo un debate presencial” que consideran necesario dada “la trascendencia de la nueva norma”. 

Con unos servicios sociales saturados, un Plan de Inclusión Social aprobado desde diciembre pero que los convocantes denuncian que no se ha puesto en marcha y un ausencia de diálogo social con las entidades de la ciudad de cara a la aprobación de la norma, no son pocos los sectores civiles que contemplan la medida como una suerte de orden aparofóbica que pretende apartar a las personas empobrecidas de los núcleos turísticos para ocultar su existencia, sin ofrecer recursos a estas personas ni alternativas habitacionales o laborales. En este sentido, hace un par de meses Unides Podem EU llevará a les Corts una iniciativa para frenar la norma de convivencia de Alicante.

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Una ordenanza del Ayuntamiento de Alicante pretende, en medio de una incipiente crisis económica, expulsar por motivos de “convivencia cívica” a quienes viven en la calle.
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