Opinión
Plan simplifica: un golpe al cuidado digno de los mayores en el País Valencià

La reciente aprobación del Plan Simplifica en el País Valencià por el gobierno de PP y VOX ha generado una fuerte polémica debido a las modificaciones introducidas en la normativa de servicios sociales. Estas medidas, que han sido denunciadas por el sindicato UGT Serveis Públics representan un retroceso en la atención a las personas mayores y en los derechos laborales de los trabajadores del sector.

El Plan Simplifica, disfrazado de reforma administrativa, esconde una amenaza que atenta directamente contra el bienestar de las personas más vulnerables de nuestra sociedad: los ancianos. Bajo la excusa de fomentar la eficiencia, el gobierno valenciano del PP-VOX introduce cambios como la duplicación de las plazas en las residencias privadas y la reducción de las plantillas. Menos personal para más personas significa una atención de menor calidad y un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores.

Bajo la excusa de fomentar la eficiencia, el gobierno valenciano del PP-VOX introduce cambios como la duplicación de las plazas en las residencias privadas y la reducción de las plantillas

Una muestra más de un fenómeno global que subyace en las estructuras de la mayoría de las sociedades modernas: la crisis de los cuidados: una de las contradicciones más profundas del modelo capitalista-patriarcal en el que vivimos y que se manifiesta de manera particularmente grave en el abandono institucional que sufren las personas mayores.

Con estas medidas, la derecha valenciana demuestra una vez más su desdén por la ética de justicia social con la que debe ser gestionada la atención a este colectivo, y deshumaniza el concepto de cuidado, vulnerando derechos fundamentales.

Nuestra demografía actual, con un acusado envejecimiento poblacional, hace aún más urgente repensar el modelo de bienestar social, el cuidado debe ser comprendido como una responsabilidad colectiva

En una sociedad no sólo existen adultos autónomos y sanos, sino que convivimos con personas de todos los rangos de edad y capacidades funcionales. Nuestra demografía actual, con un acusado envejecimiento poblacional, hace aún más urgente repensar el modelo de bienestar social. En un sistema democrático, el cuidado debe ser comprendido como una responsabilidad colectiva.

Uno de los aspectos más graves del Plan Simplifica es que elimina los mecanismos de control y gestión pública sobre sectores clave. Servicios como la valoración de la dependencia o la atención a víctimas de violencia de género, que antes eran gestionados por el sector público, ahora podrán ser privatizados.

Actualmente más de 25000 personas permanecen en lista de espera para acceder a una plaza pública, lo que evidencia un déficit estructural en la oferta de estos servicios esenciales

La coyuntura actual, definida por la lógica del modelo neoliberal en su búsqueda del máximo beneficio, choca frontalmente con la necesidad urgente de políticas sociales que aseguren una vejez digna. Asistimos a una mercantilización de la vida, que pasa de ser un derecho fundamental a un bien de consumo. Si el cuidado —la base del sostenimiento humano— no es reconocido y protegido ¿Qué clase de sociedad nos espera? ¿Qué lugar ocupa la dignidad humana en nuestras prioridades colectivas?

La violencia política se manifiesta en cada decisión que posterga la expansión de una red pública suficiente y funcional de residencias para mayores. Actualmente más de 25000 personas permanecen en lista de espera para acceder a una plaza pública, lo que evidencia un déficit estructural en la oferta de estos servicios esenciales. Este problema no es reciente: durante los últimos años, no se han creado suficientes plazas públicas para dar respuesta a una demanda que no ha dejado de aumentar.

Este desequilibrio ha perpetuado un modelo en el que las familias deben recurrir a residencias privadas, cuyos precios desorbitados las hacen inaccesibles para muchas, o bien, a cuidados informales en casa, que suelen recaer desproporcionadamente en mujeres y trabajadoras migrantes en condiciones laborales precarias. Además, cerca de dos millones de personas mayores viven solas en España, muchas de ellas con movilidad reducida, deterioro cognitivo o en condiciones de aislamiento social, circunstancias que agravan su vulnerabilidad.

Con el nuevo Plan Simplifica impulsado por el Consell actual, lejos de paliar esta situación, se ahonda la brecha entre necesidad y respuesta pública. La nueva norma priorizará la creación de plazas privadas y dará flexibilidad a los estándares de calidad en estas residencias, eliminando además la preferencia por la gestión directa de las administraciones públicas. En un contexto donde la ratio de personal en las residencias públicas valencianas ya se encuentra por debajo de la media estatal -y muy lejos de las recomendaciones europeas-, estas medidas no hacen más que agravar una situación ya de por sí crítica.