Residencias de mayores
El TSJ de Madrid obliga a Ayuso a tomar medidas en las residencias de mayores de Leganés
Desde el Ayuntamiento denunciaron la falta de actuación por parte de la Comunidad desde marzo y también en abril, después de que Ayuso pusiera al frente de la crisis sanitaria en las residencias a la hija del ideólogo de la privatización sanitaria. El alto tribunal madrileño obliga ahora al Gobierno regional a tomar medidas.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha ordenado unas medidas cautelares con las que obliga a la Comunidad de Madrid intervenir en las residencias de mayores de Leganés. El auto responde dando la razón al Ayuntamiento de este municipio, que la semana pasada denunció a la Comunidad por no intervenir en estas residencias, algunas de las cuales ya contaban entonces con cerca de un centenar de personas fallecidas por coronavirus.
El pasado 6 de abril, ante los 3.000 muertos que se contaban ya en las residencias de mayores madrileñas, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decidió nombrar como coordinadora para gestionar la crisis de las residencias a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización sanitaria, Antonio Burgueño, y sin experiencia en el sector sanitario. Dos semanas después, desde el Ayuntamiento de Leganés denunciaban ante el alto tribunal madrileño la falta de respuesta ante la crisis sanitaria que viven las residencias de mayores de Leganés y reclamaba que la Comunidad dotase a estos centros de medios materiales y del personal necesario para proteger a los usuarios. Una reclamación que desde el Ayuntamiento afirman que se lleva realizando desde marzo. “El 30 de marzo ya consta un email del alcalde, Santiago Llorente, en el que insta al consejero de Sanidad y en el que pone de manifiesto la información facilitada por la Policía Local de Leganés en colaboración con la Policía Nacional”, señalan desde el Consistorio. El día 15 de abril volvieron a reclamar actuaciones, esta vez por parte de la concejal de Servicios Sociales, Eva Martínez Borrega, que alertó en una nueva carta a los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid de la situación crítica de algunas de las residencias, especialmente por la falta de personal sanitario. “Ninguna de estas dos comunicaciones obtuvo respuesta por parte del Gobierno regional y tampoco constan, según establece el auto, que se hayan tomado medidas para paliar las situaciones críticas”, señalan desde el Ayuntamiento.
Ayer, 27 de abril, el tribunal dio la razón al Ayuntamiento, obligando a la Comunidad a dotar de medios y también a realizar a las personas mayores que viven en estos centros las pruebas diagnósticas de coronavirus en un auto que es firme y no admite recurso ordinario. Los centros a los que se refiere el auto del TSJ madrileño son la Residencia de Los Frailes —de titularidad de la Comunidad de Madrid y gestionada por Aralia—, DomusVI, Vitalia Home, Los Balcones, Nuestra Señora de Butarque, Amavir y El Encinar —de titularidad privada con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid y Valdepelayo y Valdeluz —de titularidad privada—.
El auto establece que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid debe dotar “de manera inmediata a las residencias de mayores del municipio de Leganés, de personal sanitario, así como de las medidas y los medios materiales precisos para llevar a cabo pruebas diagnósticas y cumplir lo previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19”.
El alcalde de Leganés ha señalado que espera “que por fin las residencias de Leganés cuenten con los medios y con el personal necesario, que es lo que necesitan”.
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