Palestina
El caso de Khalida Jarrar o la criminalización israelí del activismo político

Pasaporte, libreta en blanco, bolígrafo y unas monedas para tomar un café o un té (y pagar al ocupante). Estos son todos los materiales con los que una persona puede entrar a un juicio militar en Ofer, el único tribunal y prisión militar israelí dentro del territorio ocupado palestino. Antes ni eso, sólo notas mentales que luego había que volcar lo más rápido posible, o lo más pronto que el shock mental y emocional permitían, en un escrito. Porque el único momento donde se puede tener un registro fotográfico de parte del sistema judicial militar israelí es la salida-entrada de Ofer.

Sin testimonio audiovisual

Para el resto, como si de un reportaje de radio se tratara, sólo quedan las palabras. A veces lo que no se ve, no existe. Consciente de que el sistema militar israelí utiliza esta máxima a su favor, Addameer, organización palestina de Derechos Humanos especializada en la protección de los derechos de los prisioneros políticos palestinos y sus familias, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que asista a vistas judiciales como la que se produjo el pasado 10 de febrero en el caso de la parlamentaria palestina Khalida Jarrar.  

Una representación internacional acompaña a una de las hijas y al marido de Jarrar al interior de Ofer. Una furgoneta cuyo trayecto discurre paralelo a un muro de hormigón llega desde la entrada de peatones (también de camiones de mercancías) por el barrio de Beitunia a las afueras de Ramallah hasta la antesala al control de pasaporte. Allí hay taquillas donde las personas visitantes, familias de las personas que son juzgadas, deben dejar todas sus pertenencias a excepción del pasaporte, hoja en blanco, boli y monedas sueltas. Estas taquillas cuestan alrededor de un euro y medio. Otra vez el negocio de la ocupación a costa de las familias de las y los prisioneros palestinos.

En fila, llueva, nieve o pegue el sol a 40 grados, las familias esperan pacientes frente a una reja metálica controlada desde el interior de un espacio blindado donde están los soldados. Abren, gritan, cierran, gritan y así cientos de veces al cabo del día.

Identificación y arco de detección de metales, a veces también cacheo manual antes de pasar a un pasillo entre rejas de dos metros de altura que lleva hasta un espacio compuesto por barracas. Las primeras a la derecha, son los cuartos de baño. Una grande a la izquierda es la cafetería-sala de espera para las familias y visitantes. Enfrente hay varias, en fila… son las diferentes salas del tribunal militar de Ofer donde se encuentran jueces militares, fiscal militar, abogados, personas acusadas y traductores. Entre unos y otros, una voz que dice el nombre de la persona a juzgar para permitir el paso (por otro torno metálico) hacia los barracones-sala de juicios.

A la delegación internacional de observadores que asiste a cada de una de las sesiones del juicio a Khalida Jarrar le impiden la entrada desde el inicio. Tras unos minutos de insistencia sobre la existencia del correspondiente permiso, se autoriza el acceso. Apenas un medio de comunicación ha estado presente en los minutos previos a la sesión, escoltado por un militar israelí todo el tiempo.

Tribunales militares… ¿por qué no se imparte justicia en ellos?

En el caso de Khalida Jarrar, ese momento de la vista judicial (que durará unos escasos 15 minutos) junto con otras dos visitas mensuales de 45 minutos, son los únicos momentos en que su familia la podrá ver. Con suerte. Porque otras veces un/a soldado se pone entre la persona detenida y su familia, que se encuentra a unos metros de distancia, impidiendo siquiera una comunicación no verbal para saber cómo están unos y otras. Se trata de un pequeño ejemplo del maltrato y el ataque a la dignidad en todo el proceso judicial. Unos minutos o unos segundos de tiempo después de una espera de toda la mañana.

Dentro, el grupo de observadores/as internacionales está sentado en la parte trasera izquierda de la barraca. Al frente, el juez argumenta con el abogado de Jarrar en un tono que más parece el del fiscal que el de un juez. Todo en hebreo… un militar traduce. También el abogado de Addameer traduce y explica a Jarrar lo que está ocurriendo. A la derecha e izquierda de ella, más militares. Jarrar esposada de manos y pies.

El tribunal de Ofer es uno de los dos existentes en el territorio palestino ocupado donde palestinos de Cisjordania (adultos y menores) son juzgados. El otro es el de Salem en el norte del territorio ocupado, en el distrito de Jenin. 

Las organizaciones de Derechos Humanos no se cansan de repetir por qué no se imparte justicia ni en Ofer, con una ratio de sentencias condenatorias del 99%, ni en Salem. Entre otras razones que impiden un juicio con garantías procesales según los estándares internacionales se encuentra que las sesiones son en hebreo, una lengua que la población palestina no entiende. Los juicios en estos tribunales deben producirse antes de los 18 meses después de la detención, pero este periodo puede ser extendido hasta seis meses más mientras que para la ciudadanía israelí en tribunales civiles ese periodo se limita a 9 meses. Las sentencias son también diferentes para el mismo tipo de delito y su liberación nunca puede ser antes de haber cumplido dos terceras partes de la condena . Una muestra clara de un sistema judicial discriminatorio.

El caso de Khalida Jarrar

“No había pasado ni ocho meses fuera de la cárcel y estaba empezando a dar clases en el Máster de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad de Bir Zeit cuando fue arrestada otra vez en octubre de 2019”, comenta Ghassan Jarrar, marido de Khalida, a la delegación internacional. Nada más ocurrir su detención estuvo 22 días bajo interrogatorio aislada en la prisión de HaSharon. En su caso no ha sufrido torturas ni maltrato, según la familia debido a su posición de persona internacionalmente conocida. Pero, en el marco del incremento de casos de tortura a personas detenidas, la prohibición de acceso a abogados y a las visitas de familiares por parte de Israel, no es raro que a la familia se le pregunte por ello. El único cargo del que Israel acusa a Jarrar es que desde 2016 es la responsable de los asuntos políticos del Frente de Liberación Popular de Palestina frente a la Autoridad Palestina. El Frente es un partido político palestino pero considerado grupo terrorista por Israel. Según las órdenes militares israelíes, pese a las negociaciones de paz de Oslo, todos los partidos políticos representados en la OLP son considerados ilegales desde entonces. Es decir, que ejercer un derecho civil y político como es el de ser representante de la ciudadanía en el parlamento, como es el caso de Jarrar, puede llevarte a la cárcel. La discusión sobre el cargo del que se le acusa se ha pospuesto mientras que la defensa está intentando aminorar el impacto de una sentencia negativa, tratando de que le cambien al juez que lleva el caso, quien cuenta con un historial de oídos sordos ante casos de tortura.

Para Khalida no es la primera vez que pasa por prisión. Siempre ha sido una destacada activista por los Derechos Humanos, parlamentaria desde 2006 y Coordinadora del Comité de Prisioneros en la OLP. Su activismo le está costando un alto precio. Israel le ha prohibido abandonar Cisjordania, la última vez que viajó fuera, a París, fue en 1999. En octubre de 2014, después de un contexto político duro, recibió una orden israelí para intentar desplazarla de Ramallah (la ciudad donde vive) a Jericó. El 2 de abril de 2015 fue detenida por segunda vez en su vida (la primera fue en 1999 después de una marcha el 8 de marzo) y pasó 15 meses en prisión hasta que fue liberada en junio de 2016. Sólo un año después fue detenida de nuevo, en julio de 2017, pasando esta vez 20 meses en detención administrativa hasta que fue liberada en febrero de 2019.

Es importante señalar el contexto en que se produce la detención de Jarrar en octubre de 2019. Entre septiembre y diciembre de 2019, la población palestina ha sufrido una ola de detenciones y un incremento de casos de tortura severa a personas detenidas, denegación del derecho a la asistencia letrada y prohibición de visitas por parte de la familia. Addameer ha podido documentar varios de estos casos en este periodo, que no ha denunciado hasta muy recientemente, debido a una prohibición judicial expresa israelí que le impedía desvelar públicamente cualquier detalle de la información recopilada en sus visitas a las personas detenidas y/o torturadas. Sin embargo, según critican Addameer y la familia de Khalida Jarrar, mientras tanto Israel ha estado filtrando a medios y a oficinas de representación diplomática información de estos mismos casos con una versión exagerada del caso de Jarrar con el único propósito de seguir interfiriendo en los asuntos políticos internos palestinos.