Colombia
La paz Frustrada en Colombia

Cada año nos encontramos con multitud de eventos y actos simbólicos sobre el tema de la Paz en fechas cercanas  al 21 de septiembre. Este año, donde además hay un nivel de agitación y preocupación mayores y en el que hemos visto acrecentadas las brechas de desigualdad en relación al virus para el que no hay fronteras, la celebración de la Paz se veía mucho más pertinente. 

En un País, que desde noviembre de 2016 firmo un acuerdo de Paz con una de las guerrillas más antiguas de América Latina y con más presencia en Colombia, hoy solo se oyen gritos de: “nos están matando”, “Que paren las masacres!” y “Resistimos a sus balas”.

De forma general, la visión desde el otro lado del océano, es la de un País en paz gracias al doble discurso del gobierno que profesa el presidente de Iván Duque. Solo en los sectores que trabajan derechos humanos se conoce la realidad que atraviesa Colombia. La cantidad de líderes y lideresas silenciadas, asesinadas, las masacres y la incertidumbre para quienes han entregado su vida a la defensa de los derechos humanos.

Este 21 de septiembre se convocó nuevamente una jornada nacional de Paro en Bogotá y en distintas ciudades de  Colombia. En general, fue tranquilo y bien organizado hasta horas de la tarde, donde en el centro de la ciudad capital, iniciaron las tanquetas del ESMAD a gasear y a “totear” a la gente como se dice coloquialmente. La violencia volvió a atacar a la ciudadanía una vez más. Hubo disturbios en varias ciudades del País, poniendo una vez más en evidencia la brutalidad policial y de la fuerza pública, que asola Colombia.

Colombia ya no puede más. El asesinato de Javier Ordoñez por parte de la Policía de Bogotá, hace apenas unos días, fue simplemente la gota que derramó el vaso. La pandemia ha puesto en evidencia de forma más clara y ha aumentado la brecha de desigualdad. Las masacres y asesinatos de personas lideresas han aumentado, y Javier fue el punto y final. Es el impulso que necesitaba el pueblo para volver a salir a las calles, para tomar las calles que siempre fueron suyas y gritar que: “nuestra lucha es por vida” y que “paren de matarnos”.

Las jornadas de paro cerraron con 10 personas muertas más[1]. Es el recuento que no queremos hacer, vidas convertidas en números y que suman a la responsabilidad del Estado y a la sangre que se ha derramado en estos dos años de Desgobierno del Aprendiz. Bajo este nombre, se ha publicado el pasado 9 de septiembre un informe con el resumen de los dos años del mandato del presidente Iván Duque. En el informe [2], se abarcan temas centrales, como es el acuerdo de Paz y su falta de implementación, la urgencia de garantías democráticas, la situación de las personas defensoras de derechos humanos, el autoritarismos y las brechas entre regiones. Este informe es un fiel reflejo de la realidad que atraviesa Colombia, del sufrimiento y de la capacidad de resiliencia de este pueblo berraco que tiene que pelearse, lo que debieran ser derechos básicos. Menos mal que la fuerza y las ganas de vivir laten en cada corazón y como arengan siempre en el suroccidente: “El pueblo no se rinde Carajo”.

El próximo 1 de octubre diversas organizaciones del Estado Español articuladas con organizaciones de base en Colombia, presentarán para instituciones y cargos públicos dicho informe con la intención de hacer incidencia y visibilizar las realidades y situaciones complejas que atraviesa Colombia. Para que el hermanamiento y la solidaridad entre pueblos sea una realidad y no una utopía inalcanzable. 

UNA PEQUEÑA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL 

Estas marchas, movilizaciones y protestas, por suerte, no son en vano, y tras el paro del 21 de noviembre del año pasado, amanecimos con la noticia de que la Corte ordena proteger el derecho a la protesta pacífica ante las agresiones sistemáticas cometidas en las marchas. Este es un logro, de las movilizaciones del Paro nacional en noviembre de 2019. Ese hartazgo que hizo salir a todo un País a las calles, logró, casi un año después y en medio de una situación similar, exigir al Ministerio de defensa que pida disculpas por los excesos. Además, el ESMAD ya  no podrá utilizar las escopetas de calibre 12.

Este logro es fundamental, en una coyuntura en la que los abusos policiales no están en cuarentena. Diversas jornadas de paro y manifestaciones han mostrado a la ciudadanía de forma clara, esa brutalidad que impregna el cuerpo policial. Ya es un secreto a voces, por eso se exige al Gobierno una revisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se exige que defiendan a la ciudadanía y no que les violenten, violen y asesinen.

Este fallo es clave, porque va a influir y condicionar todas las marchas en el país a partir de ahora. Es este fallo la corte afirma que la fuerza pública y de forma específica el ESMAD hacen intervenciones sistemáticas, violentas y arbitrarias en las marchas y protestas. A modo de resumen lo que va a regular es: 

1. Que el Ministerio de defensa tendrá que pedir disculpas públicas en las próximas 48 horas, por su brutalidad en las marchas del paro nacional en noviembre de 2019. 
2. El ESMAD ya no puede utilizar la escopeta calibre 12 que fue con la que asesinaron a Dilan Cruz. [3]
3. Ordena al Presidente emitir un acto administrativo que asegure mantener la neutralidad en cualquier marcha o protesta, así esta sea en contra del propio Gobierno.
4. El Gobierno tendrá que conformar una mesa de trabajo para revisar las directrices que se le dan a la fuerza pública durante las marchas y protestas. 

La importancia de este fallo reside en que es la primera vez que la Corte firma una sentencia tan clara y contundente, resultado del esfuerzo y la fuerza ciudadana que salió a las calles desde el noviembre pasado  porque la situación, ya era insostenible[4].

Pero la brutalidad policial en el País, no es algo nuevo. El pasado 22 de septiembre se cumplirán 15 años del asesinato a la estudiante de química de la Universidad del Valle Jhonny, Silva Aranguren, por parte de miembros de la policía nacional, y la cual se encuentra en la más absoluta impunidad. Esto nos hace preguntarnos, ¿no es la brutalidad policial una política de Estado? ¿responden estos asesinatos y masacres cometidas a una estrategia política que quiera silenciar a las voces que critican y que de alguna manera molestan en un Estado de derecho fallido, que está más cercano a una dictadura que a una democracia real?. La impunidad es la gasolina para ese fuego, porque a pesar de la realidad, parece que aquí no pasa nada.

LA LUCHA SIGUE  Y ¡EL PUEBLO NO SE RINDE, CARAJO!  

Esa pequeña luz que se iluminaba estos días con la noticia del fallo de la Corte, no podía sino parpadear levemente, porque desde el domingo 20 de septiembre, finalizábamos el día con un comunicado de acción urgente por una nueva Masacre acontecida en el municipio de Buenos Aires, Cauca, sumada a las 61 que van en lo corrido del año y que han dejado 246 víctimas fatales, especialmente de jóvenes [5].

El Proceso de Comunidades Negras PCN, La Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM y las Organizaciones defensoras de Derechos Humanos Nomadesc y Movice Capítulo Valle, denunciaban los graves hechos en los cuales fueron asesinados 7 pobladores del territorio ancestral consejo comunitario Cerro Teta, Vereda Munchique, Municipio de Buenos Aires ubicado al Norte del Departamento del Cauca. 

“Pese a las alertas tempranas de la Defensoría del pueblo, el gobierno de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ no atendió las solicitudes de actuación para proteger la vida de los pobladores”, reza el comunicado. 

Según el informe “Un país sin líderes no es un País” recientemente publicado por la Misión de Observación Electoral (MOE), los líderes y lideresas sociales son quienes más han sufrido vulneraciones, registrando el 50% de los hechos. Afirma que en el primer semestre de 2020, las agresiones han sido mayormente letales y que incluso en el periodo de confinamiento estricto, el número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales se incrementó en un  85% (al pasar de 28 asesinatos en 2019 a 52 en 2020). 

“Al hacer una revisión al componente étnico de las afectaciones a este tipo de liderazgo, el 58% de los hechos de violencia contra los líderes afro fueron letales (de los 12 hechos de violencia registrados, 5 fueron asesinatos y 2 atentados), mientras que en el caso de los líderes indígenas, la letalidad fue del 70% de los 20 hechos reportados (13 asesinatos y 1 atentado). Cauca, Chocó y Valle del Cauca son los departamentos donde se concentran el 54,8% del total de agresiones contra líderes afro e indígenas del país. Especial llamado de atención merece a la situación del departamento del Cauca, ya que de los 9 líderes indígenas agredidos en ese departamento, 7 de ellos fueron asesinados” 

Por esto en la acción urgente del pasado 20 de septiembre, las organizaciones denunciantes hablan de ETNOCIDIO, y solicitan de forma específica: 

1. Investigar y esclarecer lo sucedido. 
2. Cumplimiento de las Alertas tempranas No. 018-20 de inminencia, del día 30 de Abril de 2020 y   N° 019-20, del día 8 de mayo de 2020.
3. Respeto y protección de los territorios.
4. Acompañamiento por parte de organismos multilaterales e internacionales.
5. Revisión de la militarización en el territorio.
6. No estigmatización y señalamientos en medios de comunicación. 

A pesar de las masacres, los homicidios, asesinatos, feminicidios y etnocidios perpetrados en la zona, los pueblos siguen en resistencia y lucha: avanzando, creando y conviviendo. Enfocados en el respeto y el buen vivir con eje central para armonizar las comunidades. Pero necesitamos que pare la guerra, en el territorio. Las vidas negras importan y no podemos dejar de mirar al Cauca.