Palestina
Mentir como acto previo de propaganda para imponer la narrativa Israelí

Miente, miente que algo queda. Es una frase que un día una candidata a las elecciones municipales de un pueblo extremeño me dijo en relación a la estrategia de su contrincante. Lo mismo podría aplicarse al caso de la propaganda del Estado de Israel que vive en situación de “guerra” permanente contra la población palestina, y especialmente acentuada y clara desde el 7 de octubre.

Las violaciones de derechos humanos sistemáticas y diarias que el Estado de apartheid y colonialismo de Israel están perfectamente justificadas, a juicio de la potencia ocupante, siempre. De hecho, utiliza una precisa y calculada propaganda dirigida, sobre todo, a países europeos. Cada injustificable violación de los derechos humanos de personas y organizaciones palestinas que el Estado de Israel comete viene precedida de una táctica clara: la demonización, criminalización y difamación de quiénes intenta alienar de sus derechos fundamentales. Y lo hace con premeditación y alevosía, días antes del siguiente movimiento a nivel judicial, militar o político a emprender y que suponga una opresión aún mayor a la población palestina. Una táctica que proviene de los propios ministerios del Gobierno israelí, que pasa por organizaciones pseudo-civiles al servicio de los intereses gubernamentales como NGO Monitor desde Israel o ACOM en el Estado Español y finaliza en los brazos de la hasbara, término para denominar a las acciones y esfuerzos que pretenden fomentar una imagen positiva de Israel en el mundo y explicar las políticas del gobierno. NGO Monitor contó con un presupuesto de más de 700.000 shequels en 2022 (casi 200.000 euros) y diferentes organismos de la hasbara dentro y fuera de Israel recibió del Ministerio de Finanzas una aportación extra en 2023 para afrontar “los tiempos de guerra”.

Así, por cada gran escándalo de atropellos a diferentes convenciones y cartas de derechos humanos, aún más grande es la difamación. El 3 de marzo de 2021, la Fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que dicha Corte era competente y tenía jurisdicción sobre Israel y Palestina para investigar posibles crímenes de guerra cometidos desde 2014 en el Territorio Ocupado Palestino. En menos de un mes, como si de una respuesta de pataleta infantil se tratara, el ejército israelí intensificaba la persecución que durante años había ejercido contra la ONGD palestina Health Work Committees (HWC), deteniendo a cuatro personas de dicha entidad. Tan sólo un mes después detenía, como aviso a navegantes, a la española Juana Ruiz, hasta entonces trabajadora de la misma entidad palestina. En mayo de ese mismo 2021, justo un día antes de que la propia Juana, su equipo de abogados y el resto de la opinión pública supieran los cargos de los que se le acusaba, el Ministerio de Exteriores israelí envió un documento de unas 50 páginas a las diferentes embajadas, consulados y agencias de cooperación europeas, con la información deliberadamente tergiversada sobre supuestas conexiones entre las personas detenidas, la ONGD palestina y la malversación de fondos para, supuestamente, destinarlo al Frente Popular de Liberación de Palestina (PLFP por sus siglas en inglés). Todo ello acompañado de una intensa campaña en redes sociales donde participaron desde el Ministerio de Exteriores, el de Justicia y ministros del Gobierno de aquel momento. ¿Casualidad, premeditada elección de fechas o intensificación de la pataleta porque las detenciones anteriores no habían llegado al puerto que el Gobierno israelí imaginó? Hasta la fecha la acusación no ha podido ser demostrada y Juana y gran parte de los trabajadores de HWC han sido liberados sin poder Israel demostrar dichos vínculos.

En julio de 2021, se sucedieron más detenciones como la de Shatha Odeh, directora general de HWC en aquel momento, el allanamiento de las oficinas de Defense for Children International (DCIP). Nada de esto estaba teniendo el efecto deseado, a saber, el desmantelamiento de estas organizaciones.

Y llegamos hasta octubre de 2021 cuando el Ministerio de Justicia israelí designó a 6 ONGDS palestinas de derechos humanos como organizaciones terroristas según la Ley antiterrorista israelí. Además, hacía ya dos años que lo había hecho con HWC. Así finalizaban, o empezaban para las entidades afectadas, y quiénes las apoyamos, tanto ONGDS internacionales como donantes, los esfuerzos para contrarrestar a toda la maquinaria de propaganda e instituciones israelíes empeñada en silenciar y desmantelar a quiénes estaban llevando ante la Corte Penal Internacional las pruebas de los crímenes de guerra cometidos por el Estado de Israel desde 2014. A fecha de hoy esa designación sigue vigente y ha dejado por el camino fondos de la cooperación pública europea y mundial que podrían haber continuado apoyando a estas organizaciones vitales para la supervivencia y la protección de la población palestina en los ámbitos de la salud, agricultura, legal, etc. En junio de 2022 las dudas que el Gobierno israelí consiguió levantar entre la Unión Europea y Estados miembro, aún sin pruebas contundentes, se fueron disipando y la financiación volvió a enviarse a las organizaciones de derechos humanos palestinas.

En la misma línea que la situación descrita anteriormente, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina (UNRWA en sus siglas en inglés), ha sufrido históricamente una persecución y difamación continuas. Como señalan desde la organización de derechos humanos, Badil, especializada en la cuestión de la población refugiada palestina, la propia existencia de UNRWA es seguir manteniendo viva la cuestión de la población refugiada en la agenda de la comunidad internacional además de en todas las negociaciones de paz realizadas hasta el momento. Se trata de una cuestión vital e irrenunciable para una solución justa a la situación de Palestina. Pues bien, UNRWA ha sido objeto de difamación, a través de páginas web y redes sociales de cuentas oficiales tanto gubernamentales como no gubernamentales pero afines al Estado de Israel. Una difamación que ha pretendido siempre borrar esa cuestión de la población refugiada palestina, así como el derecho al retorno de la población palestina en la diáspora, la inmensa mayoría también con estatus de refugiada.

UNRWA es el principal proveedor de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza pero siempre con la espada de Damocles de la finalización de la financiación puesto que las contribuciones de los países son de carácter voluntario. En este contexto y desde el 7 de octubre, conscientes de ello, el Estado de Israel no sólo ha atacado instalaciones de la UNRWA que estaban sirviendo de refugio para miles de personas palestinas de Gaza desplazadas forzosamente, sino que los ataques han ido en la línea de la difamación a la vista de los apoyos financieros extra que desde algunos países se estaban destinando a paliar la emergencia humanitaria en Gaza. Otra vez, ¿casualidad? Sin pruebas contundentes y con una generalidad pasmosa, el Estado de Israel vuelve a vincular acción humanitaria con terrorismo. No es casualidad, otro hecho clave ha ocurrido recientemente a favor de la defensa de los derechos humanos de la población palestina, a la altura de la decisión de la Corte Penal Internacional. Este hecho es que la Corte Internacional de Justicia de Naciones ha emitido una serie de recomendaciones al Estado de Israel para prevenir la comisión de genocidio en la Franja de Gaza tal y como ha denunciado Sudáfrica ante dicho Tribunal. Justo un día después el Estado de Israel desvelaba y difundía extensamente la información recopilada por sus servicios secretos de que 12 trabajadores de UNRWA en Gaza habían supuestamente participado en los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre. La estrategia vuelve a ser la misma: desviar la atención, meter miedo, conseguir que se deje de financiar a esta entidad en este caso, borrar testigos incómodos de la barbarie que está cometiendo en la Franja de Gaza…acusar sin pruebas, agrandar una información como mínimo tergiversada o directamente mentir, que algo queda. A pesar del apoyo generalizado por parte de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y los alegatos de hasta el propio Secretario General de Naciones Unidas, lo cierto es que las consecuencias no se han hecho esperar con la retirada de fondos de hasta de una decena de países.

En definitiva, la criminalización del trabajo de defensores y defensoras de DDHH en Palestina nunca ha sido ajena al proyecto colonial y de apartheid israelí ese territorio. Conquistar la narrativa ha sido y es uno de los empeños en los que el Estado de Israel invierte, y mucho, cada año. Poner en evidencia la interesada conexión entre unos hechos y otros forma parte de la contranarrativa a la que nos debemos las organizaciones de defensa de los DDHH, no sólo por el bien de la población palestina sino por el sistema internacional de protección de esos DDHH

Artículo elaborado para el proyecto  “Trazando hojas de ruta de solidaridad y apoyo” financiado por la AEXCID- Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura, en la convocatoria de proyectos Educación para la Ciudadanía Global del año 2022