Guatemala
La mina de níquel, un exembajador estadounidense, contaminación y despojo en Guatemala

A orillas del lago de Izabal, el más grande de Guatemala, en el municipio de El Estor, se encuentra una de las mayores reservas de níquel de Centroamérica. Durante más de medio siglo, esta tierra —habitada ancestralmente por el pueblo maya q’eqchi’— ha sido escenario de asesinatos, contaminación, persecución e impunidad en torno a la explotación del níquel.

Estos son, lamentablemente, los patrones violentos que definen el desempeño extractivista de la mina desde la llegada del capital canadiense en la década de 1950: asesinato de un diputado opositor en los años setenta, muerte no esclarecida de estudiantes universitarios, matanza de pescadores, criminalización de comunidades indígenas, etc. Patrones que ni mucho menos han desaparecido con la reactivación actual de la mina bajo capital estadounidense. Los intereses del capital siguen aplastando la vida de las comunidades maya q’eqchi’.

La mina, denominada Fénix Nickel, tiene hoy sus sedes en Nueva York, Florida, Reino Unido y Suiza —lejos por tanto de Guatemala—, desde donde se sigue dirigiendo la ruta del despojo mineral que ha caracterizado a esta mina por más de setenta años.

Origen y sangre: el sacrificio de un diputado

La explotación de níquel en El Estor comenzó en la década de 1950, cuando la empresa Hanna Mining realizó exploraciones. En 1965, la compañía obtuvo títulos de propiedad de tierras de manos de un gobierno militar, tierras que el pueblo q’eqchi' reclamaba como territorio ancestral. Las comunidades sostienen que estas escrituras, otorgadas durante una dictadura militar que masacraba, desplazaba y reprimía a los pueblos indígenas, carecen por completo de legitimidad.

En 1970, Adolfo Mijangos López —conocido como Fito Mijangos—, diputado del Congreso y miembro de la Universidad de San Carlos (USAC), revisaba el contrato de concesión minera que el gobierno pretendía otorgar a la empresa canadiense EXMIBAL (subsidiaria de International Nickel Company). La comisión determinó que las condiciones del contrato eran sumamente desfavorables para Guatemala. Tras el asesinato a tiros de un miembro de la comisión de análisis, Julio Camey Herrera, y el exilio del también comisionado Alfonso Bauer Paiz —quien resultó herido—, el 13 de enero de 1971 Fito Mijangos fue asesinado a tiros por la espalda por dos sicarios al salir de su oficina en la ciudad de Guatemala. Según los registros, estaba sentado en una silla de ruedas cuando le dispararon por la espalda.

Tres meses después, el 8 de mayo de 1971, el gobierno militar de Arana Osorio otorgó formalmente la concesión a EXMIBAL, abarcando 385 km2 en la región de El Estor, con una inversión inicial de 228 millones de dólares. Los opositores habían sido eliminados. La mina estaba abierta.

Contaminación y persecución: los pescadores como blanco

EXMIBAL cesó operaciones en 1980 debido al alza internacional del precio del petróleo. Pero después de 2004, la canadiense Skye Resources adquirió el proyecto, obtuvo licencia de explotación en 2006 y, posteriormente, HudBay Minerals tomó el control. En 2011, Solway Group —un grupo inversionista vinculado a capital ruso, ucraniano y suizo— adquirió Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), obteniendo los derechos del proyecto Fénix. Solway creó entonces PRONICO (Compañía Procesadora de Níquel de Izabal) para el procesamiento del mineral.

Durante el período de control de Solway, el conflicto en El Estor alcanzó su punto máximo. En los primeros meses de 2017, pescadores descubrieron grandes manchas rojas de contaminación en el lago de Izabal, de residuos y partículas tóxicas provenientes de la mina. El pescador Cristóbal Pop recordó que en ese momento “se sentía un olor a óxido viejo, y se veía una gran mancha roja sobre el lago”. En los techos de las casas de la comunidad se acumulaban “sedimentos color sangre”, y los residentes reportaban fiebre, dolores de cabeza, conjuntivitis, erupciones cutáneas, diarrea y enfermedades respiratorias.

El 27 de mayo de 2017, la asociación de pescadores artesanales organizó una protesta pacífica para exigir a la empresa minera explicaciones sobre la contaminación del lago. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y munición viva. El pescador Carlos Maaz fue asesinado de un disparo por la espalda. La policía negó inicialmente cualquier muerte, pero las fotografías de periodistas locales, tomadas en el lugar, desmintieron la versión oficial. Posteriormente, esos periodistas fueron amenazados, seguidos, obligados a desplazarse. El juez Edgar Aníbal Arteaga López ordenó la captura de varios, como por ejemplo Jerson Xitumul, periodista de El Estor, que acabó en prisión.

En octubre de 2021, las autoridades indígenas q’eqchi’ bloquearon el camino de acceso a la mina para impedir el paso de camiones. La protesta duró meses y llevó al gobierno del expresidente Giammattei a declarar un “estado de prevención” en la región. En 2022, el fundador de la asociación de pescadores, Felipe Xo Quib, fue asesinado camino al trabajo, presuntamente por sicarios vinculados a la mina.

La muerte de estudiantes universitarios y la verdad sin esclarecer

El 31 de marzo de 2012, tres estudiantes de biología de la Universidad del Valle de Guatemala (Nahomy Lara Orellana, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios) murieron durante una gira académica en el lago de Izabal. La embarcación en que viajaban se volcó en un canal de la zona minera de la CGN.

Los estudiantes eran guiados por el biólogo Lemuel Valle, quien a la vez era consultor de biodiversidad de la mina CGN. Según las acusaciones, la embarcación estaba en malas condiciones y no se proporcionó a los estudiantes ningún plan de emergencia. Lo que más cuestionaron los familiares fue que presuntamente los estudiantes llevaban chalecos salvavidas, pero los cuerpos fueron encontrados sin ellos. En la mochila de uno de los estudiantes había además un recibo de luz de una vivienda en El Estor, cuyo origen la familia cuestionó.

En 2019, un tribunal condenó a Lemuel Valle a cinco años de prisión por homicidio culposo, ordenó a la CGN pagar indemnización y eximió de responsabilidad a la universidad. Pero luego la sala de apelaciones revocó toda la sentencia e incluso absolvió a Valle. Aunque la familia ganó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia, el tribunal de Izabal se negó a ejecutarla.

Diez años después, la verdad sigue sin salir a la luz. Las familias consideran que hay demasiados puntos oscuros en el caso, y que la infiltración de la empresa minera en el sistema judicial ha impedido que se haga justicia.

Un ecosistema amenazado, el lago y el manatí

El lago de Izabal es el más grande de Guatemala y un hábitat importante para el manatí antillano. La reserva de vida silvestre Bocas del Polochic, humedal Ramsar, es una zona clave para su distribución.

Estudios académicos señalan claramente que la actividad minera es una de las principales amenazas de origen humano para la supervivencia del manatí. Las aguas residuales vertidas por la mina al lago contienen metales pesados y partículas en suspensión, lo que provoca eutrofización y degradación del hábitat. La extracción excesiva de arena, el tráfico de embarcaciones y la contaminación reducen conjuntamente el espacio vital del manatí.

Los pescadores describen el lago con “lodo envenenado”, “vapor rojo que no deja respirar” y “partículas tóxicas en suspensión”. El lago ha sido clasificado en estado eutrófico, y si la tendencia de contaminación continúa, “podría provocar la muerte prematura del lago”.

Sanciones y lavado de imagen, de Solway a Fenix Nickel

A finales de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC (por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, impuso sanciones a CGN y PRONICO por su implicación en corrupción y tráfico de influencias, mediante un “esquema de sobornos” que involucraba a políticos, jueces y funcionarios guatemaltecos, incluido el presidente guatemalteco de ese entonces, Alejandro Giammattei, en un caso conocido como “alfombra mágica”. Las sanciones paralizaron la mina.

A finales de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que Guatemala violó los derechos del pueblo q’eqchi’ al permitir que la empresa minera operara en sus tierras sin una consulta adecuada.

Sin embargo, en 2024, las sanciones fueron levantadas. CGN y PRONICO fueron reestructuradas como empresas bajo entidades estadounidenses: Fenix Minerales y Fenix Metales, subsidiarias de Fenix Nickel Company, con sede en Nueva York.

Según el sitio web de Fenix Nickel, la empresa emplea actualmente a unos 1.400 trabajadores directos, con la meta de alcanzar 1.800 empleos, y el 58% de los empleados se identifica como maya q’eqchi’, mientras que el 78,1% proviene de El Estor. La empresa afirma cumplir con los Estándares de Desempeño de la IFC, los Convenios de la OIT, los Principios del ICMM y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Pero las organizaciones de derechos humanos señalan que las negociaciones previas al levantamiento de las sanciones se realizaron “a puerta cerrada”, y que las comunidades y autoridades indígenas no fueron realmente incluidas. El abogado indígena Juan Castro declaró: “El Estor está ocupado por un sistema militar, no hay ninguna garantía, no se ha realizado ninguna consulta libre”. Brigadas de Paz (PBI) advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2025 que la mina enfrenta una reactivación inminente sin reparar los daños causados y sin realizar consultas conforme a las costumbres locales.

El exembajador de Estados Unidos en Guatemala, ahora en la mina

En la junta directiva de Fenix Nickel hay un nombre que llama especialmente la atención: Luis E. Arreaga, embajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2017 y 2020. Hoy es director independiente de Fenix Nickel.

En una entrevista de Prensa Libre en junio de 2026, el propio Arreaga confirmó su rol. Dijo: “Como uno de los miembros de la junta directiva de Fenix Nickel, soy responsable de recibir la rendición de cuentas de la empresa en temas de responsabilidad social, relacionamiento comunitario, cumplimiento normativo, anticorrupción y relaciones con las comunidades”. También reconoció con franqueza el historial de la compañía: “No podemos ignorar la trágica historia de la actividad minera en esta región durante muchos años. Recuerdo que EXMIBAL empezó a operar cuando yo estaba en la secundaria, y ya entonces era un tema muy espinoso”.

Un exembajador que representó al gobierno estadounidense en Guatemala en temas diplomáticos, de seguridad y de gobernanza, ahora se desempeña como director en la zona minera que se hizo tristemente célebre por asesinatos, contaminación y persecución, afirmando que busca “orientar las políticas” y “hacer lo correcto”. 

Arreaga explicó que se unió porque “amo mucho a Guatemala” y porque considera que la empresa “decidió transformarse y convertirse en un modelo para otras actividades mineras”. Esto nos recuerda un poco a los hermanos John Foster Dulles y Allen Dulles, que jugaron un papel decisivo en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. Una y otra vez los diplomáticos y funcionarios estadounidenses tienen intereses comerciales y privados en Guatemala.

También mencionó que su relación con el gobierno anterior de Estados Unidos ayuda a “generar confianza” y que el tema de los minerales estratégicos es “muy seguido de cerca” por la actual administración estadounidense. Esto apunta a un contexto clave: el níquel es un mineral crítico para las baterías de nueva energía, y Fenix Nickel busca reinsertarse en las cadenas de suministro de Estados Unidos y Europa.

Un director independiente encargado de supervisar “derechos humanos, cumplimiento y anticorrupción” resulta ser nada menos que el máximo diplomático estadounidense que acaba de dejar su cargo en Guatemala; una coincidencia que, por sí sola, invita a reflexionar.

Conclusión

Más de medio siglo después, la mina de níquel de El Estor sigue operando, solo que la propiedad pasó del capital canadiense al ruso, y luego al estadounidense. El contrato por el que asesinaron a Fito Mijangos sigue vigente. La verdad sobre la muerte de los tres estudiantes está sepultada en la podredumbre del sistema judicial. La sangre de los pescadores Carlos Maaz y Felipe Xo no ha traído la rendición de cuentas de nadie. La contaminación roja del Lago de Izabal, el hábitat del manatí y la tierra ancestral del pueblo q’eqchi’, todo sigue siendo consumido.

El sitio web de Fenix Nickel dice “poner a las personas en el centro” y “respetar a los pueblos indígenas”, pero para las comunidades maya q’eqchi’ de El Estor, esas palabras se han escuchado demasiadas veces, durante demasiados años.