Sáhara Occidental
España abre la puerta a dar la nacionalidad a los saharauis

Más de 50 años después de la retirada española del Sáhara Occidental, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves, 10 de septiembre, una proposición de ley que permitirá a decenas de miles de saharauis recuperar el vínculo jurídico con el Estado que administró el territorio durante décadas. La iniciativa, impulsada por Sumar, abre la puerta a conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977 y que aún viven en el Sáhara Occidental, en los campamentos de refugiados de Argelia y en el exilio europeo. Además, el texto establece mecanismos para que sus descendientes también puedan acceder a ella.

La votación ha tenido lugar en uno de los momentos de mayor tensión entre España y Marruecos a consecuencia de la crisis fronteriza de finales de julio. De hecho, Rabat ve con recelo el avance legislativo impulsado en el Congreso de los Diputados, ya que la monarquía marroquí continúa reivindicando el Sáhara Occidental como parte de su territorio.

Voluntad de reparación por parte de España

Con todo, la norma no supone la concesión inmediata de pasaportes españoles. La Cámara ha dado el visto bueno al dictamen, pero ahora la proposición tendrá que continuar su recorrido en el Senado. El texto establece que la nacionalidad se concederá por carta de naturaleza, una vía excepcional prevista en el Código Civil cuando concurren circunstancias excepcionales. La redacción aprobada en comisión amplió hasta el 29 de septiembre de 1977 la fecha límite para los nacidos en el Sáhara Occidental, frente al 26 de febrero de 1976 que figuraba inicialmente en la propuesta.

Esa modificación en la fecha no es casual. El 29 de septiembre de 1976 entró en vigor un Real Decreto, aprobado por el Gobierno español de entonces, para permitir que los saharauis optasen a la nacionalidad española. Entonces, el plazo establecido era de un año, y el propio BOE fijaba que, una vez transcurrido ese periodo, los pasaportes y documentos de identidad españoles de quienes no hubieran ejercido la opción de pedir la nacionalidad quedarían anulados.

La proposición modifica el Código Civil para facilitar el acceso de los saharauis a la nacionalidad después de dos años de residencia legal en España

Aquella disposición es uno de los principales antecedentes jurídicos de la iniciativa que se ha votado el jueves en el parlamento. Más de medio siglo después, el nuevo texto pretende abrir una vía específica para quienes quedaron fuera de aquel procedimiento y para sus descendientes. La documentación que podrá utilizarse para acreditar el origen saharaui incluye certificados de nacimiento, documentación expedida por la Administración española e incluso certificados de escolarización, pensiones o permisos de conducir, y serán valorados en conjunto.

El texto también amplía a tres años el plazo para presentar las solicitudes desde la entrada en vigor de la norma y establece que esta comenzará a aplicarse cuatro meses después de su publicación en el BOE. Para los descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad se contempla un plazo de cinco años para optar a ella. Además, la proposición modifica el Código Civil para facilitar el acceso de los saharauis a la nacionalidad después de dos años de residencia legal en España.

Abandonados durante más de medio siglo

El Sáhara Occidental figura en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas desde 1963, cuando España controlaba el entonces denominado Sáhara Español en su condición de potencia administradora. La ONU continúa considerando el territorio como pendiente de descolonización.

En 1975, unas semanas antes de la muerte de Franco, Marruecos impulsó la llamada Marcha Verde sobre el territorio. La crisis desembocó en unas negociaciones en Madrid entre España, Marruecos y Mauritania. Unos días después se firmó la Declaración de Principios sobre el Sáhara Occidental, que puso fin a la presencia española en el territorio y cedió su control a Marruecos.

Sin embargo, la retirada española no resolvió el proceso de descolonización conforme al derecho internacional. Semanas antes de los acuerdos de Madrid, el Tribunal Internacional de Justicia había examinado la cuestión del Sáhara Occidental a petición de la ONU, y concluyó que existían determinados vínculos jurídicos entre el sultán de Marruecos y algunas tribus del territorio, pero no encontró un vínculo de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental que pudiera impedir la aplicación del principio de autodeterminación. Es decir, la sentencia no avaló la tesis de que el Sáhara formara parte de Marruecos antes de la colonización española.

El tribunal subrayó la vigencia del derecho de la población del Sáhara Occidental a determinar libremente su futuro político. España, sin embargo, abandonó el territorio, y esa salida dejó a buena parte de la población saharaui atrapada en una situación jurídica y política cuyas consecuencias se replican hasta hoy. Una parte del Sáhara quedó bajo el control de Marruecos y otra huyó hacia Argelia, donde se encuentran los campamentos de refugiados de Tinduf y donde el Frente Polisario mantiene su principal estructura política y organizativa.

Marruecos guarda silencio

Sumar calcula que con esta medida se beneficiarán en torno a unos 100.000 saharauis. Por su parte, Marruecos observa con desconfianza cualquier reconocimiento jurídico de la población saharaui, y de momento Rabat mantiene silencio oficial sobre la iniciativa. Los saharauis que viven en el Sáhara Occidental pasarán a tener documentación española y, entre otras cosas, podrían reclamar asistencia consular. Para quienes viven en los campamentos de Tinduf, la nacionalidad les abriría nuevas vías de movilidad y oportunidades de estudio y trabajo.

El Frente Polisario ya ha manifestado que, aunque reciben favorablemente la noticia, la concesión de nacionalidad no sustituye su objetivo de la independencia del Sáhara Occidental

Aun así, la nacionalidad no resuelve el conflicto territorial, y el Frente Polisario ya ha manifestado que, aunque reciben favorablemente la noticia, la concesión de nacionalidad no sustituye su objetivo de la autodeterminación y la independencia del Sáhara Occidental. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene desde 2022 su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, una decisión que provocó un fuerte rechazo entre los representantes saharauis.

En 2024, el propio PSOE votó en contra de la iniciativa que apoyó este jueves, mientras que el PP respaldó entonces que se iniciara su tramitación. Ahora, ambos partidos han modificado su postura. La proposición permaneció durante casi dos años bloqueada en la Comisión de Justicia hasta que su tramitación se ha acelerado durante este 2026.