Sáhara Occidental
Un informe registra el mayor aumento de violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental en cuatro años

En el año en que se cumplieron cincuenta años de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, tras los Acuerdos de Madrid de 1975, se han cometido el mayor número de vulneraciones contra los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Así lo ha concluido el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental en su informe anual de 2025 Voces desde la resistencia, que presentó la semana pasada en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. El texto documenta más de 170 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos durante 2025 en los territorios que ocupados lo que supone un aumento del 70 % con respecto al año anterior y la más alta desde que este grupo comenzó su trabajo de documentación.

Editado por el Instituto NOVACT de Noviolencia y la Asociación Catalana de Amigos del Pueblo Saharuí (ACAPS) el documento recopila información a través de las voces de activistas y defensores de derechos humanos que trabajan en terreno “bajo riesgo permanente de represalias”, indica. El informe identifica tres tendencias: el endurecimiento de la represión contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, la intensificación del bloqueo informativo sobre el territorio, y la aceleración de la apropiación de tierras y recursos naturales saharauis.

Los datos no son incidentes aislados sino “piezas de una estrategia calculada para hacer insostenible la vida del pueblo saharaui en su propio territorio. Y mientras eso ocurre, empresas europeas firman contratos sobre esas mismas tierras”

A pesar de que la misión de la MINURSO fue renovada por la ONU en octubre de 2025, y este pasado 29 de abril cumplió 35 años, el personal de esta organización lleva diez años sin poder acceder al territorio. Según los datos publicados, Marruecos ha expulsado al menos a 329 observadores internacionales desde 2014 y en 2025 fueron expulsados o rechazados entre 20 y 25 periodistas, activistas, parlamentarios y observadores. Ghalia Djimi, defensora saharaui de los derechos humanos y miembro del Grupo de Trabajo sostiene que los resultados de la investigación no son incidentes aislados sino “piezas de una estrategia calculada para hacer insostenible la vida del pueblo saharaui en su propio territorio. Y mientras eso ocurre, empresas europeas firman contratos sobre esas mismas tierras”.

En marzo de 2025, ocho relatoras especiales de Naciones Unidas emitieron un pronunciamiento conjunto preocupadas por los ataques sistemáticos contra 79 defensores, periodistas y activistas saharauis. Figuran el caso del periodista Hassan Zerouali, objeto de múltiples episodios de hostigamiento y violencia policial; el bloguero Breika Bahi, sometido a desaparición forzada breve y agresión física; y Kamal Laroussi, estudiante de 16 años retenido y amenazado con un arma de fuego, sostiene el informe.

En cuanto a la veintena de personas a las que no se les permitió la entrada o bien fueron expulsadas, entre ellas diversos periodistas, parlamentarios, activistas y observadores internacionales. Destaca los casos de una delegación de parlamentarios vascos, una misión de eurodiputados y el periodista Francisco Carrión, de El Independiente.

Apropiación de tierras, extracción de recursos y asfixia económica

El documento resulta pertinente ya que no se ha podido avanzar hacia una solución del conflicto n la zona además de que la última renovación de la misión Minurso de la ONU implicó el respaldo de EE UU, Francia, Alemania y la Comisión Europea a la “propuesta de autonomía” marroquí en la que se contemplan proyectos económicos vinculados a la explotación de sus recursos naturales. España también mostró su apoyo a los planes de Marruecos en abril de 2025 

El informe presentado en Ginebra se detiene especialmente en expolio de esos recursos así como una apropiación de facto de tierras del Sáhara occidental. Se refieren al plan marroquí de hidrógeno verde –con una inversión de más de 35 mil millones de dólares– a través del cual se facilita la asignación de tierras en los territorios ocupados a empresas como Acciona, ACWA Power, TotalEnergies y Engie. También recoge un reciente acuerdo entre Marruecos y Estados Unidos para la explotación de minerales en el lecho marino frente a las costas saharauis. Resulta pertinente recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció en octubre de 2024 sobre que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse automáticamente al Sáhara Occidental, pese a ello, la Comisión trabaja en una enmienda para seguir incluyendo productos del territorio en esos acuerdos, anota el informe.

Además, la investigación alerta sobre la promoción turística y de inversión de Dajla (nombrada Villa Cisneros durante las décadas de la colonización española), como parte de una estrategia más amplia de consolidación económica de la ocupación.

El informe Voces desde la resistencia también documenta lo que consideran como una asfixia económica de la zona al describir “un patrón sistemático de despidos, retirada de becas universitarias y destrucción de negocios de subsistencia contra la población saharaui que se signifique políticamente o simplemente muestre su identidad étnica”. Especial preocupación se muestra por la juventud saharaui que “se enfrenta a elegir entre la marginación, la represión o la emigración irregular a Europa, incluso poniendo sus propias vidas en riesgo”, incide el documento.

Sobre los 23 presos políticos de Gdeim Izik, quienes fueron condenados por su participación en el campamento de protesta en 2010 con confesiones que varias instancias de Naciones Unidas consideran obtenidas bajo tortura, el informe reporta que continúan encarcelados pese a los pronunciamientos de organismos internacionales que cuestionan la legalidad de sus condenas y reclaman su liberación. Sostienen incluso que algunos permanecen en régimen de aislamiento y con acceso limitado a atención médica.

En los campamentos de Tindouf “64 % de los hogares sufren inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil supera el umbral de emergencia establecido por la OMS. La anemia afecta al 69% de mujeres en edad reproductiva”

Por último, subrayan que se mantiene la crisis humanitaria en los campos de refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf debido a la reducción de la financiación internacional. La vida de 173.000 personas que allí sobreviven se ha agravado: “64 % de los hogares sufren inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil supera el umbral de emergencia establecido por la OMS. La anemia afecta al 69% de mujeres en edad reproductiva”, reporta el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.

Este grupo de trabajo sostiene que su informe ha sido el resultado de cuatro años de documentación realizado por activistas y defensores saharauis de derechos humanos en los territorios ocupados. La información, aseguran, se ha contrastado con organizaciones saharauis e internacionales y con documentación de Naciones Unidas. Finalmente, destacan que el acceso al territorio sigue estando fuertemente restringido para observadores internacionales y medios de comunicación.