Costas
El significado de una bandera negra

Gran parte de la población española se concentra en el litoral. En la zona costera, apenas un 10% del territorio, se acumula un 40% de la población. A esta población residente se suma, en época estival, una población flotante que en algunos casos es tan numerosa como la fija. Cuando no, en pequeñas villas de tradición marinera, duplica o triplica a los lugareños.

Esta presión urbanística, generada principalmente por el turismo, es la mayor fuente de agresiones ambientales en el litoral. Destacadas, en cuanto a la gravedad del impacto, dos de las consecuencias derivadas de la sobreexplotación turística: el colapso del sistema de depuración y el urbanismo salvaje. En base a estas dos se asientan los pilares del informe de Banderas Negras de Ecologistas en Acción.

Turistificación, depuración e industria 

España en general tiene un sistema de saneamiento con raquitismo crónico. Europa nos lo recuerda cada poco imponiéndose multas millonarias por la deficiente depuración de las aguas residuales. Si la mayoría de las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) ya se desbordan con las primeras lluvias invernales por la vetusta red de saneamiento, el colapso de las EDAR se  hace norma en la época estival con una afluencia masiva de turistas que duplica o triplica la población equivalente.

Las consecuencias son, casi sin excepción, un continuo vertido de aguas fecales directamente al mar a través de los emisarios o de los aliviaderos de la red. No es denunciar la permanente ineficacia de los sistemas terciarios de las EDAR, sencillamente es que dejan de funcionar. Las consecuencias ambientales son desastrosas para el entorno y para una economía cuyo reclamo turístico es el valor natural de la costa. Estamos hablando, en muchos casos, de un problema de salud pública.

A la par, está el desastre ambiental y paisajístico causado por el urbanismo salvaje. Un problema que puede parecer un mal recuerdo del pasado, pero la realidad es que sólo está aletargado por la crisis inmobiliaria. Urbanizaciones y resorts de lujo han ocupado espacios de alto valor natural en el litoral con la complacencia de las administraciones locales.

¿Y el turista? ¿Se llevará un buen recuerdo de unas playas contaminadas, masificadas y cercadas por un entorno en el que impera el hormigón?

¿Y el paisano? La población local ve asaltado su pueblo por una horda foránea que le secuestra su hábitat y modifica sus rutinas y costumbres. Y no es admisible que esto se asuma como peaje legítimo por ser agraciado con un empleo temporal y precario.

La parsimonia garantista con el infractor de la Justicia y los vericuetos insondables de los trámites administrativos hacen tarea de titanes lograr que pague quien contamina o destruye. Esto instaura en la sociedad la resignación ante la impunidad. ¿Hay algo peor que una sociedad derrotada de antemano?

No es la turistificación el único azote del litoral. La industria contaminante le da la puntilla a nuestras costas. La misma sensación de impunidad reina cuando la población se enfrenta a las grandes empresas contaminantes. Esas que se piensan que por pintarse el logo de verde ya son de lo más ecológico, pero luego abultar la cuenta de resultados es el único criterio que rige sus operaciones. 

Queremos creer que a esta industria cada vez les cuesta más cara la licencia social para contaminar. Aunque seguimos escuchando a muchos gobernantes amplificar su sempiterno mensaje coercitivo: Si queréis trabajo, ¡es lo que hay!.

Esta contaminación química es muy difícil de detectar hasta que el desastre ambiental está consumado. El Polo Químico en Huelva, Petronor en Bizkaia, la regasificadora del Musel en Asturias, Alcoa en Lugo o Ence en Pontevedra. Todas con banderas negras reiteradas.  

Ejemplos de contaminación química

El caso de Ence es quizás uno de los más dolorosos para el ecologismo y la población afectada, ya que, por una vez, parecía que la democracia se imponía. Los cambios normativos sobre los usos del litoral iniciaban en la cuenta atrás para que la pastera dejará de contaminar la ría. La sentencia de la Audiencia Nacional desbarató el intento del Partido Popular de Rajoy de prolongar por decreto la caducada concesión. 

¡Ah! Pero faltaba el Tribunal Supremo. Con más argucias que argumentos, este Tribunal enmendó la plana a la Audiencia Nacional y renovó la licencia para contaminar a la factoría de celulosa. Por si a alguien no le quedaba clara la razón porque los negacionistas impiden la renovación de este alto tribunal.

Los residuos industriales no sólo proceden de la industria instalada en orillamar. Los ríos que tributan en el mar acarrean la contaminación generada aguas arriba. El extractivismo minero de la faja pirítica ha convertido las aguas que bañan la costa onubense y gaditana en las más contaminadas por metales pesados. En Cartagena, la explotación de Sierra Minera ha dejado un drama social y ecológico que está sufriendo una población desamparada por las administraciones. No menos grave es lo que sucede en Galicia con la mina de Touro o San Finx. 

La Xunta de Galicia ha autorizado el vaciado de la mina de San Finx, un drenaje ácido de mina que herirá de muerte al ecosistema de la ría de Noia. Miles de mariscadores y pescadores han tomado la calle para tratar de impedirlo, pero la Xunta de Feijóo y Rueda sólo tiene oídos para Sacyr. Este holding empresarial necesita la autorización de vaciado para hacer efectiva la venta de la concesión minera a una empresa australiana.

La sobreexplotación agrícola, la agricultura intensiva con su uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas también tiene consecuencias desastrosas para nuestros mares. El colapso del Mar Menor o el deterioro del Delta del Ebro son claros ejemplos de que cualquier actividad extractiva o industrial que no se planifique y regule con criterio social y ecológico acaba siendo un desastre ambiental de graves repercusiones para la salud y economía tradicional de la población local.

Los archipiélagos y las ciudades autónomas no se libran de esta lacra. Su costa, aunque libre de grandes focos de contaminación, padece igualmente toda variedad de agresiones fruto de la falta de planificación y control de las administraciones: arenales cercados por el cemento de chalets y chiringos, playas cerradas al baño por alta concentración de  la bacteria E.coli en sus aguas, entornos de alto valor natural que soportan el ruido de actividades recreativas motorizadas, contaminación lumínica o la basura que nos devuelve el mar.

En los últimos años también alertamos sobre problemas emergentes que de no corregirse pueden acabar acarreando un grave impacto ambiental. El pasado verano denunciamos la toxicidad para el medio marino de varias de las sustancias utilizadas en la fabricación de las cremas solares y la total ausencia de regulación del sector.

Las playas caninas

Este año, abrimos debate sobre el impacto que está originando la proliferación de playas caninas sin un estudio ambiental previo. No se trata de demonizar a ningún animal, ni a las personas que los acompañan, sino de entender la interacción que se produce entre ellos: las aves perciben al perro como predador y éste a ellas como presa. Cuando permitimos que un perro persiga a las aves, aunque no las atrape, causamos en ellas un importante estrés, les impide o dificulta la obtención de alimento, las privamos de descanso y las obligamos a invertir un elevado gasto energético en tener que huir.

La designación de playas caninas es una iniciativa en auge tomada por ayuntamientos en la que, habitualmente, no se tienen en cuenta criterios medioambientales y en la que son seleccionadas aquellas playas consideradas de menor valor turístico, que paradójicamente suelen coincidir con las que presentan mayor valor ecológico.

El denominador común parece claro: la carencia de sensibilidad ambiental en las decisiones de las administraciones y la ausencia de voluntad política para planificar y controlar las actividades económicas que amenazan la vida. Como sociedad dependiente del medio que habita no nos lo podemos permitir.