Desahucios
La Junta envía cartas “amenazantes” a familias de viviendas sociales

El gobierno de Fernández Vara, cada cierto tiempo, ofrece declaraciones sobre los datos de viviendas de titularidad pública recuperadas (en todo momento evitan la palabra desahucio) dando como causas el tráfico de drogas, ocupaciones ilegales o mal uso de la vivienda, y que en su gran mayoría se han efectuado tras la negociación con los inquilinos y la consiguientes entrega voluntaria de llaves.

Sin embargo, los movimientos sociales, Campamento Dignidad y Mérida Solidaria, acaban de denunciar la actuación de la Junta de Extremadura por la actitud que mantiene en el asunto de las viviendas sociales con las familias más necesitadas, que en muchos se encuentran bordeando la exclusión social.

En concreto, denuncian estos colectivos que la Secretaría General de Arquitectura, Viviendas y Políticas Sociales está enviando cartas a familias de viviendas sociales haciéndoles constar las deudas atrasadas que tienen, y recordándoles que “el impago de esas deudas es causa de la pérdida del derecho de adjudicación de la vivienda de la que es titular” y que “la sospecha de este procedimiento de actuación recaudatorio genera un estado de angustia e intranquilidad cuando reciben estas cartas que piensan en la posibilidad de verse expulsadas de sus viviendas”.

Se preguntan estos colectivos por qué la Junta de Extremadura está enviando cartas en estos momentos y no las ha enviado con anterioridad “cuando las deudas eran pequeñas y las familias las podían pagar más fácilmente”. Dicen que ahora, “cuando las deudas acumuladas son importantes resulta fácil ante la opinión pública justificar las amenazas de expulsión de la vivienda y solicitar que se proceda a la ejecución judicial correspondiente”.

Explican Campamento Dignidad y Mérida Solidaria, que en la actualidad, hay muchas personas que sufren el desempleo o la precariedad laboral, cobran ridículas pensiones de viudedad o de jubilación y las ayudas sociales apenas dan para la compra de alimentos. Todas estas circunstancias impiden en muchos casos el pago simultáneo de deudas y de las mensualidades de las viviendas sociales en las que residen.

Estos colectivos apuestan por buscar una solución a esta problemática, bien sean deudas y/o conductas asociales, “que no se fundamenten en la estrategia de echar a unos pobres para meter en esas mismas viviendas a otros pobres” y además exigen la supresión del envío de esas cartas de manera inmediata y la búsqueda de soluciones que tengan por objetivo principal, por encima de todas las circunstancias que se puedan dar, el Derecho a la Vivienda.