Derecho a la vivienda
La Ley de Vivienda de la PAH amenaza al oligopolio del alquiler

Una de las consecuencias derivadas de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno es la reactivación de la tramitación parlamentaria de todas las iniciativas legislativas que la mayoría conservadora había mantenido bloqueadas. Entre ellas se encontraba la llamada Ley de vivienda de la PAH, admitida ahora a trámite por la nueva mayoría en el Congreso que hizo posible la llegada al poder de Pedro Sánchez.

El texto de esta Ley ha sido redactado por la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca, hecho ya de por sí reseñable, mientras que la propuesta formal ha sido realizada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Al margen del PSOE, la propuesta de Ley ha contado con los apoyos de ERC y PDeCAT, además de los diputados de Compromís y EH-Bildu. Por su parte, tanto PP como Ciudadanos han votado en contra de la propuesta al considerarla demasiado intervencionista, mientras que la abstención del PNV ha decantado la balanza en favor de la iniciativa de la PAH.

[...] pudiera parecer que la tensión entre la turistificación de las ciudades y su respuesta popular en forma de turismofobia es inevitable, pero esta es solo una manera simplista e interesada de plantear el problema

Pero más allá de una nueva demostración de la posibilidad de llegar a acuerdos parlamentarios en lo que queda de legislatura, la admisión a trámite del texto legislativo de la PAH supone el reconocimiento del esfuerzo de la Plataforma a lo largo de los diez últimos años por garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Aunque no se trata solo de reconocimiento. La vivienda sigue siendo un problema de primer orden en España, con cifras de desahucio por encima de las 60.000 en 2017 (últimos datos del Consejo General de Poder Judicial), apenas un descenso del 3,6% respecto del año anterior. Los datos muestran que ya el año pasado se estaba produciendo un cambio vertiginoso en la naturaleza de los desahucios, con un crecimiento considerable de los lanzamientos de viviendas en alquiler (más de un 4%), mientras que descendían las ejecuciones por impago de hipotecas (un 15,4% menos).

Este cambio en la naturaleza de los desahucios responde con coherencia a la transformación profunda que está viviendo el mercado inmobiliario en los últimos tiempos. Se habla ya de una verdadera burbuja del alquiler, gestada al calor de la reconversión de los centros urbanos en apartamentos para el turismo masivo. El portal Fotocasa reflejaba en su último informe sobre los precios del alquiler una subida interanual del 4,2%, con cifras por metro cuadrado cercanas a las de los años del boom.

Ante esta situación, pudiera parecer que la tensión entre la turistificación de las ciudades y su respuesta popular en forma de turismofobia es inevitable, pero esta es solo una manera simplista e interesada de plantear el problema. La realidad es que la subida de los precios del alquiler tiene que ver, tanto o más, con el acaparamiento de inmuebles por parte de grandes grupos inversores, los llamados fondos buitre, como con su transformación en apartamentos turísticos. Los bancos, principales propietarios de inmuebles en España, han vendido en los últimos años grandes paquetes de viviendas a fondos internacionales de inversión, que han fijado su atención en la rentabilidad del mercado del alquiler en España. Entre ambos controlan ya el 80% de las viviendas en alquiler, lo que constituye un oligopolio encubierto si pensamos que, en muchas ocasiones, estos fondos están participados por los propios bancos.

Acaparan tantos pisos que logran generar escasez en algunos barrios, provocando una subida exponencial de los precios, ya sean alquileres o hipotecas

La jugada es maestra, no cabe duda. Esos mismos bancos, que fueron saneados con dinero público, venden hoy sus pisos en lotes de 3.000 a precios muy por debajo del valor que encuentra cualquier persona que busca una vivienda en propiedad (Goldman Sachs adquirió 3.000 viviendas protegidas de la CAM en una “operación trufada de irregularidades”, según la fiscalía). Acaparan tantos pisos que logran generar escasez en algunos barrios, provocando una subida exponencial de los precios, ya sean alquileres o hipotecas. Se da la macabra paradoja de que familias que fueron realojadas en viviendas de alquiler social, son ahora expulsadas por estos nuevos propietarios al no poder pagar sus alquileres, una vez finalizado el plazo judicial que imponía una cuantía máxima.

La proliferación en los últimos años de apps intermediarias entre propietarios e inquilinos (tipo Airbnb, Idealista, Pisos.com, etc.) cierra el círculo y nos enseña la cara amable del nuevo capitalismo especulativo, al mismo tiempo productor del problema y de la “solución”.

Por todo ello, la Ley de Vivienda de la PAH establece la necesidad de abordar el problema teniendo en cuenta estas cinco medidas, conocidas como "las 5 de la PAH": que no se produzcan desahucios sin alternativa habitacional; regular el precio del alquiler; la dación en pago reatroactiva; que se realoje temporalmente a familias en emergencia en pisos vacíos de la banca y combatir la pobreza energética. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. En palabras del portavoz de la PAH, “la tramitación de la Ley requiere que la gente que ha sido elegida para solventar los problemas de los ciudadanos se moje de manera urgente; no son cifras que nos inventamos, sino del Poder Judicial; el drama sigue existiendo y vemos cómo Socimis y fondos buitre acaparan viviendas a manos llenas mientras que ninguna administración pública está haciendo nada para generar un parque público de vivienda”.