Opinión
¿Qué perdemos con la privatización sanitaria?

Que nadie piense que con la privatización sanitaria sólo nos roban dinero. Vamos a reflexionar sobre todo lo que perdemos con la privatización de nuestra Sanidad Pública.

En primer lugar, se atenta contra la seguridad del paciente. Un ejemplo puede ser el cribado del cáncer de mama en Andalucía. En 2003 comienzan los conciertos en el Servicio Andaluz de Salud para este cribado, se realizan mamografías en unidades móviles. Se contrata a la empresa privada Centro de Diagnóstico Granada que, a su vez, subcontrata otra empresa, Gestión y Ejecución de Sistemas de Información (GESI). La Junta de Andalucía despide a 9.000 profesionales entre 2010 y 2020. A nivel de digitalización, en 2016 contrataron a Indra y en 2022 el contrato pasó a la empresa japonesa NTT (siendo entonces Eduardo Serra, ex ministro de defensa, el presidente de la división española de la empresa).

No es de extrañar que con tantos contratos, tantas empresas y tantos despidos, se olvide un pequeño detalle: ¿Quién debe informar a la paciente del resultado de la mamografía?. La consecuencia: 2.300 mujeres no informadas de sus resultados dudosos que precisan prueba complementaria para confirmación de diagnóstico. Entre ellas, al menos, 270 mujeres con cáncer de mama avanzado.

Con la privatización se diluye, se pierde, la responsabilidad de las empresas y se pone en riesgo la vida de las personas

Con la privatización se diluye, se pierde, la responsabilidad de las empresas y se pone en riesgo la vida de las personas. También se atenta contra nuestra seguridad al poner en marcha la Ley de cuidados inversos: Son atendidos con preferencia los pacientes más rentables, los que tienen menos factores de riesgo, retardando la atención a quienes más la precisan.

Pérdida de calidad

Por otro lado, se pierde calidad en los resultados obtenidos, porque nadie evalúa los mismos. Nadie controla la lencería, que llega tarde y en malas condiciones a los hospitales con lavandería privatizada, tampoco la pérdida de calidad de las comidas cuando se privatizan las cocinas.

Se ha denunciado en múltiples ocasiones la privatización del servicio de esterilización del Hospital 12 de Octubre (aprovechando la demolición del antiguo edificio y el traslado al nuevo, han privatizado muchos servicios).

El material quirúrgico llega con restos de sangre y otros tejidos de la cirugía previa. Lo reciben mal empaquetado, teniendo que desechar algunas cajas con piezas equivocadas. En una cirugía urgente, éste material en malas condiciones podría afectar a la vida del paciente.

Se atenta contra la equidad y la accesibilidad

Además, se atenta contra la equidad. En los hospitales modelo PPP de gestión sanitaria privada (Torrejón, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles o Fundación Jiménez Díaz), la población adjudicada puede ser atendida más tarde que aquellos que viven “fuera de esa zona”, por los que el hospital recibirá un dinero suplementario. El delegado de Ribera Salud del Hospital De Torrejón explicaba cómo aumentar el negocio con ese dinero extra que deberían priorizar.

De otro lado, se atenta contra la accesibilidad. Para conseguir que la población acuda a los hospitales de gestión privada, necesitan aumentar las listas de espera en los públicos. Para ello cierran las agendas, haciendo insostenible la lista de espera en los hospitales públicos de referencia y obligando (no hay libertad de elección) al paciente a desplazarse a hospitales lejanos de gestión privada.

Se inutilizanlos recursos públicos en aras de su negocio

Para justificar la puesta en marcha del Laboratorio Clínico Central privado que cubre a los seis hospitales de concesión de obra pública (adjudicado en 2008 a Ribera Salud y que ahora ha pasado a manos de Quirón) cerraron impune y definitivamente tres laboratorios públicos perfectamente dotados y con pleno rendimiento (Vicente Soldevilla, Virgen De la Torre y Aranjuez).

En la pandemia cerraron durante dos años los 37 servicios de urgencia extrahospitalaria urbanos (SUAP) que atendían a 750.000 personas al año, sin ninguna justificación. La movilización ciudadana forzó su reapertura, aunque la mitad de ellos no tiene médico o médica en su equipo, forzando acudir a colapsar la urgencia hospitalaria.

Contábamos con 100 profesionales sanitarios del Ayuntamiento de Madrid y sus centros para rastrear los contactos familiares de pacientes Covid en mayo de 2020, a coste cero y prefirieron dar un contrato a Indra, tras pedir voluntarios entre la población.

Teníamos 25 camas de UCI sin estrenar (19 del Hospital Infanta Sofía y seis en Infanta Leonor) que no se utilizaron en lo peor de la pandemia. En enero de 2021 pagaron el triple del precio estipulado a hospitales privados, teniendo esas camas UCI vacías. Deberíamos plantearnos la legalidad de todo esto. ¿Son realmente públicos éstos hospitales si nos impiden utilizar sus recursos?.

Tenemos nuestros hospitales públicos sin uso durante el turno de tarde, tanto en las consultas de especialistas, como en pruebas diagnóstico y cirugía, para aumentar las listas de espera. Más de 1 millón de ciudadanos en Madrid esperan su cita, no sabemos cuántos mueren esperando.

Se fomenta la corrupción

Al Hospital Puerta de Hierro de la Comunidad de Madrid le estuvimos pagando las habitaciones como dobles, cuando son individuales durante nueve años, 10 millones de regalo. Cuando se redujo el canon anual, las empresas adjudicatarias denunciaron y tuvimos que pagar 30 millones más, por error administrativo.

El Hospital de Villalba, del grupo Quirón, estuvo parado tras su construcción durante dos años, sin inaugurarse porque el Consejero de Sanidad, Fernández Lasquetty, decidió que necesitaba recortar gastos. Durante este tiempo pagamos 20 millones en concepto de mantenimiento y amortización de las obras.

Se ha denunciado que con recursos públicos, se está esterilizando material de empresas privadas (Sanitas) en el servicio privatizado de esterilización del Hospital 12 de Octubre.

En el Hospital de Torrejón, perteneciente a Ribera Salud, se reutiliza muchas veces material de un solo uso (despidieron a los trabajadores que lo denunciaron), poniendo en peligro la vida de los pacientes.

Con el contrato menor no hay competencia económica y son siempre las mismas empresas amigas las favorecidas, con el sobrecoste correspondiente. El 99,5% de los contratos de Sanidad firmados durante la pandemia en Madrid fueron contratos menores

Una especial mención en el apartado de corrupción debemos hacer para los contratos menores: el “contrato menor” consiste en trocear aquellos contratos superiores a 15.000euros, si se trata de material y servicios, o 60.000 euros si hablamos de contrato de obra. El objetivo es evitar el concurso público, donde competirían varias empresas. Con el contrato menor no hay competencia económica y son siempre las mismas empresas amigas las favorecidas, con el sobrecoste correspondiente. Pues bien, según las investigaciones realizadas por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, basadas en el portal de transparencia de la Consejería de Sanidad, el 99, 5% de los contratos firmados en pandemia por la Comunidad de Madrid fueron contratos menores. Ésto que se ha convertido en la norma, cuando se contempla para casos excepcionales, se ha denunciado desde la Coordinadora de barrios y pueblos en defensa de la Sanidad Pública de Madrid y Audita Sanidad en todas las instancias pertinentes, sin conseguir la repercusión necesaria hasta el momento.

De las “puertas giratorias” podemos hablar en otro momento (Lamela, Güemes, Fernandez Lasquetty, Ruiz Escudero…)

Desposesión de lo que es nuestro.

Los centros de especialidades de Pontones y Quintana pertenecían al Servicio Madrileño de Salud. En 2006, siendo Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, y Manuel Lamela el Consejero de Sanidad, pasaron a pertenecer a la Fundación Jiménez Díaz. Así, sin más.

El antiguo Hospital Puerta de Hierro se cerró en 2008, con las promesas del PP (Güemes y Aguirre) de convertirlo en un centro de media y larga estancia. Después anunció Díaz Ayuso que sería un hospital de cuidados y recuperación funcional. A día de hoy sigue siendo un edificio en ruinas. Su reforma no les interesa, prefirieron el negocio más suculento de la nave Zendal. Por dejarle morir, llevamos pagados 12.5 millones de euros (tributos locales, seguridad, electricidad, agua…).

El antiguo Hospital militar Generalísimo Franco (C/ Isaac Peral, Moncloa) también está parcialmente abandonado, pero en este caso la historia es diferente: el Ministerio de Defensa y su ministra Margarita Robles, han decidido alquilarlo a 75 años, a un tercio del precio estipulado por la zona, a la empresa Quirón, que está haciendo la obra a toda velocidad, para unir ese territorio a su Imperio de la Fundación Jiménez Díaz.

En resumen, sería interesante entender que la privatización de nuestra Sanidad Públicapone en peligro la vida de toda la ciudadanía, además de despojarnos de nuestro bien más valioso, ese que debe seguir siendo un bien comúny nos hace a todos iguales.

No dejemos de defender nuestros derechos. Exijamos la derogación de las leyes que permiten la privatización (Ley 15/97 y artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad). Unámonos a las asociaciones vecinales organizadas, apoyemos todas las movilizaciones x la Sanidad Pública y recordemos a la hora de votar que PP y Vox apoyan la privatización sanitaria.

Guardemos la fecha del 31 de mayo, día elegido por el espacio de Vecinas y Vecinos de barrios y pueblos para defender nuestro sistema sanitario público.