Sanidad
El Hospital del Vinalopó seguirá privatizado pese a las 15.000 firmas en contra

Este viernes 31 de mayo finaliza el plazo para que se inicien los trámites de reversión al sistema público que el gobierno de Mazón no activará pese a la ausencia de informes que avalen la prórroga de la concesión.
Manifestacion reversion Vinalopo
Cabecera de la manifestación en Elche que congregó a un millar de personas el pasado 18 de mayo. (Foto cedida Plataforma por la reversión del Vinalopó)

 

31 may 2024 10:34

Si la Generalitat que preside Carlos Mazón quisiera revertir al sistema público de Salud el Hospital del Vinalopó de Elche y sus centros de salud asociados, hoy es el último día que tendría de plazo legal para comunicarselo a la empresa Ribera Salud. Algo que no sucederá, ya que el Conseller de Sanidad, el popular Marciano Gómez, ha expresado en los últimos días su intención de prorrogar cinco años más la concesión en base a una supuesta auditoría y encuestas de satisfacción que, por el momento, siguen sin hacer públicas.

Es más, ayer mismo jueves 30 de mayo, un día antes de la finalización del plazo para comenzar los trámites de reversión marcada por el mismo contrato de externalización, Gómez anunciaba en el pleno de Les Corts que la prórroga de la concesión quedaba “condicionada al cumplimiento de las normas de verificación y coordinación, así como al cumplimiento de una serie de criterios generales”; unas normas recogidas en un documento “que ya ha sido remitido a la empresa concesionaria”, indicó ayer el conseller en su comparecencia.

Sanidad pública
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La vuelta del PP al gobierno valenciano ha supuesto un balón de oxígeno para la principal beneficiaria de la privatización sanitaria, que mantendrá la concesión de Elx-Crevillent a pesar del malestar social.

Esto quiere decir que la empresa concesionaria, Ribera Salud, deberá cumplir en los próximos meses una serie de criterios basados en el cumplimiento con las liquidaciones y en la obligación de mantener niveles de calidad asistencial, remarcando Gómez al respecto que “si se cumplen las normas se prorrogará y si no se cumplen no se prorrogará”, por lo que la empresa todavía debe demostrar la “eficiencia” y los “buenos números” que ya le adjudicaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hace dos semanas cuando llamaba a “aparcar la ideología y ponernos en marcha de la eficiencia”.

Así, según han indicado desde la conselleria de Sanidad, la sentencia del TSJCV de 15 de octubre de 2019 establece que la aprobación de las normas de verificación y coordinación no condiciona la decisión final de la Administración respecto a la prórroga del contrato de concesión. Es decir, la Generalitat tiene que aprobar un año antes estas normas de verificación porque así lo contempla la ley de Contratos del Sector Publico para evitar una prórroga  automática, “pero la aprobación de estas normas ni incluyen ni excluyen por si mismas la mencionada prórroga”, puntualizó el conseller.

15.000 firmas por la reversión

Simultáneamente, esta misma semana varios integrantes de la plataforma ciudadana acudieron al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, para entregarle las 15.000 firmas recogidas entre usuarios del departamento sanitario para expresar su oposición a la prórroga de la concesión de este departamento de salud que atiende a la mitad de la ciudad de Elche y a las poblaciones de Aspe, Crevillente y los Hondones.

El conseller se reunió el 22 de mayo con representantes de la organización ciudadana transmitiéndoles su intención de que el grupo sanitario privado Ribera Salud mantenga la gestión del hospital otro lustro

A raíz de las diferentes movilizaciones llevadas a cabo durante las últimas semanas por la Plataforma ciudadana por la Reversión del Departamento del Vinalopó, hasta el punto de verse obligados a abordar en plena calle al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y al Conseller de Sanidad, para que el Ejecutivo autonómico se reúna con la Plataforma Ciudadana y escuche sus reivindicaciones, finalmente el titular del área mantuvo el 22 de mayo un encuentro con representantes de la organización ciudadana, transmitiéndoles su intención de que el grupo sanitario privado Ribera Salud mantenga la gestión del hospital otro lustro. 

En esa reunión Gómez se mostró reacio a hacer públicos los datos que avalan la continuidad de la concesión y, preguntado sobre la memoria de 2023 relativa a la gestión del departamento de Salud, el responsable de la Sanidad valenciana indicó que dicho informe “lo tiene él que es quien tiene que tomar la decisión”, señalaron desde la Plataforma.

Desde CCOO reclaman que se “tenga en cuenta” los informes respecto a anteriores reversiones, ya que una prórroga “supondría pagar dos veces los costes de construcción del hospital y de los centros de salud con los impuestos”

Por su parte, y ante la ausencia de informes relativos a la gestión del departamento del Vinalopó, desde CCOO instaron a la Conselleria de Sanidad a que “tenga en cuenta” los informes elaborados por la Generalitat respecto a anteriores reversiones como las de Manises o Dénia en los que “se cuestiona la viabilidad jurídica” de una prórroga ya que “supondría pagar dos veces los costes de construcción del hospital y de los centros de salud de ese departamento con los impuestos de la ciudadanía valenciana”.

En el mismo sentido, el pasado 15 de mayo Compromís presentaba en Les Corts una PNL para exigir la reversión a la gestión pública del único departamento de salud valenciano en manos de una empresa privada, y al respecto la Plataforma ya anunció su intención de judicializar la prórroga ante la ausencia de datos objetivos que justifiquen la reversión.

El colectivo ciudadano se reunió con el alcalde de Elche, el también popular Pablo Ruz, quien tampoco ofreció “ningún dato” sobre “los informes que avalan la postura manifiesta”

Además, el pasado lunes 27 de mayo tuvo lugar el pleno ordinario del Ayuntamiento de Elche, donde PSOE y Compromís presentaron una moción para que se debatiese la situación del departamento de salud, quedándose solos ya que el Equipo de Gobierno de PP y Vox renunciaron a participar en el intercambio de argumentos lo que dio pie al edil socialista Mariano Valera a remarcar que ese mutismo era “un aval demoledor que dice que no a la concesión, o pura opacidad”.

Este mismo martes, a cuatro días de la finalización del plazo, el colectivo ciudadano se reunió con el alcalde de Elche, el también popular Pablo Ruz, quien tampoco ofreció “ningún dato” sobre “los informes que avalan la postura manifiesta” del gobierno autonómico de Carlos Mazón y “su apuesta por la gestión privada”, indicaron desde la Plataforma por la Reversión. Además, desde la Plataforma acusaron al Ayuntamiento de Elche de “boicotear” un acto de la organización en el Centro de Congresos de la ciudad, señalando que “había disponibilidad de salas” pero se les comunicó “que estaba todo el centro de congresos ocupado”.

Reunión con Mónica García

Además, en su esfuerzo por llevar su mensaje a todos los estamentos del Estado, el pasado 16 de mayo una delegación de la Plataforma se reunió en Madrid con la ministra de Sanidad, Mónica García, encuentro en el que incidieron en la necesidad de “derogar por completo” la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, norma impulsada por el gobierno de José María Aznar que abrió la puerta a los modelos de sanidad concesionada. 

Durante la reunión, la ministra aseguró que la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud “no permitirá modelos como el de Alzira”, remarcando que “este sistema de concesiones sanitarias ha demostrado ser un fracaso”, e insistiendo en que desde el Ministerio están “firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que no se venda al peor postor”.

Al departamento del Vinalopó a cada médico de primaria “le corresponde un 21,5% de pacientes más que al resto de departamentos de gestión pública de la Comunitat Valenciana, con cuotas de entre 1.700 -1.800 pacientes por médico”

En los últimos meses la Plataforma por la Reversión del Vinalopó se ha movilizado en diferentes ocasiones tanto en el centro hospitalario como a las puertas de Les Corts para hacer llegar a los representantes públicos su reivindicación para que el departamento de Salud, el único que queda con gestión privada, vuelva a la gestión pública. El pasado 18 de mayo, cientos de personas realizaron una cadena humana alrededor del hospital, donde señalaron que su intención es “cuidar de las personas que nos cuidan”, ya que en el departamento del Vinalopó a cada médico de primaria “le corresponde un 21,5% de pacientes más que al resto de departamentos de gestión pública de la Comunitat Valenciana, con cuotas de entre 1.700 -1.800 pacientes por médico”. 

Por su parte, la síndica adjunta de Compromís y exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, quien hace apenas unas semanas anunció que padecía cáncer de mama y que, como crevillentina, debe recibir el tratamiento en las instalaciones concesionadas a Ribera Salud, expresó mediante su cuenta de instagram que “espera impaciente que Mazón anuncie el viernes que revertirá el hospital del Vinalopó el 31 de mayo de 2025”.

“Hace poco más de un mes, cuando anuncié que tenía cáncer, muy amablemente el President me dijo que ponía toda la sanidad pública a mi disposición y que lo que necesitara se lo dijera. Nada más necesito que el Vinalopó vuelva a manos públicas”, indicaba la síndica de Compromís tras anunciar que ya lleva tres de las seis sesiones de quimioterapia previstas en su tratamiento, subrayando a su vez que “la situación es dramática hasta el punto de que la única cosa que te viene a la cabeza y que preguntas cuando te dicen que tienes cáncer es si la empresa privada va a escatimar esfuerzos en ti o si pido tratarme en otro hospital”.

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