Sanidad pública
Hospital del Vinalopó: el último rehén de la privatización del PP valenciano

En el año 2007, con Alberto de Rosa fungiendo de director gerente en el departamento de Salud de la Ribera (Alzira), pionero en España del modelo de gestión público-privada, el Instituto de Estudios Económicos —think tank neoliberal adscrito a la CEOE— publicaba uno de sus ‘estudios’ (prologado por Rafael Blasco, entonces conseller de Sanidad), en el que de Rosa describía a la Consellería de Sanidad valenciana como “la mayor empresa del sector servicios de toda la región, con unos 5.000.000 de 'clientes' potenciales”.

El referido estudio, titulado Las nuevas formas de gestión sanitaria 'Modelo Alzira', se trataba de un panegírico del modelo de concertación público-privada del sistema sanitario, con el caso del Hospital de Alzira como ejemplo de las bondades del sistema de concesión sanitaria a empresas de capital privado. Bajo los gobiernos del Partido Popular, primero con Eduardo Zaplana y luego con Francisco Camps, a la privatización de la gestión en Alzira le siguieron el Hospital de Torrevieja (construido por Enrique Ortiz), el de Manises, el de Dénia y el del Vinalopó en Elche. En total, Ribera Salud, principal beneficiaria de las concesiones, llegó a gestionar el 20% de la sanidad pública valenciana, una quinta parte de la población.

En total, Ribera Salud, principal beneficiaria de las concesiones, llegó a gestionar el 20% de la sanidad pública valenciana, una quinta parte de la población

Cabe recordar que Ribera Salud comenzó su andadura en los años 90 con el capital de las extintas cajas de ahorros CAM y Bancaja, momento en que presumían de conformarse con capital cien por cien valenciano. En su primera etapa al frente del área de salud de la comarca de la Ribera, de 1999 a 2002, el hospital de Alzira tuvo pérdidas por más de cinco millones de euros, por lo que la Generalitat volvió a sacar a concurso la concesión, indemnizó a la concesionaria por lucro cesante con 69 millones de euros y, poco después, volvió a poner la concesión en manos de la empresa. A partir de entonces, todos los contratos de externalización de áreas de salud en favor de Ribera fueron trajes a medida.

Con la caída de las cajas de ahorro, el capital pasó a manos del Banco Sabadell y de Bankia, que entre 2014 y 2019 acabaron por vender sus participaciones al fondo de inversión norteamericano Centene, quien a su vez en 2022 también se deshacía del holding sanitario tras venderlo al grupo francés Vivalto Santé, por lo que el capital cien por cien valenciano acabó en el cero por cien, pero las concesiones administrativas de áreas de salud continuaron hasta el presente.

Las reversiones fueron antecedidas por la movilización ciudadana y de los profesionales que rechazaban este régimen de concesión frente a la maquinaria de propaganda de las empresas concesionarias

Un presente en el que todos los departamentos concertados, menos el de Elx-Crevillent, ya han sido revertidos (o están a punto) e integrados de nuevo en el sistema sanitario público valenciano. El cambio del signo político en la Generalitat a partir de 2015 propició que se pusieran en marcha los procesos de reversión, comenzando con el buque insignia de Alzira, cuya gestión pública se recuperó en 2018, seguido de Torrevieja en 2021 y Dénia y Manises este mismo año 2024. En casi todos los casos las reversiones fueron antecedidas por la movilización ciudadana y de los profesionales que rechazaban este régimen de concesión frente a la maquinaria de propaganda de las empresas concesionarias.

La falacia del ahorro y la eficiencia

Dicha propaganda se ha basado tradicionalmente en la supuesta eficiencia y ahorro que suponen las concesiones sanitarias para el erario público, un ahorro que ya en 2018, en pleno proceso de reversión de Alzira, fue puesto en duda por el sindicato de médicos Simap, que cifró el sobrecoste del modelo público-privado en 65 millones de euros solo entre 2015 y 2016.  

Así mismo, en sendos informes con fecha de enero y mayo de 2023 de la Consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana, emitidos con motivo de las inminentes reversiones de los hospitales de Dénia y Manises, se cuestionaban “las supuestas bondades de eficiencia y mayor calidad del modelo concesional” incidiendo a su vez en que “los contratos y pliegos que rigen las concesiones administrativas adolecen de múltiples limitaciones y deficiencias, lo que ha supuesto la inclusión o modificación de conceptos no integrados en los mismos” así como, “una elevada litigiosidad, que dificulta la prórroga de los contratos”.

Hacienda subraya que la prórroga supondría que la administración “continuaría abonando conceptos por fuera de la liquidación”, lo que supone “una alteración del propio precio del contrato” y un “incremento de los beneficios de la concesionaria”

En estos informes de Hacienda, se cifra en 2,4 millones anuales de beneficio medio para la concesionaria del Hospital de Dénia, y de 4,5 millones de euros anuales para la empresa gestora del Hospital de Manises, que inició con Ribera Salud para pasar en 2012 a Sanitas. Al respecto, Hacienda subraya que la prórroga de los contratos supondría que la administración “continuaría abonando conceptos por fuera de la liquidación”, hecho que supone “una alteración del propio precio del contrato”, y por ende, un “incremento de los beneficios de la concesionaria”.

Además, en julio de 2023, con el Gobierno del Botànic en interinidad, la Secretaría Autonómica de Justicia y Administración Pública emitía otro informe titulado La reversión de los servicios públicos externalizados a partir de la experiencia de la Generalitat Valenciana (2015-2023), un texto de casi 400 páginas en el que se desgranan algunas de las circunstancias que rodearon los contratos de concesión de servicios públicos, incidiendo especialmente en las concertaciones sanitarias.

En sus conclusiones, el informe especifica que en todos los contratos de concesión administrativa de áreas de salud “se acusó falta de concurrencia en el proceso de selección (sólo se presentaba una oferta y en todas las ofertas tenía un papel relevante la empresa Ribera Salud SA), y una deficiente e insuficiente regulación de los pliegos y contratos, que dificultó la interpretación y ejecución de estos”.

El informe apunta también a la laxitud de la Administración autonómica en el momento de ejecución y seguimiento de los contratos, asegurando que se caracterizaron “por una gran inseguridad jurídica resultado de la deficiente regulación de los contratos y de la dejación de funciones del órgano de contratación”, hecho que “generó dificultades para interpretar el contrato y aplicar sus cláusulas, en temas tan esenciales como la definición del objeto del contrato, el precio de los servicios o el alcance y momento de pago”, teniendo que recurrir a dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo, informes de la Abogacía y sentencias judiciales.

De este modo, el informe remarca que los conflictos “no han concluido, y los costes para la Administración se han disparado por no haber diseñado debidamente los procesos de externalización y haber desatendido sus obligaciones de supervisión y control”, señalando a su vez que “muchas de las decisiones adoptadas durante la vigencia de estos contratos” han sido “de dudosa legalidad y en buena medida, perjudiciales para la Generalitat Valenciana, puesto que le han reportado sobrecostes (pagos indebidos; intereses de demora y otros gastos financieros) que deberían haberse evitado”.

El informe de Justicia era demoledor, ya que afirmaba que, pese a lo anterior, “las entidades contratistas demandaron a la Administración solicitando una compensación económica para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato”, pretensión rechazada por el TSJCV “bien por tratarse de medidas adoptadas por la Administración del Estado o por ser factores que forman parte del riesgo y ventura que debe asumir el contratista”, e indicando a su vez que el Informe de Intervención General sobre el control financiero específico de las concesiones (2017) “también lamenta la imposibilidad de conocer la información necesaria para su valoración, dando a entender la inexistencia de planes de inversión o actas de dimensión de las inversiones, o falta de colaboración al no facilitar la documentación”.

Vinalopó, el último rehén

Con estos mimbres, y tras varias resoluciones de la justicia desmontando los argumentos de Ribera Salud para impedir la reversión de Alzira, Torrevieja, Dénia y Manises, un nuevo cambio de gobierno en la Generalitat ha propiciado la congelación de la también previsible reversión del departamento de Salud del Vinalopó/Elx-Crevillent. Con los procesos de recuperación de Manises y Dénia ya prácticamente consumados, el presidente de la Generalitat, el ‘popular’ Carlos Mazón, afirmaba el pasado 14 de marzo que los informes “aconsejan” prorrogar la gestión privada en el hospital ilicitano más allá de 2025, año en que finaliza el contrato de concesión. 

Al respecto, Daniel Geffner, médico e integrante de la Plataforma por la Sanidad Pública del País Valenciano, subrayó el pasado 17 de abril en la protesta que la Plataforma por la Reversión del Vinalopó llevó a las puertas de Les Corts, que “no hay razones para prorrogar el contrato”, ya que tras 15 años en manos de Ribera Salud, la empresa ya “ha amortizado los 85 millones de euros que invirtieron”, por lo que, “si se prorroga como defienden PP y Vox, se estaría pagando de más a una empresa con la inversión ya amortizada, sería irregular para las arcas públicas y podría constituir prevaricación”, remarcaba Geffner en alusión a ese “incremento de los beneficios” que ya señalaba la Consellería de Hacienda.

Daniel Geffner: ”no hay razones para prorrogar el contrato”, ya que tras 15 años en manos de Ribera Salud, la empresa ya “ha amortizado los 85 millones de euros que invirtieron”

Ese mismo 17 de abril, el síndic y portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve, se refería en el pleno de les Corts a la respuesta que le daba la Consellería de Sanitat —al frente de la cual está Marciano Gómez, uno de los artífices de la puesta en marcha del ‘Modelo Alzira’ hace 25 años— al solicitar esos informes de los que hablaba Mazón. “La Conselleria de Sanitat todavía no dispone de los informes que le servirán para decidir si se prorroga la concesión administrativa del departamento de Salud de Elx-Crevillent” era la respuesta que recibía el diputado, evidenciando que la prórroga, por el momento, no está justificada por ningún estudio, o de haberlos, por alguna razón la Conselleria del ramo es reticente a hacerlos públicos.

Plataforma por la Reversión del Vinalopó

Con estos mimbres, hace apenas unos meses comenzó a organizarse la Plataforma por la Reversión del Vinalopó, integrada por usuarios del referido departamento de salud ante la inacción por parte del Consell a la hora de iniciar los trámites para la reversión, que deberían arrancar antes del próximo 31 de mayo. En la concentración frente al Parlamento valenciano, Agripa Hervás, uno de los portavoces de la plataforma, destacaba que el departamento del Vinalopó es “una isla en toda la Comunitat en manos de un holding sanitario que se caracteriza por una política laboral restrictiva, falta de transparencia y falta de recursos”.

Entre los argumentos esgrimidos por la plataforma ciudadana destaca que a cada médico de cabecera en el departamento del Vinalopó le corresponde un 21,5% más de pacientes que en los departamentos de gestión pública, llegando al 36% en áreas como pediatría, donde a finales de 2023 había un solo pediatra en jornada completa para todo el servicio, tal como denunció CC OO, y estando actualmente en cinco pediatras frente a los 15 del Hospital General de Elche, de gestión pública y con 1.500 niños menos a los que atender.

Los salarios de los profesionales del Hospital del Vinalopó y los centros de Salud adscritos en las localidades circundantes “son entre un 8 y un 10% más bajos que en los departamentos cien por cien públicos

Además, los salarios de los profesionales del Hospital del Vinalopó y los centros de salud adscritos en las localidades circundantes “son entre un 8 y un 10% más bajos que en los departamentos cien por cien públicos, llegando a percibir 400 euros menos en el mismo lugar de trabajo, especialmente en el caso de personal no facultativo”, destacan desde la Plataforma, al tiempo que señalan un “sistema de incentivos poco ético” para “fomentar altas rápidas, estancias hospitalarias más cortas, evitar que los pacientes acudan a urgencias o ahorrarse pruebas médicas”, añaden.

Al respecto, fuentes del comité de empresa del Hospital del Vinalopó señalan que si de momento no ha trascendido una contestación clara y explícita por parte de los trabajadores ni de los sindicatos que les representan frente a la prórroga de la concesión es por la negociación del convenio colectivo, ya que el anterior finalizó el pasado 31 de diciembre y, de continuar la concesión, tendrían que renegociar las condiciones de la plantilla. No obstante, las mismas fuentes sostienen que las trabajadoras “quieren la reversión”, pues pasarían a ser personal laboral a extinguir, equiparando sus condiciones al personal estatutario “con más manos trabajando” y con “muchísimas menos horas”, ya que en la actualidad los trabajadores del Vinalopó hacen de media unas 200 horas más al año que en el resto de hospitales públicos.

Otra de las prácticas llevada a cabo por Ribera en sus concesiones es la de “sinergiar” especialistas entre centros. Belén Domenech, de CC OO, estuvo en el comité de empresa durante la reversión del Hospital de Alzira y ha estado al tanto de las circunstancias de los centros concertados con Ribera Salud. Domenech explica que estas sinergias consisten en que algunos facultativos “trabajan un porcentaje de la jornada en una concesión y el otro porcentaje en la otra”, asegurando que este fenómeno se daba entre los hospitales del Vinalopó y de Torrevieja antes de la reversión de este último.

La reducción de listas de espera se debe a hechos como que “mandan a pacientes con el drenaje a casa”, recortando así estancias hospitalarias y aumentando  el cupo de cirugías mientras la empresa se jacta de contar con “tres meses menos de media para intervención quirúrgica”

Respecto a las listas de espera, Ribera Salud se vanagloria de registrar tiempos de espera muy inferiores a los del resto del sistema sanitario público, pero a juicio de Domenech esto es “marketing”, ya que esa reducción de listas de espera se debe a hechos como que “mandan a pacientes con el drenaje a casa”, recortando así las estancias hospitalarias aumentando a su vez el cupo de cirugías mientras la empresa se jacta de contar con “tres meses menos de media para intervención quirúrgica”.

El ejemplo de los pacientes enviados a casa con drenajes lo confirma en conversación con El Salto otra ex trabajadora del área de obstetricia sin vinculación alguna con sindicatos de clase. Esta joven vio rescindido su contrato a principios de 2023, y actualmente trabaja en otro centro de gestión pública. Respecto a la supuesta reducción de listas de espera asegura que “es mentira”, ya que en áreas como obstetricia “toda la patología se deriva al hospital de referencia”, que en este caso es el Hospital General de Elche: “Todos los bebés prematuros se derivan al Hospital [General] de Elche”, por lo que “los números le salen mucho mejor, porque todos estos casos complicados no los están viendo ellos” ya que el Hospital del Vinalopó no cuenta con UCI neonatal, destaca la extrabajadora.

El antecedente de Torrevieja

En la misma línea, el caso concreto de Torrevieja es paradigmático respecto a las discrepancias entre las versiones de la empresa concesionaria, Ribera Salud, y la realidad constatada por la Administración. El mencionado informe de la Secretaría de Justicia hace referencia a la auditoría operativa de la concesión realizada por la Sindicatura de Comptes en 2018, aludiendo a su vez a unos supuestos “buenos resultados obtenidos por el Hospital de Torrevieja, al suponer un ahorro de 45 millones de euros al año a la Administración valenciana”, tal como se recogió en prensa en el momento de la reversión.

No obstante, el mismo informe de Justicia destaca que dicha auditoría, en realidad, “es realmente muy crítica con la gestión, pues afirma que se ahorra en el gasto público, sobre todo en gasto de personal, pese a no estar aprobadas las liquidaciones ni haberse realizado ninguna de las auditorías previstas”, subrayando a su vez que dichas auditorías reconocen que la Administración “ha tenido que abonar un sobrecoste de 108 millones de euros superior al precio convenido y un resarcimiento de 45,9 millones de euros por conceptos no previstos en el contrato”.

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Además, señala que la Sindicatura de Comptes ya indicó en 2018 que “no existió un control de la calidad de los servicios, ni de las inversiones realizadas”, y advertía a la concesionaria de que “adopte medidas para garantizar un nivel asistencial óptimo en atención primaria ya que el número de asignación de tarjetas sanitarias por médico quedaba por encima del cupo recomendado por las sociedades científicas” lo que pone de manifiesto que la gestión “no ha sido tan eficiente o al menos no para la Administración de la Generalitat”, señala el informe de Justicia.

Se da la circunstancia de que la concesión de Torrevieja fue una de las más rentables para Ribera Salud, ya que el modelo de retribución capitativa supone que la Administración debe pagar una cantidad fija por cada usuario censado en el área de salud, además de una cantidad extra por cada usuario atendido fuera de ese censo, hecho que en el caso de Torrevieja, municipio turístico con un gran número de población flotante, ha supuesto el pago de pingües beneficios para la adjudicataria. De hecho, tan interesada está la empresa en la costa sur alicantina que hace unos meses trascendió su intención de levantar un hospital privado en Orihuela Costa.

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En el caso de Torrevieja, Ribera Salud llevó la reversión a los Tribunales hasta en seis ocasiones para tratar de paralizarla, no obstante en cada instancia la justicia ha tirado por tierra las pretensiones de la empresa, que no atendió los requerimientos de información de la Consellería para llevar a cabo la reversión hasta el último momento.

Con todo ello, la única satisfacción que dio en su día el Tribunal Supremo al holding sanitario, tras avalar de nuevo la reversión de Alzira, fue la de obligar a la Administración a “justificar las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios derivados de la decisión de revertir una concesión”, hecho que llevó a Ribera a considerar que “esta sentencia, sin precedentes, supone una gran garantía de la estabilidad presupuestaria y control del gasto público, ya que impide decisiones administrativas basadas en criterios arbitrarios e ideológicos”.

La estrategia de la empresa siempre ha sido la misma, judicializar las reversiones y no atender hasta el último segundo a las peticiones de información de Conselleria

En su momento la esperanza de Ribera Salud era que, a tenor de esta obligación impuesta a la Administración, se frenara la reversión de Torrevieja, pero sucesivas sentencias terminaron por avalar la reversión de esta área de Salud del sur alicantino. La estrategia de la empresa siempre ha sido la misma, judicializar las reversiones y no atender hasta el último segundo a las peticiones de información de Conselleria para llevarlas a cabo, y el hecho es que hasta ahora ninguna instancia judicial le ha dado la razón a la hora de mantener una concesión.

Además, tal como destacan desde la Plataforma Sanidad 100x100 Pública y de Calidad, compuesta por usuarios del departamento de Salud de Torrevieja, la Conselleria ha tenido que hacer una inyección de 30 millones de euros para renovar equipamientos en esta área de salud. Ilustrando el fenómeno de las “sinergias” que indicaba Belén Domenech, una práctica habitual llevada a cabo por Ribera Salud y vendida por la empresa como ejemplo de eficiencia y rentabilidad, era la de “sinergiar” recursos entre las áreas de salud del Vinalopó y la de Torrevieja, lo cual supuso la ausencia de “inversiones en infraestructuras, ni en atención primaria, ni especializada, ni en el hospital”, tal como indica Manuel Gómez, de la plataforma torrevejense.

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Para Gómez, “no se ha producido la reversión en su totalidad”, ya que el departamento de salud revertido sigue “pagando a Ribera Salud el servicio informático no compatible con el sistema de la pública y eso es otro gasto de dinero e ingresos para la concesionaria”, en referencia al sistema informático de los centros del grupo sanitario privado, que no es compatible con el de Conselleria, hecho que obliga a los usuarios a tener que esperar horas e incluso días para recibir sus historiales clínicos, que se les proporcionan impresos y en CD, para trasladarlos ellos mismos a otros centros del sistema sanitario público.

Además, destaca Gómez, “nos encontramos con que antes había una inversión bianual del gobierno anterior de 11 millones de euros y ahora con el nuevo gobierno esa inversión se ha quedado en un millón de euros”.

El viacrucis de la subrogación de personal

A ello se sumaron, a partir de 2021 en el momento de la reversión en Torrevieja, las dificultades a la hora de subrogar al personal del departamento de salud para homologar sus condiciones a las del personal estatutario, es decir para igualar las condiciones laborales del personal contratado por la empresa concesionaria y las del resto del personal sanitario del sistema público.

Al respecto, Belén Domenech destaca que la fórmula de subrogación que se aplicó para la reversión del Hospital de Alzira ha sido similar a la aplicada posteriormente en otros departamentos revertidos. En ese sentido, Domenech asegura que la figura del “personal laboral a extinguir” fue propuesta por el Comité de Empresa del Hospital de Alzira a fin de dar respuesta a esa homologación de condiciones entre el personal laboral y el estatutario a partir de las reversiones.

Según explica Belén Domenech, la Conselleria de Sanidad “por cada contrato indefinido” del referido personal laboral a extinguir —es decir, los trabajadores contratados por las concesionarias— “lo que hizo fue generar una plaza de estructura de personal estatutario”. Así, en el momento de la reversión existían tres figuras laborales a encajar en la nueva plantilla subrogada: el personal con contratos temporales, los que contaban con contratos indefinidos y el personal estatutario convocado por la Consellería para suplir las necesidades de personal en el momento de la reversión.

De este modo, si como se ha indicado el personal laboral de las concesionarias realizaba de media unas 200 horas más al año que el estatutario, “si estoy cesando 250 laborales temporales a lo mejor necesito más de 300 estatutarios para cubrir en horas”, indica Domenech. Así, la plantilla de Alzira aumentó en más de 600 trabajadores, un 31%, solo en los seis meses siguientes a la reversión, mientras que Torrevieja pasó de 1.000 trabajadores a 1.800 tras la reversión. Al final, todos los hospitales revertidos han sufrido fricciones y desencuentros con la Consellería respecto a la homologación del personal subrogado, ya que no es tarea fácil ajustar las condiciones impuestas por el sector privado al estatus laboral de los trabajadores públicos.

Manises y Dénia

Con todo lo anterior, las dos últimas áreas de salud en experimentar la reversión —Dénia, que pasará a gestión pública el próximo 30 de abril, y Manises-Horta, el próximo 7 de mayo— han vivido también dificultades y conflictos en cuanto a la subrogación de la plantilla o la adaptación de recursos e inversiones. El Gobierno de PP-Vox finalmente recogió el testigo del anterior Ejecutivo autonómico y siguió adelante con las reversiones teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, “el clima social y laboral” de ambas áreas de Salud.

En el caso de Manises, la enfermera e integrante de la Plataforma Ciutadana per la Defensa de la Sanitat Pública, Sonia Martínez, destaca que la contestación social en esta área de salud pasó por “unificar todos los municipios” y coordinar la respuesta de la ciudadanía al sistema de concertación sanitaria. El caso de Manises difiere del resto en que la empresa concesionaria es Sanitas, pero igualmente, Martínez señala que en 2022, la empresa se jactaba de “haber ganado nueve millones de euros“, y al respecto indica que “entre Ribera, Sanitas y todas esas privadas se dan premios entre ellos, pero luego premios de nada, porque la calidad asistencial, los que vivimos aquí no lo vemos por ningún lado”.

Las concesiones de áreas de salud han sido durante años un suculento mercado para empresas como Ribera Salud con esos “5.000.000 de 'clientes' potenciales”. Las  bondades en cuanto a eficiencia y ahorro no suelen pasar de la mera propaganda

En definitiva, las concesiones administrativas de áreas de salud han sido durante años un suculento mercado para empresas como Ribera Salud con esos “5.000.000 de 'clientes' potenciales”. Las presuntas bondades en cuanto a eficiencia y ahorro de las que alardean continuamente no suelen pasar de la mera propaganda, ya que informes sucesivos y sentencias judiciales no dejan de contradecir el mantra extendido por los equipos de marketing del holding sanitario.

Ahora solo queda el Hospital del Vinalopó, rehén de Ribera Salud con la anuencia del nuevo Gobierno autonómico del PP y Vox y en ausencia de estudios o informes que avalen su continuidad por otros cinco años, tal como se pretende. En este caso, el clima de malestar social y laboral es exactamente el mismo que en el resto de áreas concertadas, por eso desde la Plataforma Por la Reversión del Vinalopó seguirán plantando batalla para que la integración del departamento de salud sea una realidad evitando los traumas experimentados por el resto de concesiones revertidas.