Senegal
El mito de la migración ordenada: la denegación de visados por el Consulado de España en Dakar

El trámite para solicitar un visado a España no es sencillo. Una maraña de pagos y procesos burocráticos se repite en los testimonios. Lara y Musa (nombres ficticios), por ejemplo, han intentado que él, gambiano, pueda conocer el entorno de su pareja. En junio de 2024 Musa se desplaza a Senegal, con todo lo que conlleva un viaje al país vecino. En la ventanilla, un empleado de BLS, la empresa subcontratada que gestiona los trámites, le pide 50 euros para recoger la documentación. No están contemplados como tasa en ningún sitio. Y 50 euros en Gambia equivalen al salario mensual en algunas profesiones.

A Musa le dijeron que si no había respuesta en 45 días, tenía que volver. No la hubo, así que volvió. Para recibir la mala noticia: su visado había sido denegado. “Me trataron tan mal que salí llorando”, cuenta. No creían que el matrimonio fuera real. Era su segundo intento de viajar a España. De hecho, él y Lara decidieron casarse tras una primera denegación, en 2022. Esta primera vez Musa contaba con una carta de invitación de la familia de Lara, para una semana, en la que venía detallado el plan que tenían cada día. Además, tres ONG querían aprovechar que estaba en España para que les hablara de su trabajo. Cualquiera que hubiese revisado el segundo caso, ya casados y dos años más tarde, se hubiera dado cuenta de que lo suyo “iba en serio”.

El de Lara y Musa no es un caso aislado. Tampoco es el caso más grave (aunque lo sea). Los testimonios, con diferentes circunstancias, se acumulan.

La maternidad es un terreno de miedos y dudas, de sentir la responsabilidad en primer plano. De cuestionarte tus capacidades. Si es compartida, tener a la pareja cerca es un apoyo increíble. La presencia de esa persona con la que vas a compartir los cuidados se da, en principio, por hecho. Pero todo cambia si el padre es senegalés o gambiano y la arbitrariedad institucional juega en tu contra.

Martha ha dado a luz a su hijo en España sin su marido, Ousmane. El consulado ha determinado que su matrimonio generaba dudas

Es a la situación a la que se han enfrentado tanto Martha como Alba (otra vez, nombre ficticio). El caso de la primera apareció la semana pasada en El País. Finalmente, ha dado a luz a su hijo en España sin su marido, Ousmane. El consulado ha determinado, igual que con Lara y Musa, que su matrimonio generaba dudas. Alba, por su parte, decidió dar a luz en Gambia, y ha tenido mucha suerte. “Doy gracias a que decidí no luchar con la incompetencia de la embajada”, explica. Renunció a su derecho a ser asistida en España, para que su marido pudiese estar presente, tras meses intentando sin éxito conseguir una cita online con BLS para tramitar un visado. Viajó a Barcelona para hacerse pruebas médicas y encontrarse con su madre, “enferma y sin posibilidad de viajar”. De regreso en Gambia, tuvo la suerte de caer en manos de un “ginecólogo cubano estupendo en una pequeña clínica local”. A los siete meses, una revisión rutinaria (algo poco habitual en un país donde muchas mujeres mueren al parir) le salvó la vida a su hijo. El bebé sobrevivió gracias a una cesárea de urgencia: “tenía el cordón umbilical dos veces alrededor del cuello, se estaba ahogando”. “Sé que si pongo mi nombre y estoy en mitad del proceso de nacionalizar a mi hijo, que me lo harán, porque es su obligación, me lo van a poner más difícil”, comenta, revelando su miedo.

Patricia Fernández Vicens, abogada experta en migraciones, explica que todos estos casos vulneran directamente los derechos de las ciudadanas españolas. “El derecho a vivir en familia es central en la legalidad española: está contemplado en la Constitución, concretamente en los artículos 18 y 39. Y no solo es a nivel español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede intervenir cuando un Estado vulnera este derecho”. Explica, además, que este derecho es una extensión de la dignidad de la persona, y que es central a los valores democráticos. “La sociedad española es una sociedad que valora la vida en familia. Cuando se producen estos casos, no solo se deterioran los derechos de las personas afectadas, sino que se produce un deterioro de nuestros valores democráticos.”

Casos más allá de la pareja

Secka (apodo familiar) impresionó a la suegra de su primo, Pili (enésimo nombre ficticio), por su inteligencia cuando esta lo conoció en una visita a Senegal. “Aprendió español de forma autodidacta tras conocernos, en pocos meses, usando Internet y un pequeño diccionario”. Ella deja entrever el cariño y la admiración que tiene por él, que la llevaron a apoyarlo para venir a España a estudiar. El caso de Secka ahora está en manos del Tribunal Superior de Justicia, tras la denegación de su visado y del recurso por “riesgo de no retorno”, por “nivel de español precario” (asunto que no es un requisito para el visado) y por “falta de fiabilidad en los medios económicos”. Pili consiguió que Secka tuviese plaza en un instituto de su localidad, y se comprometió a apoyarlo económicamente mientras se formaba (cuenta con los recursos). De nuevo, los afectados prefieren quedarse en el anonimato por miedo a represalias.

Jordi Monturiol es un gran futbolero. Fue muchos años Presidente de la Federación de Peñas del F.C. Barcelona y, ahora, colabora con la ONG Esport Solidari Internacional, con la que viaja a diversos países a promover el deporte. En uno de sus viajes a Gambia se cruzó con Ebrima Saidyleigh, de dieciséis años, y con sus dotes futbolísticas: “un chaval que jugaba de una manera especial, poco habitual”. Decidió que podía interesarle a algún equipo español, así que movió hilos y el Cornellá (equipo de Primera Federación) quiso hacerle las pruebas. Jordi puso en marcha toda la burocracia, tuvo que pagar para adelantar la cita en el consulado, y se aseguró de figurar como avalista de Ebrima. Solicitaron un visado de turista, para una semana. Fue denegado. En este caso la resolución fue que no estaba suficientemente acreditado que el chico pudiera mantenerse en Barcelona. A la solicitud se adjuntaron los billetes de avión de ida y vuelta (que Ebrima perdió), así como el aval de Jordi. “Rico no soy, pero tengo un coche nuevo, entiéndeme”, explica Jordi para mostrar que cuenta con recursos para cuidar de un chico una semana.

¿Se trata de maltrato institucional?

Las dos palabras que abrían este texto, maltrato institucional, adquieren peso jurídico al revisar estos casos. Patricia Fernández Vicens lo define como “una forma de arbitrariedad, prohibida en la Constitución Española, en el Artículo 9.3”. La arbitrariedad es el actuar sin justificación, de forma caprichosa o contraria a la ley, especialmente una autoridad pública. Y parece que se da tanto en estos casos de denegaciones sin motivaciones claras como en el trato no adecuado dentro del consulado o los pagos informales que muchos testimonios mencionan. Patricia aclara, además, que hay que cuidar especialmente el trato institucional en estos casos pues “puedes cambiar de comisaría si no te gusta el trato, pero no de consulado”.

Pero además, acceder a la vía judicial tampoco es fácil. Litigios como el que Secka está  llevando a cabo ante el TSJ “son recursos largos, costosos, complicados. La persona que litiga es la que está en origen. Se necesita un poder notarial, que es complicado de conseguir. En muchos casos, el TSJ tiene que obligar a los consulados a emitir una cita para conseguir este poder”, señala Patricia. La dificultad, entonces, no se limita a la hora de solicitar algo, sino también a la hora de reclamarlo.

La falta de recursos provoca demoras, que tienen como una de sus consecuencias el mercado de compra de citas

Una de las soluciones podría ser la de dotar con más recursos al consulado. Cuando una administración se satura, se producen errores. Así lo solicitó el Defensor del Pueblo en 2023, que pidió que el consulado “cuente con los medios personales y materiales adecuados que permita atender a la demanda existente y a la previsible en los próximos años”. La falta de recursos provoca demoras, que tienen como una de sus consecuencias el mercado de compra de citas. “La corrupción es más fácil que se dé en los consulados. Son más difíciles de controlar, al estar fuera, y, si se trata de países donde la corrupción está más extendida, la gente tiende a aceptarla como una práctica más”, aclara Patricia.

El mito de la migración legal, ordenada y segura

Como decíamos, estos casos representan la punta del iceberg en cuya base no visible está el sesgo racista. Patricia Fernández cree que estos casos son el reflejo de que “el mito de la migración legal, ordenada y segura no existe” y de que “el discurso del gobierno es ficticio”. La denegación de visados por el denominado “riesgo de no retorno” es un claro ejemplo. “Si alguien cumple con los requisitos, ¿por qué no puede venir?” se pregunta la abogada. La migración de estos países a España es una realidad y, por lo tanto, favorecer que ocurra en condiciones dignas es necesario. Lo contrario, de hecho, lo que hace es propiciar la migración irregular de estas personas y esto “atenta directamente contra su derecho a la vida, ahí están las cifras de personas muertas intentando llegar a España irregularmente”.

Patricia Fernández, abogada, cree que estos casos son el reflejo de que “el mito de la migración legal, ordenada y segura no existe” y de que “el discurso del gobierno es ficticio”

Más allá de un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida, si estas personas consiguen llegar a territorio español, se suele vulnerar otro derecho fundamental. Se trata del derecho al trabajo. De nuevo, según la abogada, esta situación “propicia la explotación laboral”, y esta es parte de un sistema aceptado: “El campo español se basa en el trabajo de estas personas, también el sector de los cuidados”. Son pocas las personas deportadas de entre las que llegan irregularmente al país: en 2023, fueron un 5,4 %. El resto terminan por quedarse y formar parte de la fuerza productiva.

Cabe preguntarse por qué este límite a la migración legal. La propia Elma Saiz, ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, en declaraciones a la prensa, ha llegado a concluir que, para mantener el estado del bienestar, hacen falta unos 250.000 migrantes anuales. No solo ella lo opina. El Banco de España pronosticó que harán falta alrededor de 24 millones de migrantes en 2053. Si el consulado español defiende los intereses de España en el extranjero, parece que catalogar como “riesgo” el no retorno de quienes quieren venir a formarse, o a formar una familia, chocaría con las necesidades e intereses de España.

Los casos recopilados muestran un patrón que va más allá de lo anecdótico y que plantea serias dudas sobre el funcionamiento correcto del Consulado de España en Dakar

La reflexión (individual y colectiva) hacia el sesgo racista es necesaria, y tiene su extensión en lo que estas personas denuncian. Si así se trata a quienes tienen vínculos directos con personas con ciudadanía española, incluso yendo contra los intereses del propio país, sería lógico preguntarse cómo es el trato hacia aquellas personas que no tienen relación directa con ciudadanos o ciudadanas españolas. Los casos recopilados muestran un patrón que va más allá de lo anecdótico y que plantea serias dudas sobre el funcionamiento correcto del Consulado de España en Dakar. El Ministerio de Asuntos Exteriores, pese a haber sido contactado en varias ocasiones durante la elaboración de este reportaje, no ha ofrecido ninguna respuesta.