Transparencia
Qué hace un banquero central como tú en un club exclusivo de financieros como este

La defensora del Pueblo de la Unión Europea ha reprendido al Banco Central Europeo, la máxima autoridad monetaria de la zona euro, por la pertenencia de su presidente Mario Draghi al G30, un grupo de discusión transnacional de banqueros y antiguos altos mandatarios. La defensora, la irlandesa Emily O’Reilly, ha pedido a Draghi su baja del conocido como grupo de 30 porque su pertenencia “compromete la independencia del BCE”. La recomendación de O’Reilly toma en consideración una denuncia de Corporate Europe Observatory.

Hace un año, la institución que preside O ‘Reilly abrió un expediente por la pertenencia del gobernador del BCE a este grupo que celebra reuniones periódicas de carácter no abierto sobre cuestiones relacionadas con las finanzas globales. El conocido como grupo de 30 cuenta entre sus miembros con otros dos gobernadores de bancos centrales (el británico Mark Carney y el chino Zhou Xiaochuan), dos antiguos presidentes de la Reserva Federal norteamericana, dos exsecretarios del Tesoro de EE UU y un antiguo presidente del banco central japonés. También es miembro el exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana.

Las reuniones del G30 son a puerta cerrada y no se conoce ni quién elige a sus miembros ni qué discuten en ellas

Tal y como destaca Corporate Europe Observatory, la pertenencia de Draghi al G30 se remonta al año 2005, cuando era directivo del banco de inversión Goldman Sachs. En ese momento, el Banco Central Europeo estaba representado por su entonces gobernador, Jean Claude Trichet. En 2012 Draghi le relevaría al frente del BCE, y ambos mantendrían su membresía en el G30.

Según O' Reilly, “la pertenencia de Draghi al G30 podría dar pie a que el público perciba que la independencia del BCE puede verse comprometida”. Para la defensora del Pueblo de la UE, “constituye un ejemplo de mala gestión” por parte del BCE que la autoridad monetaria permita que esta percepcion pueda mantenerse a lo largo de los años. Entre los miembros, destaca la nota, “hay representantes de bancos supervisados, directa o indirectamente, por el BCE”.

Según precisa la recomendación, dos miembros actuales del G30 proceden de bancos que son directamente supervisados por la institución, en concreto el Banco Santander y Bayerische Landesbank. En el caso del Santander, el representante es Guillermo de la Dehesa, vicepresidente del grupo presidido por Patricia Botín. Desde este mismo año, de la Dehesa es miembro emérito del G30. Otros dos bancos (Credit Suisse y UBS) son supervisados de manera indirecta por el BCE.

O'Reilly argumenta que “a raíz de la crisis financiera, y en consideración de los poderes adicionales otorgados al BCE en los últimos años para supervisar los bancos estatales en interés público, es importante demostrarle al público que existe una clara separación entre el BCE como supervisor y la industria financiera que se ve afectada por sus decisiones”.

Un portavoz del BCE ha asegurado haber tomado nota de la recomendación de la Defensora del Pueblo –cuyos dictámenes no son vinculantes– y ha declarado que la institución dará respuesta a su debido tiempo a la petición de O’Reilly. El mandato del italiano Draghi al frente del BCE termina en la segunda mitad de 2019, por lo que la recomendación de O’Reilly se extiende a cualquier gobernador o gobernadora que pueda tener la institución en el futuro.

Además de las cuestiones relacionadas con la independencia del BCE, la Defensora del Pueblo se ha referido a la “opacidad” del G30, incluyendo cómo se eligen sus miembros y qué se debate en las reuniones. La recomendación de O’ Reilly no cuestiona que representantes del BCE puedan participar en las reuniones del grupo, pero establece la condición de que se hagan públicos tanto su orden del día como un resumen de lo tratado en ellas. “Estas interacciones deberían ser lo más transparentes posible y no estar basadas en la membresía, lo que, con esa relación más estrecha implícita, socava las muy positivas medidas de transparencia que el BCE ha tomado en los últimos años", señala.

Así, el documento pide que cualquier representante del consejo de gobierno del BCE deba ir acompañado por miembros del personal de la institución a todas las reuniones de este tipo de grupos. En este sentido, solicita al BCE que dote a su Junta Supervisora de un código ético.

El BCE aumentó su implicación en el club después de la crisis

El llamado informalmente G30 está formado en realidad por 33 miembros, de los cuales tan solo dos son mujeres. Este consejo, a cuya membresía se accede únicamente por invitación, se reúne a puerta cerrada dos veces al año en Washington. Según destaca Corporate Europe el G30 fue fundado en 1978 por el sector financiero “oficialmente como un think tank y como un foro para encuentros informales entre capitanes de las finanzas, tanto públicos como privados”. Corporate Europe precisa que “pronto el grupo parecía actuar como una especie de lobby a favor del tipo de regulaciones que reclamaban los grandes actores de las finanzas”.

Según destaca la ONG, la implicación del BCE ha ido aumentando después de la crisis financiera de 2008. Representantes de la autoridad monetaria forman parte del G30 desde 1994, pero no fue hasta después de la quiebra de Lehman Brothers en octubre de 2008 –y de la crisis financiera y económica mundial que la siguió– cuando el BCE decidió “incrementar su implicación con diferentes personas de sus órganos de gobierno invitadas a eventos del G30 y formando parte de sus grupos de trabajo”.

Para Corporate Europe, esta mayor presencia resulta “más inaceptable” debido a que “tuvo lugar de manera paralela a la expansión del mandato del BCE. […] mientras se encargaba de la supervisión de algunos de los mayores bancos europeos, el BCE mimaría y fortalecería su relación con ellos a través del G30, lo cual ha disparado la preocupación sobre cómo esos grandes bancos pueden haber ejercido influencia indebida fuera de foco”.