Tren de alta velocidad
El tren que divide Murcia

No cesan las protestas vecinales en Murcia para impedir que la llegada del AVE en superficie divida la ciudad en dos de forma permanente. Ni las movilizaciones ni la sensación de aislamiento latente en los barrios del sur de Murcia han sido motivo suficiente para que Gobierno regional y Adif pongan encima de la mesa soluciones para las vecinas y vecinos del barrio de Santiago el Mayor.

Por el contrario, según Joaquín Contreras, vecino que lidera el movimiento de la Plataforma Pro-Soterramiento, “han apostado por jugar un pulso contra la ciudadanía, haciendo un peligroso despliegue de represión policial contra las personas del barrio, para tratar de silenciar las movilizaciones ante las condiciones que pretenden imponer para la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Murcia”.

“Ahora mismo estamos viviendo un momento de máxima incertidumbre”, comenta Ángel, uno de los vecinos que lleva acampado desde septiembre en los aledaños de las vías del barrio de Santiago el Mayor. A la zona llegan furgonetas de la Policía a diario y “no sabemos nunca si vienen a detener a alguien, a poner una sanción o simplemente a rodearnos y a mirarnos de forma desafiante”, apunta. “A veces vienen ocho furgonetas, a veces viene una. Nos identifican cuando salimos a comprar y han llegado a confiscar el cámping gas con el que cocinamos en la acampada”.

Represión

Las personas que mantienen la acampada prosoterramiento han sido las más represaliadas del movimiento vecinal. Cuentan que tienen que soportar interrogatorios de la policía y convivir con las presiones de los cuerpos armados que actúan bajo el mandato del nuevo delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Bernabé, que llegó al cargo con el objetivo de ejercer de mano de hierro contra las protestas vecinales.

Con el cambio de delegado del Gobierno, la represión se ha intensificado de forma sustancial. El lema que utiliza el propio Bernabé es “el que la hace, la paga”. Una declaración de intenciones que llega de un órgano cuya finalidad debería de ser la de buscar la tranquila convivencia entre las ciudadanas y ciudadanos de la ciudad. “Todo lo contrario a lo que está generando la actuación de Bernabé”, según Joaquín Contreras. Su objetivo es otro: servir de asistente al Gobierno regional para traer la alta velocidad a Murcia cueste lo que cueste.

Francisco Bernabé ha enfocado la estrategia del Gobierno regional en la represión desmedida. Multas que van desde los 600 euros hasta los 2.000. El propio Bernabé se vanagloriaba públicamente detallando las multas a los vecinos, sanciones que “servirían como aviso de lo que se les viene encima si no cesan las protestas”, apuntaba.
“En este barrio han hecho una campaña de miedo que ha mermado considerablemente la moral de las vecinas y vecinos de la zona”, comenta al respecto Miriam M., que lleva varios meses en la acampada. “Pero el hartazgo está siendo nuestro motor revolucionario”, sentencia.

“Esto es un barrio cercado por la policía. Aquí nos han declarado una guerra represiva”, cuenta Alberto Martínez, que acumula sanciones por valor de 6.000 euros. Pero su posición es clara: “Después de lo que he visto aquí, la frustración es tan grande que lo único que te queda es implicarte más en el movimiento. Aunque la cicatriz de la lucha dure toda la vida”. “Están dispuestos a lo que sea para evitar una victoria popular que sirva de ejemplo a otros pueblos”, apunta Fani, vecina del barrio. 

El muro

La historia del soterramiento del pasillo ferroviario de la ciudad de Murcia comienza en 1995, con la redacción de un proyecto de viabilidad del mismo, y llega a lo que hoy en día se puede afirmar que es el antecedente administrativo directo del soterramiento y llegada del AVE a Murcia: el convenio de colaboración de 2006 que da lugar a una revisión urbanística de la zona, el Plan Especial de la Estación de El Carmen.

Tras decidir dónde y cómo va a llegar la alta velocidad, solo queda proyectarlo al detalle. Esto se plasma en primer lugar en un estudio informativo en septiembre de 2007 mediante el cual se pretende aunar las tareas ferroviarias y urbanísticas con el objeto de acometer una actuación coordinada. El estudio recoge una longitud total soterrada de 7,8 kilómetros.

La estrategia del nuevo delegado del Gobierno es la represión desmedida, con multas que van desde los 600 hasta lo 2.000 euros

Sin embargo, con la llegada de la crisis, la viabilidad del soterramiento ya no está tan clara. Pronto empiezan a surgir otras alternativas, como la instalación de una estación provisional para la llegada de la alta velocidad a las afueras de Murcia, pero manteniendo el problema actual del paso de mercancías peligrosas por el centro de la ciudad. Todo esto se descarta y los murcianos empiezan a sospechar que el tren de alta velocidad puede llegar sin ser soterrada.

Actualmente, el Gobierno regional y Adif intentan integrar a toda costa la llegada de un AVE en superficie que requiere la instalación de un muro antirruido de cinco metros de altura y suprimir todos los pasos a nivel. En otra lucha, la retórica, el Gobierno regional trata de evitar la palabra muro, pero en palabras de Joaquín Contreras, “aunque sea transparente, no se puede atravesar, lo que lo convierte en un muro”.

Esta obra provisional eleva los costes económicos del proyecto de forma sustancial y pretende ser destruida pasados dos años, cuando se complete el primer tramo de vías soterradas a su paso por el barrio de Santiago el Mayor.

La gente tiene miedo de que, una vez consigan traer el AVE a la ciudad, se les quiten las prisas del soterramiento, las obras se suspendan y ese trazado sea para muchos años o incluso permanente, tal y como aconteció en Valladolid, lugar que sirve de ejemplo perfecto para reflejar el temor del vecindario.

En el plano administrativo, tras la redacción de un estudio previo, se produce el anuncio de la licitación en agosto de 2012 para la redacción del proyecto constructivo actual. El pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de asistencia no hace referencia expresa al soterramiento ni incluye condicionante técnico alguno al mismo. Como resultado, nos encontramos ante un proyecto cuyo objeto ha sido sustancialmente modificado y se centra ahora en la remodelación de los accesos para la llegada de la alta velocidad. Así lo señala la Fiscalía en 2015, que asegura que el proyecto de ejecución difiere un 80% de la solución contemplada en 2009. Al no ser esta coherente con la actuación que se va a acometer, el proyecto nace sin contemplar aspectos vitales, haciendo necesaria la tramitación de una modificación, con el consecuente aumento de plazos y presupuesto. 

Nadie entiende en Murcia el sinsentido de este cambio de rumbo tras gastar tanto dinero público y tiempo en diseñar y planificar una actuación encaminada a mejorar la vida de los ciudadanos.

El proyecto inicial de soterrar las vías del tren que exigían desde los barrios del sur se mezcla ahora con la llegada de la alta velocidad y el Corredor Mediterráneo, que interesa ya de forma descarada a instituciones y lobbies empresariales. Con ese telón de fondo y sin los estudios previos necesarios llega la construcción de una infraestructura que ha sido estudiada durante una década y que dejará su huella en el territorio y en la vida de los murcianos y murcianas durante siglos.