Ferrocarril
CCOO, UGT y Semaf desconvocan la huelga de ferrocarriles, mientras que CGT la mantiene

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado en la tarde de este 9 de febrero la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario después de una jornada de paros que afectaron a casi mil trenes.

La decisión fue tomada por estos tres sindicatos después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes. CGT denunció que fue excluida de las negociaciones a pesar de contar con representación en Adif, Renfe, Ouigo e Iryo. Para este sindicato anarcosindicalista la exclusión muestra “una falta de voluntad política para solucionar el conflicto”.

A última hora de la tarde, CGT señaló que los acuerdos “no suponen un cambio real del modelo ferroviario y vuelven a dejar fuera a una parte importante del sector y de sus plantillas”, motivo por el que han decidido mantener la convocatoria de huelga para los días 10 y 11 de febrero. “Al igual que ocurrió en el conflicto de Rodalies, no se pueden desconvocar huelgas sin un análisis riguroso, profundo y honesto de los acuerdos que se plantean”, apuntan en un comunicado. 

Para el sindicato ferroviario de CGT, el acuerdo firmado supone “un nuevo parche destinado a desactivar el conflicto sin abordar las causas que han llevado al sector a la situación actual”. Desde la central sindical señalan que “después de semanas de movilización y con un sector al límite, no es aceptable cerrar en falso un conflicto de esta magnitud con acuerdos apresurados que no afrontan los problemas de fondo”.

Según denuncia CGT, en el acuerdo “no se abordan los problemas de las empresas privadas del sector, donde persisten la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios”. Tampoco se establece, añaden “una dotación mínima obligatoria de personal a bordo de los trenes, una cuestión básica de seguridad que se remite a informes de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”.

La huelga, prevista en inicio para el 9, 10 y 11 de febrero, pretendía denunciar “los problemas estructurales” del sistema ferroviario español evidenciado tras los accidente de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Según CCOO, el sector está aquejado por “las deficiencias de personal, organización y condiciones laborales”, lo que lleva a “un impacto en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía”, especialmente en la seguridad.

A raíz de las medidas de presión, Renfé anunció que había suprimido 955 trenes: 272 de alta velocidad y larga distancia y 683 de media distancia. Transportes fijó unos servicios mínimos del 73% en alta velocidad, del 75% en hora punta y 50% el resto de jornada en cercanías, del 65% en media distancia y del 21% en mercancías.

La huelga se dejó sentir en diversos puntos de las grandes ciudades, con colas y esperas de más de una hora y cientos de cancelaciones.

Después de cuatro horas de reunión, representantes sindicales y el Ministerio de Transportes llegaron a un acuerdo para levantar la protesta a cambio de más personal e inversiones en mantenimiento y seguridad. Según el secretario general de Semaf, Diego Martín, el Gobierno español ha aceptado incrementar el gasto en mantenimiento en un 50%.