Tribuna
¡Corred abuelitos, los inversores de los geriátricos ya están aquí!

El coronavirus ha revelado la dura realidad de las residencias de ancianos, en las que tradicionalmente reinó la opacidad y en las que ahora se ha extendido también la sospecha de una gestión torpe, errada, ante una pandemia asesina. En España el covid-19 ha provocado entre las personas de la tercera edad casi un 70% de las defunciones notificadas por el Ministerio de Sanidad, pero aún desconocemos las cifras de las muertes que se produjeron en estos centros, pese a que el gobierno ha prometido facilitarlas. La estimación realizada recientemente a partir de las cifras facilitadas por las comunidades autónomas, según señala María Sosa en un artículo reciente en El País, ronda un total de 17.585 personas muertas por coronavirus o con síntomas parecidos en las residencias de servicios sociales.

En el programa de Ana Rosa Quintana emitido por Telecinco el 23 de marzo del presente año Margarita Robles, la actual ministra de defensa del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, se mostró muy satisfecha por la labor humanitaria desarrollada por el ejército en la llamada Operación Balmis, la mayor operación militar llevada a cabo en nuestro país en tiempos de paz. Uno de los ámbitos en los que la labor de asepsia realizada por el ejército fue importante fueron las 2.700 residencias de ancianos que desinfectaron. Ante el panorama aterrador que el ejército encontró en alguno de estos recintos de la tercera edad la ministra realizó unas declaraciones que efectivamente encendieron todas las alarmas: “Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en las residencias”, advirtió la ministra. Y añadió: “Todo el peso de la ley va a caer sobre los que no cumplan con su obligación y las Fuerzas Armadas están ahí para ellos y para esa labor, como es cuidar a los ciudadanos y garantizar el derecho a la salud”.

Los jubilados, atiborrados de barbitúricos, obligados a vivir inmovilizados para mantenerse con vida, han pasado a cotizar en bolsa, y hasta en el mercado de futuros

Las declaraciones de Margarita Robles sobre las crueles condiciones que encontraron los soldados en algunos hogares de ancianos tuvieron un amplio eco fuera de nuestras fronteras. Concretamente la periodista Sandrine Morel, corresponsal del diario Le Monde, escribe que hay en España 86 investigaciones abiertas sobre posibles delitos en las residencias de personas mayores. El artículo de la periodista francesa es interesante pues en él se pone bien de manifiesto el enorme peso que ejerce en la actualidad el capital internacional en este ámbito institucional, y más concretamente el capital de origen francés, pues las tres principales empresas que controlan en España el mercado privado de los centros para ancianos surgieron en Francia. Algunos de estos centros, tanto en Francia como en España, han sido objeto de denuncias judiciales durante esta crisis sanitaria por parte de familiares de internos que se alarmaron por la falta de información y, sobre todo, porque comprobaron que no se habían generalizado los test para detectar con rapidez a los portadores del virus, y evitar así los contagios masivos. Como advierten Sofía Fisher et al, también en Le Monde, en un futuro próximo la justicia tendrá que responder a las cuestiones de las familias: ¿Cómo pudo producirse semejante desastre? ¿Qué errores y negligencias se cometieron? ¿Quiénes son los responsables?

La Fiscalía ha abierto 116 investigaciones penales en residencias en el marco de la crisis del coronavirus

Redacción El Salto

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Residencias de mayores

La Fiscalía ha abierto 116 investigaciones penales en residencias en el marco de la crisis del coronavirus

Redacción El Salto

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La Comunidad de Madrid acapara 57 de estas diligencias penales.

Los jubilados, atiborrados de barbitúricos, obligados a vivir inmovilizados para mantenerse con vida, han pasado a cotizar en bolsa, y hasta en el mercado de futuros. Los paquetes financieros para personas mayores han proliferado, desde las rentas vitalicias hasta las llamadas hipotecas inversas. Junto a este desembarco de las multinacionales y los fondos de inversión también ha hecho acto de presencia la medicalización de a la vejez para terminar por convertirla en una enfermedad incurable que requiere constantemente costosos tratamientos terapéuticos. Todo parece indicar que tanto el Banco de España, como los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y el Estado central han preferido mirar hacia otro lado.

En España hay unas 5.457 residencias de ancianos. En torno al 10% son de propiedad pública, pero hay un 30% de residencias concertadas y casi un 60% de residencias privadas. La mayoría de los geriátricos que hay en España son de propiedad privada y están montados como un negocio muy lucrativo que sirve de atracción a los fondos buitre. Algunos analistas señalan que la rentabilidad de la inversión en una residencia privada de ancianos ronda en torno al 20% o al 25%, pero hay quien cree que los beneficios son aún más elevados.

Los fondos de inversión desembarcan en el cuidado de mayores

Sara Plaza Casares Sonia Martínez

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Dependencia

Dependencia Los fondos de inversión desembarcan en el cuidado de mayores

Sara Plaza Casares ,  Sonia Martínez

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En Madrid existen 426 residencias para la tercera edad, de las que 25 son 100% públicas y 18 tienen su gestión externalizada. El resto son privadas, un pastel que no pasa desapercibido a las empresas que buscan maximizar la rentabilidad del cuidado de personas mayores.

Son seis los grandes grupos de empresas privadas que controlan casi una cuarta parte del negocio de la tercera edad y mueven en torno a 4.500 millones de euros al año: DomusVi (158 residencias y 21.988 camas), Orpea (49 residencias y 8.500 camas), Vitalia Home (55 residencias y 8.235 camas), Ballesol (45 residencias y 7.000 camas), Sanitas (47 residencias y 6.302 camas), Amavir (43 residencias y 6.399 camas). Concretamente operan en nuestro país tres multinacionales financiadas fundamentalmente con capital de origen francés que acumulan un importante número de residencias: DomusVi, Orpea y Adavir.

La principal multinacional de origen francés, y con una fuerte presencia en las distintas comunidades autónomas españolas, es la empresa DomusVi fundada por el excéntrico millonario Yves Journet, uno de los hombres más ricos de Francia. Se estima que su capital acumulado supera los mil millones de euros. Cuenta con residencias en Francia, España, Portugal, Chile, Uruguay y Colombia. Entre los grandes grupos destaca también el británico Vitalia Home. En la residencia que este grupo gestiona en Leganés los familiares de los ancianos denunciaron que no se recurrió a medidas de protección para no asustar a los internos y que han muerto en torno a cien personas, víctimas del covid-19. Los gerentes de las residencias se niegan sistemáticamente a proporcionar la cifra de fallecidos, y en ocasiones llegan a aducir para ello razones sorprendentes, como por ejemplo el respeto a los muertos.

A pesar del crecimiento exponencial de las residencias en España en estos últimos tres años el precio por estancia ha subido de forma importante de modo que es difícil encontrar una plaza en un geriátrico por menos de 1500 euros mensuales.

Desde que el capital riesgo se hizo con la residencia todo ha sido una pesadilla, declaración de un residente recogida en el artículo de Fernando Peinado y Juan José Mateo, “Una de las peores empresas de residencias en Madrid se enfrenta a un castigo histórico”.

La Organización Mundial de la Salud calcula que entre marzo y abril del presente año el covid-19 ha causado la muerte en Europa de unos 55.000 ancianos. En Nueva York de los 19.000 muertos que se han producido hasta ahora al menos 3.065 muertos estaban en residencias de mayores, pero una vez más los datos no son muy fiables. El negocio de comerciar con los viejos, como si fuesen una mercancía de usar y tirar, ha mostrado su rostro más inhumano. La mercantilización de los últimos años de la vida de los ancianos con el fin de que las empresas de custodia obtengan pingües beneficios económicos ha prevalecido sobre la atención y el compromiso cívico de proteger e incrementar el bienestar al que tienen derecho los mayores.

Será preciso ahora trabajar para la paz que se aproxima, y en ese espacio nuevo que se abre la apuesta decidida en favor de la ética del cuidado

La plaga del covid-19 que ha paralizado la economía y ha obligado al gobierno a sucesivos decretos de estado de alarma, con el consiguiente confinamiento de los ciudadanos en sus casas, ha servido para ayudarnos a comprender que el imperativo del crecimiento económico a toda costa no puede seguir perpetuándose por más tiempo. Necesitamos alternativas a la sociedad de mercado, al capitalismo, necesitamos alternativas al negocio inhumano en el que se han convertido las residencias de mayores.

No todas las residencias son iguales, y hay algunas, las menos, que no surgieron como negocio, en las que priman los intereses de los internos. Pero la mayoría mantienen, sin la menor inspección por parte del Estado, a un enorme número de ancianos en confinamientos abigarrados, rodeados de aparatos de televisión que nadie mira, en la antesala del sueño eterno. La mayor parte del personal está formado por mujeres sin cualificación, las mal llamadas enfermeras auxiliares, generalmente mal pagadas, por no decir explotadas, que trabajan en condiciones penosas. Como señala Raúl Camargo, en su artículo “La alarma ya existía en las residencias de mayores antes del coronavirus”, muchas de esas trabajadoras denunciaron el año pasado en la Asamblea de Madrid la escandalosa situación en la que se encuentran las residencias, especialmente las privadas.

Las declaraciones de guerra contra el coronavirus se han impuesto un tanto unilateralmente, tanto en España como fuera de nuestro país. Será preciso ahora trabajar para la paz que se aproxima, y en ese espacio nuevo que se abre la apuesta decidida en favor de la ética del cuidado, compartida, podría servir de punta de lanza para profundas transformaciones sociales progresistas, para abrir la vía a un mundo post-capitalista, un mundo que universalice y haga efectivos los derechos sociales de ciudadanía para todos.

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