Tribuna
No volvamos a la normalidad, cambiémosla

El pasado 31 de marzo, el Consejo de Ministros envió a Bruselas el Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), algo que ha sido criticado por algunas de las grandes organizaciones ecologistas dado que el PNIEC no había agotado las fases del procedimiento administrativo y consulta pública, ya que todavía está en fase de alegaciones a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Además, los plazos de este procedimiento se encuentran suspendidos debido al estado de alarma provocado por la covid-19. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) alega que el envío solo cumple con la obligación exigida en el Reglamento UE 2018/1999 sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción del Clima, aunque al hacerlo el Gobierno estaría precisamente incumpliendo ese mismo Reglamento que establece los procedimientos de información, consulta pública y plataformas de diálogo multinivel sobre clima y energía.

El Reglamento es reiterativo en reclamar a los gobiernos su obligación de poner a disposición del público toda la información del PNIEC para que participe desde el principio en los planes integrados y estrategias a largo plazo y que la sociedad civil y entes locales puedan aportar sus iniciativas. Sin embargo, el Miteco, en la nota de prensa que publicó al respecto, señala que tendrá en cuenta las alegaciones presentadas a la EAE del Plan y volverá a enviar un nuevo texto a Bruselas incluyendo las modificaciones necesarias en base a las observaciones recibidas. Así mismo, el Miteco presentaba el PNIEC como hoja de ruta para la necesaria recuperación económica post- covid-19.

El plan adolece de los mismos defectos que el primer borrador de febrero de 2019 en cuanto al objetivo de emisiones, a la falta de medidas relevantes en edificación, transporte y agricultura, y a la deficiente evaluación del impacto ambiental sobre la biodiversidad

Días después Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, junto con otras nueve ministras y ministros de la Unión Europea, firmaba una carta dirigida a la Comisión Europea pidiendo ser más ambiciosos en los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), llegando a una reducción de entre un 50% y un 55% y pidiendo incrementar las inversiones en los campos de energía sostenible, movilidad sostenible, la renovación de edificios, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular.

Después de analizar el PNIEC enviado a Bruselas, desde la Plataforma ciudadana para una Transición Ecológica Justa preparamos y presentamos alegaciones, pues consideramos que el plan adolece de los mismos defectos que el primer borrador de febrero de 2019 en cuanto al objetivo de emisiones, a la falta de medidas relevantes en edificación, transporte y agricultura, (los principales sectores difusos), y a la deficiente evaluación del impacto ambiental sobre la biodiversidad.

El PNIEC cae en dos incoherencias principales. La primera es el objetivo de reducción de emisiones que, al quedarse solo en un 23%, incumple el Reglamento UE 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, y el Acuerdo de París, que exige un 40% y, desde luego, muy por debajo del 50-55% prometidos durante la COP25 de Madrid hace solo unos meses.

Los grandes contaminadores bloquean el acuerdo final de la COP25

Pablo Rivas

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COP25

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EE UU, China, India, Brasil y Sudáfrica, entre otras naciones, se cierran a la adopción de consensos para poner en marcha el Acuerdo de París y acelerar la reducción de emisiones global. Es más, las ONG denuncian que incluso podría rebajarse la ambición planteada en 2015 por dicho Acuerdo. El movimento por el clima ya habla abiertamente de “fracaso de la cumbre”.

La segunda incoherencia del PNIEC es incluir los principales conceptos de las Directivas Europeas del paquete de invierno en su enunciado sin incorporar los objetivos cuantificados y medidas necesarios para asegurar su cumplimiento. Ni siquiera se propone trasponer estas directivas e integrarlas en el ordenamiento jurídico español. Nos preguntamos cómo se puede alcanzar un objetivo de reducción del 39% de emisiones en los sectores difusos sin estrategia a largo plazo de rehabilitación del parque de edificios y viviendas ni de infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico.

Esto incumple de nuevo el Reglamento (UE) 2018/1999, en este caso su artículo 53, que establece que la estrategia de rehabilitación a largo plazo tiene como objetivo la transformación del parque edificatorio en edificios de consumo de energía casi nulo y su descarbonización en 2050, es decir, cero emisiones; se habrá de incluir en el PNIEC y enviarse a Bruselas a más tardar el 10 de marzo de 2020. Este incumplimiento es muy grave ya que, al carecer el PNIEC de estrategia de rehabilitación, es imposible cumplir ninguno de los tres objetivos climáticos marcados de renovables, eficiencia y emisiones. España no ha traspuesto la directiva (UE) 2018/844 de eficiencia energética de los edificios y en el reciente decreto 732/2019, que actualizó el  Código Técnico de la Edificación de España (CTE), se manifestó expresamente que no era intención del decreto trasponer dicha directiva cuyo plazo finalizó el 10 de marzo pasado.

La estrategia de rehabilitación sería además un importante yacimiento de empleo si se tiene en cuenta que el Plan de Ahorro de Eficiencia Energética 2011-2020 preveía que solo el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética para 2020 hubiera generado más de 481.000 nuevos empleos. Esta oportunidad desaprovechada por los gobiernos durante la última década contrasta con las previsiones de aumento neto del empleo entre 253.000 y 348.000 personas para el conjunto del PNIEC 2021–30, de los cuales solo entre 56.000 y 100.000 empleos serían en ahorro y eficiencia energética.

Nos preguntamos cómo se puede alcanzar un objetivo de reducción del 39% de emisiones en los sectores difusos sin estrategia a largo plazo de rehabilitación del parque de edificios y viviendas ni de infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico

El PNIEC, si bien fija un objetivo de cinco millones de vehículos eléctricos, no incluye un objetivo de infraestructuras o puntos de recarga. El objetivo más importante no es el número de vehículos eléctricos, sino el de puntos de recarga. Hace bien el PNIEC en citar la Directiva 2018/844 de eficiencia energética de los edificios, pero no basta solo con enunciar si no se establece un objetivo de puntos de recarga en viviendas, edificios y aparcamientos, porque la citada directiva apuesta por la carga del vehículo eléctrico en donde la gente vive o trabaja y no en gasolineras o autovías.

Con respecto a los objetivos de generación renovable, al no distinguir entre dispositivos de energías renovables centralizados, grandes instalaciones conectadas a la red, y generación distribuida, pequeñas instalaciones y autogeneración, el PNIEC apuesta por un modelo de renovables más orientado a los grandes inversores y especuladores (internacionales) y no deja espacio para la participación de pequeños actores en el mercado energético como comunidades de energías renovables, agregadores, pymes o entes locales.

Debería ser evidente que nuestro estilo de vida no es sostenible, que lo que está en crisis es la normalidad en la que nos habíamos instalado

El PNIEC, al no contar con objetivos de generación distribuida, autoconsumo, comunidades ciudadanas de energía, ni de oferta y demanda flexible, apunta a que el objetivo de energías renovables se pretende alcanzar con grandes instalaciones de eólica y fotovoltaica. Un modelo de renovables distribuido no tendría los problemas de rentabilidad que van a tener las grandes instalaciones renovables si persiste la bajada del precio mayorista de la electricidad y de la demanda. Por el contrario, permitiría trasladar a los consumidores ese abaratamiento de la luz; simplemente porque permitirías abrir la competencia a millones de consumidores, algo que el modelo centralizado impide.

En este sentido llama la atención que el PNIEC incluya entre sus medidas el realizar subastas de renovables (3.000 MW al año). A día de hoy, Red Eléctrica (REE) ha autorizado ya 102 GW sin subastas y se encuentran en tramitación otro centenar, cuando el PNIEC establece un objetivo de 59 GW de nueva potencia renovable. Parece que el Plan solo pretende asegurar la rentabilidad de estas megainstalaciones de renovables a través de estas subastas para que, con la garantía del Estado (es decir, la de toda la ciudadanía), los grandes inversores se beneficien de algo que debería ser de todos: la energía limpia.

El PNIEC vuelve a incumplir el Reglamento UE 2018/1999 de la gobernanza en sus artículos 22 y 23 que obligan a incluir objetivos nacionales de flexibilidad del sistema energético a través de generación distribuida, agregación, redes inteligentes, respuesta a la demanda, almacenamiento y señales de precio en tiempo real que garanticen la participación de los consumidores en el sistema energético y se beneficien de la autogeneración y los contadores inteligentes. Si bien es cierto que algunos de estos conceptos se enuncian en el PNIEC, al no haber objetivos de energía flexible carecen de credibilidad. Por ejemplo, un objetivo de capacidad de energía flexible sería cuanta energía se va producir a través de autoconsumo en los tejados de viviendas y edificios o cuanta energía se podrá almacenar en las baterías de los vehículos eléctricos.

Cuando superemos esta trágica crisis nos debería haber quedado claro que todo aquello que afecta al bien común no debe estar sujeto a las dinámicas de máxima rentabilidad, y que se debe incentivar la economía local y real.

El PNIEC no es creíble por la distancia entre los objetivos que establece para los sectores difusos y las medidas para alcanzarlos. Sin políticas decididas y ambiciosas en edificación y transporte no se alcanzarán ninguno de los objetivos que se proponen, por lo que desde la Plataforma para una Transición Ecológica Justa hemos hecho llegar a la Secretaría de Estado de Energía una Propuesta metodológica para conseguir unos objetivos de descarbonización a través de la democratización de la Energía, que también incluimos en nuestras observaciones al EAE del PNIEC.

Asumir un objetivo de reducción de emisiones de al menos el 40% y trasponer las directivas europeas del paquete de invierno deberían ser los dos primeros objetivos del PNIEC para dejar de ser considerado como un conjunto de hipótesis no contrastadas más que un plan. Además, no plantea un cambio de modelo real, sino que solo fomenta las grandes instalaciones de renovables y las operaciones corporativas y especulativas.

No hay que olvidar que las energías renovables requieren de minerales escasos que no son renovables, ni reciclables en muchos casos. Es más, debido a su baja densidad energética y su intermitencia, requieren de grandes extensiones de terreno, aumentando la presión en el uso de recursos naturales y provocando grandes impactos en el paisaje, en las tierras para garantizar la soberanía alimentaria, la biodiversidad y en la economía rural. La transición ecológica no debe apoyarse en un desarrollo masivo de megainstalaciones de renovables, porque no es sostenible, sino en la eficiencia energética, tal y como dictan y obligan las directivas europeas, por lo tanto este PNIEC es totalmente insuficiente y señala un camino erróneo que no debemos seguir.

El covid-19 ha dejado varias lecciones cuyas conclusiones deberían ser recogidas en un plan que pretende ser el Plan Marshall para la recuperación de la crisis económica que vendrá después de la sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Cuando superemos esta trágica crisis nos debería haber quedado claro que todo aquello que afecta al bien común no debe estar sujeto a las dinámicas de máxima rentabilidad, y que se debe incentivar la economía local y real.

Debería ser evidente que nuestro estilo de vida no es sostenible, que lo que está en crisis es la normalidad en la que nos habíamos instalado. Debemos basar la recuperación de las crisis en la creación de una nueva normalidad, que prime la eficiencia y el ahorro energético, la economía circular, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Este modelo incentivaría la pequeña economía, a las Pymes y autónomos que son los que en realidad sostienen la economía de España, y no a los grandes inversores y especuladores de la economía financiera que nos han llevado hasta este callejón sin salida.