Opinión
Incendio de interior

Vuelve a arder Castilla y León y vuelve a arder media Europa. La temporada de 2026 ya ha dejado 254.730 hectáreas afectadas y 42 grandes incendios forestales hasta el 17 de agosto. El arranque fue temprano y julio fue terrible. Cantabria acumulaba incendios antes de que terminase marzo. Después llegaron Extremadura, Andalucía, Castilla, León. Niebla, en Huelva, y Burgohondo, en Ávila, han llevado este verano los grandes incendios hasta dimensiones inéditas. El incendio de Los Gallardos causó 14 muertes. El fuego no entiende demasiado de autonomías, aunque las autonomías sí importan cuando llega la hora de explicar qué encuentra el fuego al avanzar.

Castilla y León vuelve a ofrecer un cuadro excepcional. Más de 90.000 hectáreas han ardido ya este año y Burgohondo superó por sí solo las 50.000, convirtiéndose en uno de los mayores incendios registrados en la historia reciente española. Venimos además de 2025, cuando ardieron 143.880 hectáreas y murieron cinco personas. Un verano detrás de otro. Las Médulas, Zamora, Ávila. Evacuaciones, brigadistas exhaustos, pueblos cercados. El humo empieza a adquirir valor estadístico y, cuando una anomalía se repite suficientes veces, quizá convenga dejar de llamarla anomalía.

Cada verano llegan las imágenes del fuego y las evacuaciones. Después empieza el intercambio de acusaciones sobre los medios que faltaron, las cuadrillas que llegaron tarde o el monte que nadie limpió. Finalmente aparecen las dos explicaciones favoritas, la incompetencia del gobierno de turno y la fatalidad climática. Ambas contienen una parte de verdad y ambas resultan insuficientes. La crisis climática prolonga las temporadas de riesgo, eleva las temperaturas y seca antes la vegetación, pero no actúa sobre una maqueta vacía. Encuentra pueblos envejecidos, servicios degradados, actividades agrarias en retroceso y montes desconectados de quienes durante generaciones los trabajaron. Pero los pueblos no se vacían solos y tampoco los montes se abandonan espontáneamente. Durante décadas el empleo, los servicios y las infraestructuras se han concentrado mientras una parte de la juventud trabajadora era obligada a marcharse. Así, casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular obligan a formular otra pregunta: ¿seguimos ante un simple problema de gestión forestal y de crisis climática, o estamos contemplando los resultados de una forma de gobernar?

¿Seguimos ante un simple problema de gestión forestal y de crisis climática, o estamos contemplando los resultados de una forma de gobernar?

El PP no administra simplemente Castilla y León. El PP encarna una forma de gobierno de Castilla y León. Una arquitectura política levantada durante décadas sobre redes territoriales de poder de larga duración, algunas nacidas o consolidadas durante el franquismo y después perfectamente adaptadas al Estado autonómico. Diputaciones, ayuntamientos, empresarios, propietarios, administraciones y notables locales conectados con la Junta y, desde la Junta, con Madrid. El viejo cacique no necesita ya sentarse en el casino. Puede aparecer convertido en interlocutor, adjudicatario, asociación empresarial o mediador de fondos públicos. Modernización administrativa y continuidad política. Un autonomismo evolucionado que ha demostrado una formidable capacidad para ganar elecciones mientras enormes zonas de la comunidad perdían población.

Los incendios funcionan como una radiografía de ese modelo. Castilla y León no está simplemente olvidada. Está organizada para desempeñar determinadas funciones. Allí donde existe rentabilidad aparece la explotación intensiva y allí donde no la hay, el abandono. Concentración agraria y ganadera, grandes proyectos energéticos, aprovechamientos forestales y enormes superficies convertidas en monte cada vez más desligado de una comunidad humana que lo habite. Cambian los paisajes, pero permanece una misma lógica que entiende el territorio como activo o como residuo.

SOMACYL permite observar la otra cara del proceso. El monte puede vaciarse como espacio de vida sin perder su valor como recurso. La empresa pública de la Junta gestiona más de 10.000 hectáreas de choperas y moviliza unas 500.000 toneladas anuales de biomasa forestal, entre otros usos para alimentar sus redes de calor. El territorio abandonado reaparece convertido en madera, energía y suelo aprovechable. No estamos hablando de una conspiración que necesite incendiar bosques. Estamos hablando de algo más sencillo y más profundo. El negocio de los incendios es el negocio del monte. Lo rentable se explota, lo que deja de serlo puede abandonarse y, cuando finalmente arde, la extinción, las indemnizaciones y la reconstrucción recaen sobre el conjunto de la sociedad.

La misma racionalidad aparece en quienes combaten el fuego. Bomberos y trabajadores forestales permanecen repartidos entre empresas públicas, contratas y subcontratas, temporalidad, salarios insuficientes y campañas que concentran recursos cuando la emergencia ya ha comenzado. Hay algo profundamente revelador en un sistema que precariza durante meses a quienes después presenta como héroes durante quince días.

¿Qué ocurre con un territorio cuya población sigue siendo expulsada, cuya propiedad continúa concentrada y cuyos usos se deciden según su rentabilidad?

Una administración distinta podría mejorar mucho esta situación. Podría profesionalizar el operativo, dedicar más recursos a la prevención y reducir considerablemente los daños. Conviene decirlo porque lo contrario sería absurdo. Hay que apoyar esas medidas, como harán decenas de colectivos el próximo viernes 21 de agosto, saliendo a la calle a reclamar estas y otras medidas. Pero incluso la aplicación completa de todas estas medidas dejaría abierta la pregunta que atraviesa todo lo anterior. ¿Qué ocurre con un territorio cuya población sigue siendo expulsada, cuya propiedad continúa concentrada y cuyos usos se deciden según su rentabilidad?

Ahí reaparece la cuestión del poder. La hegemonía del Partido Popular no descansa únicamente en haber gestionado mejor o peor la Junta durante casi cuatro décadas, sino en haber dado forma política y administrativa a este equilibrio territorial. Por eso disputarle Castilla y León no puede consistir únicamente en prometer una gestión más competente del mismo mapa. Exige construir otra fuerza política y otro principio de organización del territorio. Los tiempos están cambiando lo bastante deprisa como para que ya no baste con administrar mejor las consecuencias de un modelo cuya dirección permanece intacta. Disputar al Partido Popular la hegemonía que ha construido durante décadas en Castilla y León exige algo más difícil que sustituir unos gestores por otros. Exige levantar una fuerza propia, capaz de reunir intereses hoy dispersos, convertirlos en una mayoría política y hacer de esa mayoría una capacidad efectiva de gobierno. Un polo de clase, revolucionario en sus objetivos, que pueda empezar a discutir no solo cómo se apagan los incendios, sino quién decide sobre la tierra, las inversiones y el futuro del territorio. La cuestión decisiva comenzará después de las movilizaciones, cuando se disipe el humo y haya que decidir quién organiza el paisaje que queda.