Tribuna
Una ley de educación para dejarlo todo bien atado en Euskadi

Euskadi siempre ha parecido un pueblo progresista, aun cuando quienes nos gobiernan estén lejos de presentar programas de izquierdas. Por eso nos encontramos a menudo con realidades que dejan bastante en evidencia que esto no es un oasis, sino más bien una sociedad estructurada a golpe de lógica neoliberal.

El ejemplo más flagrante de esta realidad la podemos encontrar en educación, indicador central de la salud de una comunidad. En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) tenemos un 49% de concertación en educación, situación que en todo el estado equiparable a la de Madrid, y que solamente Bélgica consigue superar en toda la UE. Es decir, tenemos un sistema educativo privatizado y segregador a todas luces. 

Como es incomodo promocionar el servicio privado como uno público, EH Bildu y PNV quieren revestir su propuesta educativa de participativa y comunitaria, dotando de más competencia al municipio, es decir, descentralizando el sistema

Por esa razón, hace años que muchas de nosotras peleamos para que se dé un cambio en la política educativa vasca y se haga una apuesta firme a favor de la escuela pública vasca. Pero cuál ha sido nuestra sorpresa cuando recién inaugurado el curso, el PNV ha hecho saber que pretende realizar un pacto educativo, que será germen de una futura ley, y que en palabras del lehendakari Iñigo Urkullu, verá la luz en 2022. Para este propósito, según ha afirmado el propio Arnaldo Otegi en medios de comunicación, parece contar con la voluntad de EH Bildu, quien ha presentado su propuesta para educación recientemente.

Así pues, de forma excepcional, los objetivos de EH Bildu y PNV convergen en este caso, lo cual nos hace pensar en las metas comunes que estos dos partidos antagónicos tienen en educación cuando hablan de descentralización, autonomía de centros, implicación de la comunidad y municipio. 

En su no tan novedosa propuesta, EH Bildu vuelve una vez más a hablar de lo que dibuja como un servicio público comunitario. Sin embargo, el carácter público de los centros se le atribuye en la medida en que da un servicio público, ya que no se modificaría la titularidad de los centros, aunque se equipararía a los centros públicos en que serían subvencionados al 100%. 

Parece difícil comprender cómo un ente de titularidad privada es un servicio público, y hace que nos preguntemos si sería esta propuesta aceptable en sanidad

Parece difícil comprender cómo un ente de titularidad privada es un servicio público, y hace que nos preguntemos si sería esta propuesta aceptable en sanidad. Y de ser así, ¿tal vez las panaderías también son servicios públicos y deben estar subvencionadas por el Estado? No se habla de las incoherencias que supondría esta diferencia en la propia gestión de los centros. Por poner un ejemplo, en la contratación del personal, ¿serían las y los trabajadores de los centros concertados trabajadoras y trabajadores públicos por arte de magia?

Las prisas

La premura para hacer pública esta ley no nos ha sorprendido tanto, ya que a mediados de 2022 se cerrará el plan de conciertos que será de aplicación en los próximos seis años y la estrepitosa bajada de natalidad amenaza el futuro de muchos colegios. Dicho de otro modo, ha llegado el momento de decidir la supervivencia de qué centros piensa asegurar el Departamento de Educación y en qué condiciones. Lo honesto en este caso sería hacer memoria y recordar que en 1985 el gobierno del PSOE aprobó los conciertos educativos a consecuencia del baby boom. El incremento de natalidad era tal que no se podía dar el servicio desde los centros públicos abiertos en aquel momento. Así que la necesidad coyuntural se gestionó concertando los centros privados para que asumieran esa función, esa situación de excepcionalidad se ha revertido ahora y la pregunta es: ¿qué decisión tomaremos hoy? 

La necesidad coyuntural para atender el baby boom de los 70 se gestionó concertando centros privados para que asumieran esa función, situación de excepcionalidad que ante la estrepitosa bajada de natalidad se ha revertido ya

Por lo que sabemos, tanto EH Bildu como PNV siguen sin querer tocar la titularidad de los centros, pero como es incomodo promocionar el servicio privado como en público, quieren revestir su propuesta educativa de participativa y comunitaria, dotando de más competencia al municipio, es decir, descentralizando el sistema. La problemática, a día de hoy, reside principalmente en que existen diferencias de gestión, financiación, infraestructuras, criterios de admisión, etc. que generan jerarquías principalmente entre centros públicos y privados. ¿Y pretendemos solucionarlo desregularizando todavía más esa gestión y dejándola en manos de los municipios, cuyos colores políticos y recursos económicos son muy diversos? Eso incrementaría las diferencias entre todos los centros que competirían generando ya no sólo un sistema dual, sino un sistema totalmente jerarquizado y basado en la excelencia. Pasaríamos de un sistema dual a uno de 15 velocidades. Obviamente EH Bildu recoge en su propuesta las medidas a tomar para evitar esa jerarquización entre los centros, medidas que ya están recogidas en las legislaciones actuales, aunque se incumplen sistemáticamente, como sucede con la prohibición de cobrar cuotas. Porque el único modo para que la educación consiga ser la herramienta de cohesión social cuyo objetivo es subsanar las diferencias de origen que se dan en nuestra sociedad, es que exista un solo marco, el servicio público. 

Pretenden solucionar las jerarquías entre los centros públicos y privados desregularizando aún más esa gestión dejándola en manos de municipios cuyos colores políticos y recursos económicos son muy diversos, por lo que pasaríamos de un sistema dual a uno de 15 velocidades

Nadie duda de los beneficios de vincular la comunidad al centro educativo, pero no podemos olvidar que los procesos comunitarios sólo tienen sentido dentro del servicio público, de hecho, esa es la propia esencia de lo público, ser el servicio de la comunidad. Si generamos propuestas alternativas dejaremos sin opciones a quien ciertamente no tiene alternativas vitales, y eso no es comunitario, es un circulo de privilegio. 

Así pues, este acuerdo pensado para descentralizar pretende huir, en parte, de las imposiciones que emanan del estado central pero también busca evitar una homogenización entre los propios centros y gentes de la CAPV. Esta parece ser la formula que hace coincidir tanto a centros religiosos como a ikastolas. Y es que si bien es cierto que las ikastolas cumplieron en su momento una función en la preservación de la lengua y la cultura vasca, a día de hoy se han convertido en una herramienta más de segregación entre quienes tienen y no tienen dinero, clase, raza, euskera… pero no nos confundamos, si el euskera no se da en el ámbito realmente comunitario, su futuro también será el de ser la lengua de los privilegiados.