Tribuna
La victoria de Lula: una esperanza para frenar la destrucción ambiental y la violencia

Las personas del mundo entero que se preocupan por la emergencia ambiental y los derechos humanos, concretamente por la deforestación en la selva amazónica o El Cerrado en Brasil, celebramos hoy la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo presidente del país, que puede revertir el ecocidio y genocidio en marcha por las políticas de Jair Bolsonaro.  

Anoche Lula abordó los temas más apremiantes de nuestro tiempo: la crisis climática, la paz, las desigualdades o el hambre. Su promesa fue clara: “Lucharemos contra todo tipo de actividades ilegales en la Amazonía”. 

En su discurso para analizar los resultados electorales, Lula afirmó que luchará por un objetivo de “deforestación cero” en la Amazonía. No se refirió solo a la mal llamada “deforestación ilegal”, sino que amplió su objetivo: “Brasil está listo para retomar su papel de liderazgo en la lucha contra la crisis climática, protegiendo todos nuestros biomas, especialmente la Selva Amazónica. En nuestro Gobierno logramos reducir la deforestación en la Amazonía en un 80 %. Ahora, luchemos por la deforestación cero.”

Asimismo Lula dio algunas promesas importantes que suponen una de las mejores noticias para el clima, la biodiversidad y los pueblos indígenas en mucho tiempo: hacer del medio ambiente un supertema transversal a todos los ministerios.

Sin embargo, advertimos que esta apuesta no es sencilla y Lula se enfrenta a enormes desafíos y dificultades para llevarlo a cabo.

Brasil y el mundo precisan de un cambio radical en el modelo agropecuario: desmantelar la agroindustria y apostar por la agroecología

Para empezar, contará con un Congreso y un Senado hostiles con mayorías parlamentarias bolsonaristas ligadas a los intereses de la agroindustria y la minería; además de la composición del propio gobierno de Lula cuyos equilibrios y acuerdos no serán sencillos. 

Lula se va a enfrentar a la enorme tarea de reconstruir los órganos de protección del medio ambiente y las comunidades indígenas, que fueron destruidos por Bolsonaro y Salles. 

La política de 'Desmatamento Zero' deberá ampliarse más allá de la Amazonía e implementarse en los ecosistemas de Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa. Para ello es urgente la aprobación del Reglamento europeo que prohíba eficazmente toda deforestación y exija a las empresas que garanticen que sus importaciones a Europa de soja, cacao, café, madera, aceite de palma, madera, caucho o maíz están libres de deforestación y vulneración de derechos humanos. 

Para todos estos retos, el gobierno de Lula deberá contar con los pueblos indígenas, campesinos y tradicionales, así como con los movimientos sociales. Además, se necesita que tanto España como la UE se impliquen de manera activa. Por ejemplo, para aprobar el Reglamento sobre deforestación importada, el papel del Gobierno de España es decisivo y debe apoyar en la recta final de su negociación la posición aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2022.

Igualmente, para conseguir los objetivos anunciados por Lula, la Unión Europea y muy específicamente España deben cambiar su modelo de producción y consumo que generan esta destrucción ambiental y social en Brasil. Ello implica por ejemplo enterrar para siempre el acuerdo comercial UE-Mercosur, así como dejar de importar soja para los piensos de la ganadería industrial y transitar a una ganadería extensiva y ecológica.

Brasil y el mundo precisan de un cambio radical en el modelo agropecuario: desmantelar la agroindustria y apostar por la agroecología. Lo cual implica abandonar los monocultivos de soja y apostar por un sistema socioeconómico que respete la naturaleza y esté basado en el respeto a los derechos humanos, la justicia social y ambiental.

En definitiva, la victoria de Lula supone una victoria contra el (neo)facismo, por un lado, y un soplo de esperanza para el planeta y los derechos humanos, por el otro, para detener los crímenes del Bolsonarismo y asumir la responsabilidad urgente ante la crisis climática. Pero es una tarea que exige la participación activa de los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y toda la sociedad civil organizada así como la acción de todos los gobiernos y agentes políticos.