Túnez
Final agridulce de Comisión de la Verdad en Túnez

Jamel Baraket salió del tribunal de Nabeul con la mirada triste, pero sin perder un ápice de su abnegación. “Han sido 27 años de lucha, y vamos a continuar. Lo de hoy ha sido un pequeño paso. Aún mantenemos la esperanza”, decía poco después de que el jueza levantara una sesión que duró apenas diez minutos. No es la primera vez que algo así sucede. Esta vez la justicación fue la falta de un micrófono. “Uno siente que hay una voluntad de dificultar el avance del juicio por parte de las autoridades. Estas cosas no suceden en los tribunales normales”, lamentaba su abogado Mojtar Trifi, un histórico activista en favor de los derechos humanos en Túnez.

El juicio por la muerte de Faysal Baraket, hermano de Jamel, es uno de los más emblemáticos de la quincena en marcha que se enmarcan en el proceso de justicia transicional en Túnez, único país sacudido por las llamadas “primaveras árabes” donde la transición a la democracia no terminó en un baño de sangre. Baraket, un joven estudiante y militante islamista, fue torturado hasta la muerte el mismo día de su arresto, el 8 de octubre de 1991, en la comisaria de Nabeul. Sin embargo, el régimen falsificó la autopsia y afirmó que había muerto de un accidente de tráfico. Un examen posterior reveló que había fallecido a causa de una hemorragia interna al ser sodomizado con una barra de hierro. Desde entonces, su familia lucha por obtener justicia. El más de centenar de casos transferidos a las cámaras especializadas en justicia transicional fueron investigados por la Instancia de la Verdad y la Dignidad en Túnez (IVD), el organismo público que desde 2014 se ha encargado de desvelar la verdad oculta detrás de más de cinco décadas de exacciones y abusos cometidas por el Estado tunecino. Entre sus atribuciones, además de presentar ante los tribunales los casos más graves de violaciones de derechos humanos, figura elaborar un programa de reparación económico y moral de las víctimas y proponer las reformas necesarias para desmantelar la maquinaria de la represión para que no vuelvan a repetirse los crímenes de Estado.

Los empleados del organismo han entregado a las más de 50.000 víctimas que presentaron un dossier su veredicto final, que suele incluir una indemnización económica, y a veces también la reintegración en la función pública o un tratamiento médico gratuito

Los semanas previas al 31 de mayo, fecha para el final de su lustro de mandato, la sede central de la IVD ha sido un hervidero. En una carrera contra el reloj, los empleados del organismo han entregado a las más de 50.000 víctimas que presentaron un dossier su veredicto final, que suele incluir una indemnización económica, y a veces también la reintegración en la función pública o un tratamiento médico gratuito. “Han sido unos meses muy intensos. A menudo, los miembros de la IVD nos hemos quedado a dormir aquí en la sede”, cuenta Sihem Ben Sedrine, una antigua opositora a Ben Alí y presidenta de la Comisión de la Verdad. Respecto a las reparaciones económicas, la institución ha elaborado una especie de escala en función de la gravedad del abuso sufrido por la víctima. En la cúspide, la muerte, cuya retribución iguala el máximo establecido, 200.000 dinares (unos 59.000 euros). Luego, se halla la violación, valorada en un 70% del total; la tortura, un 60%, y la detención arbitraria, que va del 15% al 30% en función de la duración del encarcelamiento. En el caso de haber sufrido varias de estos abusos, se suman las compensaciones, pero sin sobrepasar el tope. “El Gobierno todavía no se ha movido para hacer efectivas las indemnizaciones. Por eso, las víctimas nos estamos movilizando”, explica Beshir el-Jalfi, presidente de la asociación Sawt al Insan. En una protesta en abril, el-Jalfi ocupó junto a otro activista una sala del edificio del primer ministro, por lo que le han caído seis meses de cárcel, sentencia a la que ha recurrido. “Nuestro balance es positivo. Teniendo en cuenta todos los impedimentos que hemos enfrentado, es un milagro que hayamos podido culminar nuestra labor. En todas las etapas, ha habido intentos de hacer abortar el proceso”, afirma Ben Sedrine. Esta activista, tan menuda como enérgica, se refiere a la actitud del Gobierno surgido de las elecciones de 2014, y que entró en función un año después del inicio de las labores de la IVD. Liderado por Nidá Tunes, un partido con figuras vinculadas al antiguo régimen, y en conjunción con sus medios de comunicación afines, participó en una intensa campaña de demonización de la institución. En cambio, el anterior Ejectivo, conocido como la troika, estaba integrado por tres formaciones opositoras al dictador Ben Alí.

“Si el Gobierno hubiera colaborado, habríamos podido hacer más, transferir más casos a las cámaras especializadas, imponer más sanciones en aquellos casos de corrupción”, se queja Ben Sedrine

“Si el Gobierno hubiera colaborado, habríamos podido hacer más, transferir más casos a las cámaras especializadas, imponer más sanciones en aquellos casos de corrupción”, se queja Ben Sedrine. Entre los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse, la negativa del Ministerio del Interior de entregarle sus archivos, a pesar de estar obligado por ley. Además, el Gobierno aprobó en 2017 una ley que le retiró algunas de sus prerrogativas en los casos de abusos relativos a la corrupción. Salwa Gantry, de la ONG International Center for Transitional Justice, también hace una valoración positiva de la experiencia. “Nunca una Comisión de la Verdad consigue el 100% de sus objetivos, y la tunecina no es una excepción. La IVD ha podido finalmente realizar las principales tareas que le habían encomendado”, sostiene Gantry, que recuerda que, aparte del boicot del Ejecutivo, su labor se ha visto mermada por las luchas intestinas de sus dirigentes. Varios de los comisarios dimitieron de sus funciones y acusaron a Ben Sedrine de gestionar la Instancia de forma autoritaria. “El proceso de Justicia Transicional no acaba con la IVD. El fin de la impunidad será largo y sembrado de trampas. Pero las víctimas, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil no bajarán los brazos hasta que se sepa toda la verdad y los responsables de las violaciones graves de derechos humanos rindan cuentas”, advierte la politóloga Olfa Lamlum. De hecho, el Gobierno ha presentado recientemente a los diversos grupos parlamentarios una propuesta de ley de amnistía que abortaría todos los procesos judiciales, incluso los ya iniciados. No obstante, en vísperas de las elecciones de octubre, su aprobación es improbable. El actual presidente del país, Beji Caïd Essebsi, de Nidá Tunis, se encuentra entre los más de 1.500 acusados en los procesos judiciales transferidos a la justicia, como el de Baraket. En el caso de Essebsi la denuncia se corresponde a las torturas cometidas durante los años sesenta, cuando era ministro del Interior, unas exacciones que la presidenta de la Comisión define como “propias de la Edad Media”. ¿Es esa la razón por la que circula un proyecto de amnistía? Ben Sedrine sonríe y asiente con la cabeza.