Unión General de Trabajadores (UGT)
UGT Asturias, condenada por fraude al malversar dinero público

Tras dos meses de juicio, 50 trabajadores declarando como testigos y 127 páginas de sentencia, el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo ha condenado por primera vez a un sindicato por fraude. UGT Asturias no podrá acceder a fondos públicos durante cuatro años y deberá abonar una multa de 122.028 euros. Asimismo, seis miembros de la antigua directiva han sido condenados a penas de entre seis meses y dos años y diez meses de prisión por urdir o ser cómplices de una trama en la que, entre 2010 y 2012, estafaron casi un millón de euros de fondos públicos que utilizaron para sostener la estructura del sindicato, así como la compra de un local. 

La sentencia fue notificada ayer y las partes tienen veinte días para interponer un recurso ante la Audiencia Provincial de Bizkaia. La pena de cárcel más elevada ha sido impuesta para el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, quien también deberá abonar 586.000 euros en multas. Le considera cooperador necesario y autor de tres delitos de fraude en subvenciones.

La exsecretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz Cancio, han sido condenados a un año por dos delitos de fraude; a María Jesús Ocaña, por cómplice en uno, el auto le impone diez meses de prisión, mientras que Silvia Sariego Ferrero y Alberto González Casteño han sido condenados en concepto de cómplices a otros seis meses de cárcel.

“Esta operativa venía de más atrás y entendemos que operaba a nivel estatal, no solo en Asturias”, apunta Alberto Suárez, abogado de la acusación particular

La sentencia da por probado que Justo Rodríguez Braga, Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio urdieron una trama para desviar fondos de las subvenciones adjudicadas para cursos de formación concedidas al sindicato UGT entre 2010 y 2012, tal y como denunciaron ocho antiguos sindicalistas de esta central. “Nos llamaron de todo, me expulsaron del sindicato y, a raíz de la denuncia, perdí mi empleo estable a finales de 2015, y aún sigo desempleado y en una situación precaria, Asturias es pequeña y la red clientelar es grande”, explica Pablo Álvarez, quien asegura que la sentencia le ha aliviado. 

Pero la satisfacción que siente tiene un regusto aún amargo: “Me parece terrible la propia valoración de actual UGT Asturias, es una huida adelante, en vez de asumir los hechos. También nos parece pobre el posicionamiento de la clase política, ya que aún no ha habido una condena pública. Al contrario, lo que ha habido son muestras de solidaridad a los condenados y corruptos, mientras que nosotros no hemos recibido un gesto amable. Este sistema es perverso”.

Pablo Álvarez señala sobre todo a Pilar Varela, exalcaldesa de Avilés y actual directora del Servicio Público de Empleo de Asturias. “Debería dimitir o ser cesada. En el juicio aseguró que los controles de la Administración eran estrictos y fehacientes, cuando la sentencia acredita que eran meramente formales, que de todo se pasaba de largo, haciendo la vista gorda”. 

El abogado de la acusación particular, Alberto Suárez, advierte de que solo se ha podido enjuiciar los delitos cometidos entre 2010 y 2012. Considera que antes también se cometió fraude, pero prescribió. “Esta operativa venía de más atrás y entendemos que operaba a nivel estatal, no solo en Asturias”, apunta. La crisis económica cerró en los años posteriores el generoso grifo a las subvenciones de formación.

El sindicato hinchaba las facturas para realizar los supuestos cursos de formación a través de terceras empresas

La trama de malversación se ejecutaba del siguiente modo: UGT recibía subvenciones finalistas, es decir, primero entra el dinero y luego se justifica en qué se gastan. El sindicato hinchaba las facturas para realizar los supuestos cursos de formación a través de terceras empresas para aumentar el precio de los materiales o los alquileres de los locales donde supuestamente se desarrollaban las formaciones. Asimismo, manipulaba el alumnado inscrito y hacía constar a sus propios trabajadores como estudiantes. 

“El cálculo de responsabilidad civil es de 938.195 euros entre 2010 y 2012”, indica el letrado. Las empresas referidas en el auto no han sido condenadas, ya que son “meros instrumentos”, sin más actividad. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizó los atestados judiciales, los cuales el abogado califica de “contundentes”, respecto a la actividad delictiva realizada por los seis condenados en nombre de UGT Asturias.