Industria armamentística
Frank Slijper: “El F-35 ha sido la columna vertebral de la fuerza aérea israelí”

El economista e investigador neerlandés Frank Slijper visitó Euskal Herria del 13 al 16 de marzo, invitado por el movimiento BDZ. Especializado desde 1993 en el estudio de los vínculos entre el sector bancario y la industria armamentística, Slijper comparte con nosotras en esta entrevista un análisis del programa F-35 (Lockheed Martin F-35 Lightning II), que consiste en la producción internacional de una familia de cazas furtivos de quinta generación, centrados en el ataque a tierra, la guerra en red y la recopilación de datos.

Además de diseccionar el que está considerado el programa armamentístico más caro de la historia, el investigador relata su implicación en la demanda legal contra el Estado neerlandés por la exportación de piezas de cazas F-35, iniciada en diciembre de 2023 por una coalición de organizaciones de derechos humanos.

Para empezar, en un contexto marcado por las tensiones regionales y la evolución de las amenazas aéreas y tecnológicas, ¿qué importancia tiene el caza F-35 para la capacidad militar de Israel en Asia Occidental?

Es enormemente importante. Probablemente sea el sistema aéreo más relevante del que dispone Israel en la actualidad, al menos si atendemos a las valoraciones y comunicaciones oficiales, tanto del propio gobierno israelí como de la empresa fabricante. Es un avión de combate furtivo, un caza de combate de quinta generación, el más avanzado de su categoría. Ha sido la columna vertebral de la fuerza aérea israelí en todas sus “operaciones aéreas”, como se les llama eufemísticamente, desde Gaza hasta el Líbano, pasando por Yemen e Irán.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos y Lockheed Martin, el fabricante principal, decidieron internacionalizar el programa del F-35? ¿Qué ventajas pretendían obtener con ello?

Creo que hay dos razones. Por supuesto, ante todo, querían vender tantos aviones de combate F-35 como fuera posible. Lo que hicieron fue intentar convencer a las fuerzas aéreas que utilizaban el F-16 para que se unieran al programa del F-35, ofreciéndoles la posibilidad de convertirse en socios del programa.

“Si vendes armas a un país, también controlas de forma indirecta su ejército, porque tienes el poder de castigarlo”

Existía cierta preocupación ante la presencia de otros competidores en el programa de sustitución del F-16, como el Eurofighter, el Rafale francés de Dassault o el Gripen de Saab. Algunos de estos, especialmente el avión de Saab, eran bastante más baratos que el F-35, sobre todo porque no tenían tecnología furtiva ni algunas de las características más avanzadas del avión estadounidense. El F-35 era el único avión de combate que aún no existía en aquel momento: era solo un diseño y, por lo tanto, tenían prisa por captar a potenciales clientes lo antes posible, básicamente para adelantar cualquier posible competencia europea. Han tenido cierto éxito en eso, si echamos la vista atrás, 25 años después de que se iniciara el programa.

¿Cuál es el otro motivo?

Se trataba de ganar tanto dinero como fuera posible. Y además, si vendes armas a un país, también controlas de forma indirecta su ejército, porque tienes el poder de castigarlo. Eso es lo que ocurre, especialmente hoy en día con Trump: si no está de acuerdo con las decisiones de un país, puede responder no solo con aranceles sino también mediante medidas en el ámbito militar.

Se ha hablado recientemente de la retirada de 4.000 soldados estadounidenses de Polonia, supuestamente porque sus gobernantes habían hecho declaraciones que molestaban a Trump. Esa es la otra cara de la moneda: estas situaciones te hacen muy dependiente, sobre todo de un país que parece tan impredecible en sus acciones.

Trump, especialmente el “segundo Trump”, es una especie de fenómeno nuevo, y el programa del F-35 se remonta mucho antes. Había interés no solo en ganar dinero, sino también en vincular al ejército europeo y a la industria europea con el complejo militar-industrial estadounidense, ¿no?

Así es. Existe un componente estratégico-militar: especialmente en las últimas décadas, la fuerza aérea del ejército se convirtió en la más importante, y ya nadie esperaba una guerra terrestre. Gran parte de las guerras que se libraron tras la Guerra Fría fueron aéreas: el bombardeo de Irak, Libia, Yugoslavia, Serbia. Desde ese punto de vista, se hizo especialmente relevante para EEUU controlar a sus aliados. Evidentemente, lo que se quería evitar a toda costa era que los países europeos se unieran, produciendo y comprando sus propios aviones de combate.

¿Qué sabes sobre la participación del Estado español y de empresas españolas en el programa del F-35?

España no tiene previsto adquirir el F-35 y, por tanto, la participación de sus empresas en el programa es limitada en comparación con la de los países compradores. Aun así, destaca el caso de M-Torres, la empresa navarra que ha mostrado interés en participar en la producción. Se trata de una situación singular, ya que la mayoría de las compañías integradas en el programa pertenecen a países operadores del F-35. Al parecer, M-Torres es una empresa que fabrica equipos únicos, que son fundamentales para el programa del F-35.

¿Cuál es el coste total estimado del proyecto del F-35? ¿Y cuáles son las implicaciones económicas para los contribuyentes europeos?

Desde el principio, se esperaba que ascendiera a 2 billones de dólares estadounidenses. Eso supondría la compra de unos 2.400 aviones F-35 y su mantenimiento durante los casi cien años de vida útil proyectada. En realidad, no está claro que Estados Unidos llegue a adquirir esa cantidad de aviones, ya que el papel de los drones ha cambiado mucho el panorama en los últimos años. Aunque se da por hecho que los cazas con piloto seguirán existiendo durante las próximas décadas, cada vez operarán más en combinación con otros sistemas no tripulados, lo que podría reducir la necesidad de adquirir más F-35.

Sin embargo, si lo miramos desde otra perspectiva, el precio medio de un F-35 es de 100 millones de dólares, además de los costes de mantenimiento. Así que si un país compra 80 aviones, ya son 8.000 millones de dólares, y suele ser mucho más caro para los países que no forman parte del programa, porque los países participantes ya han pagado su cuota de entrada.

¿Cuándo se convirtió Israel en un socio importante del programa?

Israel se involucró en el programa del F-35 desde el principio, en la década de los 2000, porque sus F-16 iban a ser sustituidos en un plazo de diez a quince años, y porque Israel ha sido tradicionalmente muy cercano a EE.UU., también en cuanto al tipo de armamento que utilizan. Sin embargo, hay que aclarar que nunca obtuvo el mismo estatus que los socios oficiales del programa. La verdad es que no estoy seguro de por qué fue así, si Israel no quería o si los demás socios no estaban de acuerdo.

“Las organizaciones de la sociedad civil pueden llevar al Estado ante los tribunales y actuar en nombre de las víctimas de las armas utilizadas en una guerra”

En cualquier caso, en la práctica tiene un estatus similar y, en algunos aspectos, más privilegiado, ya que se sabe que los F-35 de Israel son únicos porque cuentan con características especiales desarrolladas por la industria armamentística israelí, que otros no tienen. Eso incluye algún software que ellos mismos desarrollaron específicamente, así como algunos componentes electrónicos especiales del F-35.

¿Qué recomendaciones darías para conseguir que las empresas se retiren de proyectos como el F-35, que implican complicidad en el genocidio del pueblo palestino?

Esa es una pregunta difícil. Las empresas, por extraño que pueda parecer, incluso en la industria armamentística, tienen sus políticas éticas. En teoría, al incorporarse a un proyecto tienen que hacer una evaluación previa, hay que llevar a cabo la denominada “diligencia debida en materia de derechos humanos”.

En este caso, desde el inicio se sabía que Israel formaría parte del programa, o por lo menos que compraría el F-35. Por lo tanto, las empresas a las que eso les hubiera planteado problemas no deberían haberse sumado al programa del F-35. Pero, por supuesto, siempre están los intereses comerciales y, cínicamente, casi siempre estos prevalecen sobre cualquier política o consideración ética.

¿Sirven de algo esos códigos éticos?

Estas políticas éticas suelen quedarse en el papel. En la práctica, casi nunca, si es que ha habido alguna vez que sí, significan algo. No conozco ningún ejemplo, al menos en los Países Bajos, de una empresa que se niegue a aceptar pedidos porque le preocupe la reputación de un país en materia de derechos humanos.

Además, si se quiere abordar este tema desde un punto de vista comercial y práctico, hoy en día las empresas que fabrican armamentos tienen muchas otras oportunidades de negocio. Este es el momento ideal para romper vínculos con cualquier régimen que viole los derechos humanos, ya sea Israel, Arabia Saudí o cualquier otro país. No debería costar ningún puesto de trabajo, no debería suponer ninguna pérdida, porque la mayoría de las empresas del sector armamentístico ni siquiera pueden satisfacer la demanda que tienen.

¿Cuál ha sido el resultado de la denuncia que interpusisteis contra el gobierno neerlandés?

El resultado es que, de forma bastante singular, no solo en el contexto nacional sino también en el internacional, el 24 de febrero de 2024 se dictó una orden judicial que exigía al Estado neerlandés que detuviera en un plazo de siete días las exportaciones de todas las piezas y componentes del F-35 a Israel. El juicio demostró que es posible que las organizaciones de la sociedad civil lleven al Estado ante los tribunales y que estas puedan actuar en nombre de las víctimas de las armas utilizadas en una guerra. Así pues, hubo dos grandes victorias.

“Es importante mantener presión sobre las empresas y, cuando sea posible, a los gobiernos locales para que presionen a las empresas”

Otra implicación, que considero crucial, es que hasta ese momento la población neerlandesa apenas era consciente de que las empresas de su país participaban en el programa del F-35. Y mucho menos de que piezas y componentes neerlandeses acababan en aviones de combate israelíes que se utilizaban para bombardear Gaza. Hasta aquel 24 de febrero desconocíamos por completo que teníamos un almacén clave de piezas y componentes que abastecía directamente a Israel. Eso, y toda la atención que recibió el caso judicial durante un periodo prolongado, se convirtió también en una parte fundamental de las protestas y de la rabia hacia el gobierno neerlandés por su inacción frente a Israel.

¿Qué lecciones se pueden extraer de todo este proceso?

Para tener una visión completa de la relevancia del proceso, no hay que subestimar lo que supone demandar al gobierno. Fue muy duro, sobre todo los primeros cuatro meses, hasta que el tribunal de apelación en segunda instancia nos concedió lo que exigíamos. Ha sido un trabajo sumamente exigente, no solo para las organizaciones implicadas sino también para las abogadas y abogados. Eso sin mencionar que contábamos con la abogada de derechos humanos más conocida del país.  Y todo ello también tiene un coste económico, no solo de honorarios, y fue un esfuerzo colectivo importante en ese sentido.

La parte positiva tiene que ver con el interés público que suscitó este caso. La gente aportaba dinero, todo se pagó con aportaciones de la ciudadanía. Fue impresionante: cada vez que decíamos que necesitábamos otros 30.000 euros, en pocos días los teníamos, y así sucesivamente a lo largo de los años. Así que esto también demuestra que la gente, si haces algo que realmente ve que puede marcar la diferencia, está dispuesta a apoyarlo. Eso también fue un impulso para nosotros, ya que sentíamos que no estábamos haciendo algo de forma aislada.

Por último, ¿cómo valoras la postura adoptada por el gobierno español con respecto al comercio de armas con Israel?

El Estado español destaca en Europa como uno de los pocos que ha dado pasos significativos. Lo que parece el primer paso lógico es dejar de enviar armas o piezas de armas a Israel. Más adelante, la consecuencia es también dejar de comprar armas y cancelar los contratos existentes. Creo que el gobierno español debería recibir reconocimiento por ello.

Al mismo tiempo, lo que también hemos visto a lo largo de los últimos dos años es que las empresas siguen suministrando equipos, piezas o material que escapa a los controles de exportación, como en el caso de Sidenor, que suministraba acero a Israel Military Industries, una filial de Elbit, que muy probablemente las utilizaba para fabricar munición.

¿Qué más se puede hacer entonces?

Creo que por eso es tan importante contar con grupos de acción, personas que investiguen, periodistas que saquen a la luz estas relaciones continuas que son cruciales para la industria armamentística israelí y para las Fuerzas de Defensa de Israel. Y sí, por eso es tan importante mantener esa presión sobre las empresas y, cuando sea posible, a los gobiernos locales para que presionen a las empresas. Porque, de nuevo, tienen suficientes negocios alternativos y no tienen por qué verse involucradas en un genocidio. Si quieren tener una imagen pública que no sea tan perjudicial como la que obtienen cuando los medios de comunicación muestran su implicación en el genocidio, la decisión de alejarse de esos contratos no debería ser tan difícil.