Universidad
Investigadores denuncian que la LOSU discrimina a una parte de los doctorandos para obtener plazas públicas

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en marzo de este año, sigue despertando críticas en el personal investigador. Desde las asociaciones de investigadores FPIs en Lucha, FPU Investiga y la Oficina Española de Integridad en Investigación han reclamado ante el Defensor del Pueblo corregir “deficiencias” de la norma en cuanto a las plazas de profesor ayudante a doctor. Para acceder a este empleo público, antes, había que solicitar una acreditación a la ANECA. Ahora, esta credencial no será necesaria, pero quien la haya solicitado se le considerará como un mérito preferente excepcional durante cuatro años desde la aprobación de la ley. 

“Rompe el principio de igualdad con los doctorandos que hayan empezado la tesis o que estén a punto de acabarla”, valora Manuel Santana, del colectivo FPU Investiga. El principal problema, según los colectivos de investigadores, está en que el último periodo para cerrar las solicitudes duró apenas diez días —del 31 de marzo al 11 de abril— y que tener dicha acreditación es “ya imposible” de obtener de ningún modo. “Los investigadores actuales están en una situación desventajosa al no poder obtener una credencial que las universidades valoran muy positivamente”, apunta Santana. “Es una normativa contra los derechos de igualdad, mérito, transparencia y seguridad jurídica”, señalan desde la Oficina Española de Integridad en Investigación.

“Tampoco se ha dicho desde el Ministerio cómo hay que interpretar ese mérito preferente. Cada centro hace lo que considera”, indican desde FPU Investiga

Desde la ANECA, órgano dependiente del Ministerio de Universidades, valoran positivamente el cambio: “se elimina uno de los cuellos de botella identificados que ha hecho que la estabilización del profesorado universitario no se produzca hasta bien sobrepasados los cuarenta años y se da a las universidades la responsabilidad fundamental de elegir, dentro de su autonomía y respetando lo que marca la LOSU en cuanto a los procedimientos de selección del profesorado contratado, a su profesorado doctor más joven”. No obstante, según Manuel Santana, otro de los problemas está en que “tampoco se ha dicho desde el Ministerio cómo hay que interpretar ese mérito preferente. Cada centro hace lo que considera”, y reclama una mayor comunicación del ministerio de Joan Subirats (Unidas Podemos). 

Este diario ha consultado a dicho organismo público, pero aún no ha obtenido respuesta. Desde los colectivos investigadores apostilla que hasta 3.000 personas solicitaron la acreditación para la plaza de ayudante a doctor a la ANECA durante el plazo establecido, pero que, aproximadamente, unas 4.000 personas se verían afectadas por la “eliminación de esta figura así”.

En la reclamación ante el Defensor del Pueblo, consultada por El Salto, las asociaciones recuerdan unas declaraciones del Consejero de Universidad y expresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE), José Carlos Gómez, donde lamenta que la LOSU ha suscitado desde el inicio de su tramitación “mucha incertidumbre en el profesorado, al implantar un nuevo modelo de carrera académica y un régimen transitorio que genera muchas dudas y no garantiza los procesos de estabilización y de promoción”. “El diseño de la ley pone muchas piedras en el camino al respecto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y, en definitiva, no reconoce la labor investigadora ni la excelencia del profesorado” valora.

Unas plazas que estabilizan el trabajo investigador

Las plazas de ayudante a doctor tienen su relevancia en el sistema de investigación de las universidades españolas en que ayudan a estabilizar el trabajo. Son a tiempo completo y duran entre tres y cinco años, pero al acabarla, lo normal es que la Universidad convierta dicha plaza en otra de categoría de mayor rango. Al conseguir la de profesor titular, un investigador entraría al cuerpo de funcionarios. 

Al acabar la tesis doctoral, también está la posibilidad de pedir una ayuda postdoctoral. Con estas, uno puede irse fuera de España o a otro centro, pero “tienen una estabilización laboral más compleja que las de profesor a ayudante doctor”, indican desde FPU Investiga.