Universidad
Uno de cada cuatro docentes en las universidades públicas es asociado

Las universidades públicas “han superado los límites de lo que establece la ley en cuanto a las relaciones contractuales” y el análisis de los datos lleva a concluir que la figura de profesor asociado “está siendo utilizada de forma inadecuada, lo que conlleva ulna gradual precarización del cuerpo docente” de estas instituciones. Son dos de las conclusiones que comparte Alfonso Herranz, miembro del Observatori del Sistema Universitari (OSU) y coautor, junto a Vera Sacristán, del informe Profesorado asociado: ¿experiencia profesional o precarización?, presentado el 14 de julio. 

El informe se publica en un contexto en el que el futuro estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) está siendo debatido entre el Ministerio de Universidades y agentes sociales, algunos de los cuales ya han mostrado reticencias, como es el caso de CC OO, ante el borrador del nuevo texto. Entre los puntos que contempla el estatuto se encuentran cuestiones como las del personal asociado, un aspecto necesario de abordar teniendo en cuenta que, tal y como concluye el informe del OSU, el empleo de esta figura en las universidades españolas ha crecido progresivamente hasta llevar a que representen el 25% del total de Personal Docente e Investigador de las universidades públicas españolas, un porcentaje que, en cambio, varía entre autonomías y universidades e incluso ramas de conocimiento y departamentos universitarios. 

Temporalidad variable

Para entender la problemática del profesorado asociado universitario es necesario retroceder hasta 1983, momento en el que se aprueba la Ley de Reforma Universitaria, que contempla esta figura “claramente definida” del profesorado asociado “para incorporar especialistas a la universidad, con carácter temporal; profesionales que se incorporan para transmitir en la docencia las competencias asociadas a su ejercicio profesional”, tal y como explica Herranz. Es decir: la figura de profesorado asociado se crea para llevar a las aulas conocimientos prácticos del ejercicio de la profesión en la que se están formando los estudiantes.

La Ley de 1983, han explicado desde el OSU en la presentación del informe, establecía un límite “bastante riguroso” en su utilización, limitando el número de asociados en las universidades y definiendo las funciones. En 2001 llega la Ley de Universidades y “los contratos de asociados pasan a poder ser solo a tiempo parcial y se elimina el límite que establecía la ley de 1983 al cambiar las figuras docentes”, si bien en la modificación de este texto, en 2007, sí se indica que el personal temporal —entre los que se incluyen los asociados, pero no solo— no podría superar el 40% de la plantilla docente.

Catalunya se coloca a la cabeza de porcentaje de asociados sobre el total de personal docente e investigador al alcanzar en el curso 2018-2019 el 44,2%

A partir de ahí, igual que sucedió con el sistema de horquillas en su momento, cada autonomía pero también cada universidad actuó de una forma. En la actualidad, comunidades como Catalunya (44,2%), Navarra (41,2%), Illes Balears (35,6%) y País Valencià (34,2%) son las cuatro con mayor presencia de profesorado asociado sobre el total del cuerpo docente e investigador, mientras que en País Vasco suponen solo un 8,5% y en Extremadura, Andalucía y Galiza rondan los 13 de cada 100 docentes. La tendencia catalana se confirma en que, de las tres universidades donde más asociados conforman la plantilla, dos —Rovira i Virgili y Pompeu Fabra— son catalanes. La tercera es la Jaume I, en Castelló. 

Ciencias sociales y jurídicas es la rama de conocimiento con mayor porcentaje de asociados; en algunos departamentos, este tipo de relación contractual representó hasta el 80% del personal docente e investigador

Por ramas de conocimiento, es en Ciencias Sociales y Jurídicas, descubre el OSU, donde más se repiten este tipo de relaciones contractuales. De hecho, el 43% del profesorado asociado de las universidades públicas españolas se concentra según los últimos datos disponibles en departamentos de Ciencias Sociales y Jurídicas, y, añaden los autores en la presentación “en algunos de ellos, representó hasta el 80% del total del personal docente e investigador”. De igual forma, advierte el informe, en las privadas la situación se agrava y los porcentajes de profesores asociados son aún más elevados.

infrafinanciación universitaria, Precarización laboral

¿Y cómo se ha llegado a este punto? Para responder a esta pregunta, los investigadores se remiten a los límites establecidos por la llamada tasa de reposición que quedó limitada en las universidades con la llegada de la crisis económica y, además de hacer mención a la no obligatoriedad de acreditación de la ANECA para este tipo de contratos, inciden en la situación financiera de las universidades con la llegada de la crisis: la subida de tasas universitarias no sirvió para compensar la caída de la inversión de administraciones en estas instituciones, y se vio en la figura del asociado “una solución económica para cubrir sus necesidades docentes”.

Herranz opina que mientras la cuestión de la tasa de reposición y el problema de financiación no cambien, “va a ser difícil acabar con este proceso de precarización” de la universidad

De hecho, vaticina Herranz, mientras la cuestión de la tasa de reposición y el problema de financiación no cambien, “va a ser difícil acabar con este proceso de precarización” de la universidad. Un proceso al que, además, están más sometidos los jóvenes, ya que este tipo de contratos, reseñan los autores, se contemplan en muchas ocasiones como una “etapa temprana en la carrera académica”, lo cual está lejos del planteamiento inicial de la figura de asociado. 

En este punto, los autores también recuerdan que la hora de docencia impartida en un contrato de tiempo parcial es de un importe mucho más bajo que la de titulares o catedráticos, y que el hecho de que la actividad de los asociados no incluya dedicación a la investigación y deba ser compartida con otro ejercicio laboral —tanto por la propia regulación de la figura como por las necesidades económicas de las personas contratadas— redunda en dos cosas: una reducción de la actividad investigadora y por ende de la transferencia de conocimiento en las universidades y el empeoramiento del aprendizaje del estudiantado, además de “la puesta en peligro de la libertad académica del profesorado al aumentar su vulnerabilidad laboral”, entre otras consecuencias. 

Que la situación requiere una solución se percibía en las demandas que el profesorado asociado lleva tiempo realizando, y se corrobora en el análisis reciente del Observatori. Si el nuevo estatuto del personal docente e investigador que está preparando el Ministerio de Universidades puede ser una posible solución, opinan los investigadores, va a depender de algo más que de la voluntad política: “Sin un aumento de financiación, cualquier modificación legal va a tener pocos efectos sobre la composición del profesorado, porque si algunas universidades han recurrido de forma tan intensa a estas figuras es, en parte, porque tienen problemas de financiación”, reitera Herranz.