Urbanismo
La Universidade de Vigo construyó sin licencia un centro de investigación en una isla de las Rías Baixas

La Universidade de Vigo (UVigo) construyó sin licencia un centro de investigación en Toralla, una isla con un alto valor histórico y patrimonial, ocupada desde los años sesenta por las clases más adineradas de la comarca y ubicada en pleno centro neurálgico de las Rías Baixas. Se trata del CIM-Mesocosmos que, con un coste de medio millón de euros de dinero público, ha sido levantado sin título urbanístico habilitante y, además, en un suelo rústico de protección de costas de dominio público marítimo-terrestre.

Así lo ha confirmado a esta redacción el vicerrector de Planificación y Sostenibilidad de la universidad, José Cidrás: “Nosotros nos limitamos a avisar al Ayuntamiento de la obra que íbamos a hacer y entendimos que el silencio ya nos habilitaba para esas obras”. En cambio, ni el Ayuntamiento de Vigo, responsable de la legalidad urbanística en su término municipal, ni la Dirección General del Catastro tienen registrada esta construcción. No existe ni en el inventario inmueble del plan urbanístico de Vigo ni tampoco en el registro del Catastro pese a haber comenzado la licitación, como explican desde la UVigo, en 2017.

Preguntadas por la relevancia de este registro y confirmada su actualización constante, fuentes del Ministerio de Hacienda son claras al respecto: “Todo lo que no está registrado en el Catastro, con su correspondiente documentación urbanística, se encuentra en situación irregular”. A la pregunta sobre la ausencia de registro alguno de la construcción en la Dirección General del Catastro, los técnicos que asesoran al Vicerrectorado de Planificación y Sostenibilidad no parecen aclararse en conversación con El Salto: “Eso es un trámite administrativo muy menor, aquí lo relevante son las licencias”. Preguntadas las mismas fuentes por la existencias de esa licencia, la respuesta se contradice y cuestiona el trabajo de esta redacción: “No procede licencia en este tipo de actuaciones sobre dominio público. Es lo que entendimos y lo que hablamos con el Ayuntamiento (...) Vuestra batalla no debería ser contra la universidad”.

Más allá de la utilidad o no del centro de investigación en cuestión, que no es objeto de crítica en esta información, la Universidade de Vigo no ha remitido ninguna documentación que acredite la regularización de esta construcción. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, dirigida por Román Rodríguez (Partido Popular), se ha desvinculado por completo de la actuación urbanística: “Las universidades son entidades con autonomía jurídica propia. Tienen autonomía para contratar, decidir su gobierno, etc. Por tanto, la Consellería de Educación no tiene competencia en la materia a la que ustedes se refieren”.

El Ayuntamiento de Vigo, responsable de la emisión de licencias urbanísticas en la ciudad, ha preferido no contestar a ninguna de las preguntas hechas por El Salto. Algo que viene siendo habitual desde que este diario destapó la simulación pactada de un concurso millonario para la contratación de un concierto de una banda de rock y que hasta obligó al Colexio de Xornalista de Galicia a reprenderlo por bloquear el trabajo de los y las periodistas. Ni en qué situación legal se encuentra esta construcción ni si hubo o no comunicaciones con la Universidade de Vigo ni tampoco si conocía o no esta situación.

Cuando la Xunta de Feijóo construyó sin licencia en las Islas Cíes

No es ninguna novedad que una institución gallega construya sin licencia en un archipiélago. La hemeroteca reciente lo atestigua. Esta redacción reveló en la primavera de 2023 cómo la Xunta de Alberto Núñez Feijóo había construido y reformado sin licencia naves y chalets en las Islas Cíes, pertenecientes al Parque Nacional das Illas Atlánticas. Evidenciando un posible conflicto de intereses dentro del propio Gobierno gallego. 

La situación es paradójica ya que la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, está investigando unas presuntas ilegalidades en un Parque Nacional que también depende de la misma consellería. La falta de transparencia y la ausencia de documentos que acrediten la legalidad de las construcciones pone en duda la gestión de los fondos públicos utilizados para estas obras, que fueron justificadas en el marco del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, popularmente conocido entonces como Plan E.

La construcción más notable es la de dos naves en un terreno de uso agrario, que, a pesar de haberse realizado hace más de diez años, no están registradas en el en la Dirección General del Catastro ni en la relación de bienes inmuebles de la Xunta. A pesar de que la Consellería de Medio Ambiente afirmó que estas naves eran módulos de emergencia para la seguridad ciudadana, no ha podido proporcionar la documentación que respalde su construcción.

Además, se realizaron ampliaciones en al menos tres viviendas residenciales destinadas al personal del parque, cerca de la playa de Rodas, una de las áreas más protegidas de Galicia. Estas ampliaciones tampoco están debidamente registradas en el Ministerio de Hacienda y la Xunta tampoco ha podido argumentar su legalidad. Las obras se llevaron a cabo después de 2009, en la etapa en que Feijóo era presidente del Gobierno gallego. La irregularidad fue descubierta tras una reclamación anónima y la información se verificó mediante la Sede Electrónica del Catastro del Ministerio de Hacienda, donde se constató que las construcciones no están registradas correctamente.