Vacunas
Los beneficios de las vacunas de Moderna acaban en paraísos fiscales

Unos contratos filtrados y una investigación desvelan cómo la farmacéutica utiliza Suiza y Delaware para eludir el pago de impuestos.
montaje vacuna covid

@econocabreado.bsky.social

Coordinador de la sección de economía

13 jul 2021 14:04

Toda crisis es una oportunidad, dice el proverbio chino, y las farmacéuticas han aprovechado hasta la última gota de esta crisis para rentabilizarla, incluso la ingeniería fiscal. Según desvela una investigación realizada por la organización Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) y unos contratos filtrados, el fabricante de vacunas Moderna ha utilizado técnicas de elusión fiscal para trasladar sus beneficios a Suiza y al estado estadounidense de Delaware, conocido por sus laxas medidas fiscales para empresas.

El contrato filtrado muestra cómo los pagos a Moderna por parte de la Comisión Europea (CE) por las vacunas encargadas y posteriormente repartidas a los Estados miembro van a parar a una filial que la farmacéutica ha creado recientemente en Basilea, Suiza. El secreto bancario de Suiza imposibilita comprobar si la farmacéutica ha pagado impuestos en el país por el beneficio obtenido con las vacunas, así como el destino posterior de dichos beneficios.

El contrato filtrado muestra cómo los pagos a Moderna por parte de la Comisión Europea van a parar a una filial que la farmacéutica ha creado recientemente en Basilea, Suiza

Además de por su casi nula fiscalidad, el estado de Delaware también es el paraíso de las patentes. La hacienda pública del estado no grava los beneficios obtenidos de activos intangibles, como las patentes. Una técnica que es usada por muchas empresas en Europa mediante Países Bajos, que tiene una fiscalidad para activos intangibles muy parecida a la de Delaware.

Según apuntan desde SOMO, es altamente probable que la farmacéutica esté utilizando esas ventajas para derivar millones de euros de beneficios a Delaware a través del pago de cánones por el uso de las patentes de la propia vacuna por las filiales de Moderna.

“Como sociedad, pagamos tres veces”, afirma Vincent Kiezebrink, investigador de SOMO, que explica que “financiamos la investigación para el desarrollo de vacunas; pagamos precios inflados para comprar esas vacunas; y luego Moderna utiliza estructuras fiscales para evitar el impuesto de sociedades”.

La organización recuerda que la Unión Europea encargó a la empresa farmacéutica vacunas contra el coronavirus por valor de 10.300 millones de dólares y Estados Unidos encargó por valor de 7.500 millones de dólares. Además, se han encargado un total de 1.500 millones de dosis de la vacuna Moderna para 2021 y 2022, con 460 millones de dosis para la Unión Europea y 500 millones para Estados Unidos. Estos nuevos pedidos pueden conllevar un coste de 10.300 millones de dólares a Europa y otros 7.500 a los Estados Unidos. La organización ha calculado que el margen de beneficio de Moderna es del 44% por dosis, lo que les podría generar unos beneficios futuros de 8.000 millones solo en este año. A pesar de este elevado margen, la empresa ha indicado que espera aumentar los precios de las vacunas cuando termine la pandemia.

Dado que Delaware es un paraíso fiscal y una jurisdicción secreta, las cuentas anuales de ModernaTX Inc., la filial que controla las patentes, no están disponibles públicamente

Dado que Delaware es un paraíso fiscal y una jurisdicción secreta, las cuentas anuales de ModernaTX Inc., la filial que controla las patentes, no están disponibles públicamente, lo que hace imposible determinar la magnitud de los pagos de cánones que la filial de Moderna en Delaware ha recibido y recibirá de empresas de todo el mundo.

“La CE y los Estados miembro de la UE deben garantizar que no se realicen grandes pagos por vacunas contra el coronavirus a filiales con sede en paraísos fiscales en las que el socio contractual no tenga una presencia económica acorde”, afirman desde SOMO, que argumentan que la UE y sus Estados miembro deberían garantizar que las políticas de contratación pública se ajusten a sus esfuerzos por combatir la evasión fiscal.

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